El Salvador es el 12vo país en elegir la reforma constitucional para resolver un impasse político. Esto, por supuesto, es una estrategia de quienes gobiernan para ganar tiempo y para legitimar las opiniones políticas de mayorías circunstanciales. Pero luego de aprobadas y con el transcurrir del tiempo la incapacidad de los gobiernos de cualquier signo para satisfacer la demanda de los pueblos por bienes públicos de calidad, la nueva constitución pierde legitimidad y aumentan las presiones para iniciar nuevos ejercicios de reforma.
Así Latino América exhibe el dudoso récord mundial de productor líder de textos constitucionales. Los resultados no han podido ser peores en términos de desarrollo, si el islam radical no avanza, África va a derrotar a América Latina en materia de desarrollo. De hecho, ya la sobre pasó en atracción de inversión extranjera privada directa y en y en destreza digital.
Y en materia de estabilidad política el desastroso siglo XIX plagado de guerras civiles y por determinación de fronteras ha seguido un siglo XX plagado de dictaduras militares de corte autoritario y un siglo XXI donde florecen las dictaduras del siglo XXI cuya narrativa popular le ha permitido enseñorearse en casi toda Sur América con planes de quedarse para siempre.
Peor en algunos casos, como en Perú, el intento de casar el presidencialismo con el gobierno parlamentario ha fomentado la fragmentación y la inestabilidad. En naciones que cuyo sustento ha sido la extrema extracción de rentas como Bolivia, Nicaragua y Venezuela, gobernantes totalitarios se han apropiado del tesoro nacional para apropiarse del estado para siempre.
En El Salvador la reforma actual parece ir en la misma dirección tomada por otras naciones latinoamericanas. Se va a aprovechar una mayoría circunstancial cuyo apoyo más tiene que ver con una reacción contra las elites que han detentado el poder ancestralmente que con una comprensión cabal de las nuevas políticas públicas. En consecuencia, se adoptará un texto constitucional que lejos de ser una enumeración de principios republicanos será un reglamento de conducta para todo el país administrado por el estado.
Como resultado, será otra chaqueta de fuerza a la libertad individual, sin la cual no habrá república y mucho menos progreso. Seguirá el patrón de todas las constituciones latinoamericanas que carecen de flexibilidad para adaptarse al progreso social y cuando el cambio lleva a la economía y la sociedad a través de nuevas rutas, estas constituciones pierden su legitimidad.
Tampoco se podrán cumplir los preceptos allí consagrados porque la ausencia de libertad individual impide el desarrollo y sin él no hay progreso, solo hay crecimiento. Si América Latina desea tener constituciones duraderas, la región tiene que renunciar a la intervención estatal y al control social para permitir que el pueblo ejerza el autogobierno a través de un conjunto de principios que con el tiempo crearán y fortalecerán una república. La alternativa es continuar con el caos.
* La autora es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos.