Nicaragua consolida la represión: huyeron del país abogados defensores

La advertencia llegó por radio. El 11 de junio, el presentador de un programa de radio nicaragüense que recibe considerables fondos públicos señaló que el abogado Elton Ortega, que representaba a dos de los candidatos presidenciales opositores encarcelados recientemente, estaba en una lista de quienes defendían a críticos del gobierno. El presentador sostuvo que estos abogados defensores debían ser considerados “agente[s] extranjero[s]” por supuestamente recibir fondos del exterior.

Atemorizado por la posibilidad de ser detenido, Ortega desactivó su teléfono celular y huyó del país cruzando a pie la frontera hacia Costa Rica durante la noche. Su esposa e hijos también huyeron siguiendo la misma ruta clandestina. “Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida”, nos contó Ortega sobre su decisión de salir del país.

Para los críticos del gobierno y los abogados que los defienden en Nicaragua, sin embargo, ya no es inusual tener que tomar este tipo de decisiones. A medida que se aproximan las elecciones presidenciales, programadas para noviembre, el gobierno del Presidente Daniel Ortega (que no tiene vínculo alguno con Elton Ortega) ha ido intensificando el hostigamiento y la persecución penal contra opositores y críticos. En octubre pasado, la Asamblea Nacional aprobó una ley impulsada por el gobierno que exige que las personas y organizaciones que reciban fondos del extranjero se registren como “agentes extranjeros”. La ley prohíbe que quienes se inscriban como “agentes extranjeros” intervengan en “cuestiones, actividades o temas de política interna”. Esta fue la primera de una serie de leyes represivas adoptadas en los últimos meses.

Una serie de detenciones comenzó a fines de mayo, justo cuando el Presidente Ortega comenzaba el proceso para ser electo para un cuarto mandato consecutivo. Al 28 de julio, siete candidatos a la presidencia y al menos 20 críticos del gobierno habían sido detenidos arbitrariamente, incluidos varios ex jerarcas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al cual pertenece el Presidente Ortega, así como periodistas, estudiantes y líderes empresariales y campesinos.

Desde la brutal arremetida contra opositores de 2018, más de 108.000 nicaragüenses se han visto obligados a huir de su país. Dos terceras partes están buscando refugio en Costa Rica. Es muy probable que la gravedad de la represión por el gobierno de Ortega impulse a muchos otros a irse, lo cual acarreará consecuencias cada vez más significativas para la región.

Elton Ortega fue fiscal en Managua durante 15 años hasta el 2014, cuando comenzó a ejercer como abogado. Brindó asesoramiento legal a personas detenidas durante la feroz represión de las manifestaciones de 2018, y en los últimos meses representó a dos candidatos presidenciales: Arturo Cruz, exembajador ante Estados Unidos, y Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Cruz fue detenido el 5 de junio y Chamorro el 8 del mismo mes. A ambos se los acusó de “pedir intervenciones militares”, “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos” e “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”. En los dos casos, la policía citó una ley reciente que prohíbe a los denominados “traidores a la patria”, un término que se define de manera sumamente imprecisa, postularse para cargos públicos o ejercerlos.

A otros detenidos se los acusó de los mismos delitos, y casi todos han estado incomunicados en la cárcel de El Chipote, donde Human Rights Watch ha documentado anteriormente que detenidos fueron víctimas de maltrato, incluyendo torturas.

Elton Ortega fue uno de los dos únicos abogados que pudieron reunirse con clientes en El Chipote. No obstante, a Ortega se le prohibió estar presente en una audiencia en la cual se le informó a Cruz, su cliente, sobre los cargos en su contra. En esta audiencia, el tribunal extendió a 90 días su detención preventiva, aplicando otra reforma legal reciente impulsada por el régimen. El 9 de junio, Ortega y Cruz pudieron reunirse durante 15 minutos, pero lo hicieron en un clima tenso dado que eran fuertemente vigilados.

Ortega se encuentra actualmente en Miami, procurando obtener asilo en Estados Unidos. Varios abogados más han huido de Nicaragua, pero por temor a represalias no publicamos sus datos, y quienes se quedan en el país se exponen a sufrir amenazas. Por ejemplo, durante un interrogatorio en el Ministerio Público de Nicaragua el 8 de junio, un miembro de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco asesoró legalmente a Félix Maradiaga, académico y candidato a la presidencia por dicha coalición. Cuando ambos se estaban retirando, la policía detuvo con violencia a Maradiaga y amenazó con “ejecutar” a su acompañante.

Al intimidar a los abogados defensores y forzarlos a huir del país, las autoridades vulneran los derechos de los críticos a elegir a su representante legal y a un juicio con garantías de debido proceso. En muchas oportunidades, las autoridades les han impuesto un defensor público. La Defensoría Pública depende de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal en Nicaragua, un país donde la justicia se ha utilizado para perseguir a opositores.

La comunidad internacional está reaccionando frente a esta escalada represiva. El 2 de agosto, el Consejo de la Unión Europea impuso sanciones individuales, incluyendo el congelamiento de bienes y la prohibición de viajar, a 8 funcionarios del régimen responsables por graves violaciones a los derechos humanos y socavar el estado de derecho, incluida la Vicepresidente Rosario Murillo. El 12 de julio, Estados Unidos anunció restricciones a las visas de 100 ciudadanos nicaragüenses implicados en violaciones de derechos humanos y el debilitamiento de la democracia.

Desde 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado resoluciones anuales sobre Nicaragua. La actual Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, así como su antecesor en el cargo, han informado sobre el deterioro progresivo de la situación de los derechos humanos en el país. En junio, 59 países emitieron una declaración conjunta en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que reflejó las preocupaciones planteadas por la Alta Comisionada, “incluida la impunidad persistente por violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y las reiteradas denuncias de detención arbitraria” en Nicaragua.

Ahora es el turno del secretario general de la ONU António Guterres de redoblar el papel que puede jugar las Naciones Unidas. Si bien Guterres ha manifestado preocupación por las detenciones de candidatos presidenciales, el artículo 99 de la Carta de la ONU lo habilita a ir más allá, incluyendo a llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que, en su opinión, pueda “poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”. Sin dudas, la situación en Nicaragua reúne estos criterios, dadas las graves violaciones de derechos humanos cometidas y las consecuencias del impacto migratorio de esta crisis sobre la región.

A su vez, los miembros del Consejo de Seguridad deberían solicitar que Guterres y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos les informen sobre lo que ocurre en Nicaragua. Quienes se oponen a escalar la presión insistiendo que Nicaragua no es Siria, Myanmar o Venezuela, pierden de vista un elemento central: Actuar de manera concertada ahora es precisamente lo que podría evitar que se agudice la crisis en Nicaragua en el período previo a las elecciones presidenciales.

Es fundamental que Guterres y el Consejo de Seguridad apoyen los esfuerzos de la Alta Comisionada y del Consejo de Derechos Humanos para demostrarle al gobierno de Ortega que ellos también están observando atentamente lo que ocurre en el país. Sin presión internacional sostenida, es probable que el Presidente Ortega siga adoptando medidas represivas y socavando el Estado de derecho – que le permitirá, en última instancia, imponer elecciones que no serán en absoluto libres ni justas.

* La versión original en inglés de este artículo se publicó en The Dallas Morning News.

* Tamara Taraciuk Broner es subdirectora interina de la división de las Américas de Human Rights Watch y Paula Ini es asistente de investigación de la división de las Américas.