Por qué el populismo hace que los grandes y pequeños ahorristas de América Latina busquen un refugio para su dinero en otros países

Más allá de quien termine ganando la segunda vuelta electoral, y alzándose por tanto con la presidencia, lo concreto es que la demora en la determinación del ganador ha contribuido a crear una inestabilidad política como hace tiempo no se conocía en Perú.

¡Y eso que estamos hablando del país sudamericano que con mayor frecuencia cambia de presidente y de director técnico de su selección nacional de fútbol (al menos – en este último caso – hasta la llegada de Gareca)!

Recordamos, a modo de ejemplo, que ninguno de los últimos cuatro presidentes en ejercicio (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti) duró en su posición más de dos años y algunos meses, y que en los últimos 30 años muchos de los presidentes han sido acusados de corrupción y/o de crímenes de lesa humanidad (entre ellos, el mencionado Kuczynski, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García).

Lo relevante de todo esto, a los fines de esta columna, es que – como siempre sucede y como siempre sucederá – la inestabilidad política genera, tarde o temprano, inseguridad jurídica.

Esto no es algo novedoso, sino que por el contrario es de manual.

Lo vimos, por ejemplo, cuando Alemania de la segunda guerra comenzó a anexar territorios, lo vimos también luego de la aprobación del Brexit en el Reino Unido y lo seguiremos viendo cada vez que la gente perciba que un acontecimiento político determinado es lo suficientemente importante como para generar cambios en materia jurídica.

Desafortunadamente, en América Latina que se debate entre comunismo y libertad, lo vemos cada vez más. Basta con ver lo que sucede en países como Bolivia, Nicaragua o Venezuela, donde oponerse al oficialismo trae aparejado el riesgo de cárcel.

En este contexto es lógico que las personas (y más aún las empresas) domiciliadas allí estén nerviosas, independientemente de cuál sea su visión política sobre la problemática en cuestión y de cuán grande o pequeño sea su patrimonio.

En el caso de Perú, concretamente, los riesgos que la gente percibe tienen que ver con un aumento en los impuestos que actualmente pagan y un menor respeto por la propiedad privada en general.

¿Qué tiene que ver esto con las Jurisdicciones Offshore?

Mucho.

Hacíamos referencia en la introducción a la inseguridad jurídica que siguió, por ejemplo, a la ocupación alemana en Holanda.

No se trató de una referencia para nada casual.

Por entonces, era costumbre en Europa que una vez que el ejército alemán invadía y ocupaba un país procedía a nacionalizar sus principales empresas, especialmente aquellas activas en sectores estratégicos de la economía. La forma que varias empresas que tenían su casa matriz en Holanda encontraron para evitar jurídicamente que esto suceda fue trasladar sus sedes sociales a las Antillas Holandesas, unas islas ubicadas en el Caribe que pertenecían a la Corona holandesa.

Por más que haya gente necesitada de vincular el origen de los paraísos fiscales a millonarios tratando de evadir impuestos o criminales buscando dónde financiar sus actividades delictivas, este – y no otro – ha sido el origen de las primeras jurisdicciones offshore.

Se trataba de compañías que no tenían nada que ocultar y que simplemente buscaban escapar a la creciente inseguridad jurídica que reinaba allí donde estaba su casa matriz. No buscaban ocultarse de nadie ni buscaban ventajas impositivas. Uno de los casos más notables fue el de Shell, que trasladó su sede social a Curazao en 1940. ¿Y qué tiene que ver Alemania de la década del cuarenta con Perú (o América Latina) de 2021?

Sencillo: desde el día del balotaje se han multiplicado las notas en medios de prensa que hablan de un éxodo de familias de alto patrimonio.

Un par de correcciones al respecto:

-El éxodo comenzó antes y no afecta solo a Perú, sino también a países como Argentina, Bolivia, Chile y México.

-Los peruanos no solo están sacando dinero, sino que en muchos casos están analizando seriamente la posibilidad de mudarse a otro país.

-Esto no solo se ve a nivel de las familias de alto patrimonio, sino en aquellas de patrimonio medio y también bajo.

En el caso de las personas que buscan mudarse, lo hacen por lo general a países como Estados Unidos, España, Uruguay y Portugal.

Las que optan por proteger sus patrimonios, pero al mismo tiempo permanecer en sus países de origen, en general optan por incorporar estructuras fiduciarias en las famosas (e injustamente criticadas) jurisdicciones offshore.

En ese contexto, resulta interesante analizar -una vez más- sus usos más comunes y los aportes que hacen al mundo actual.

Comenzando por esto último, hay que decir que, si bien nuestra conocida postura a favor de los paraísos fiscales es minoritaria en estos días, no se trata de algo que sostengamos en soledad ni mucho menos.

De hecho, varios economistas de prestigio han resaltado efectos positivos relacionados con la mera existencia de los paraísos fiscales, entre los cuales se destacan los siguientes:

-Los centros offshore actúan como conductos para el comercio mundial, facilitando los flujos internacionales de capital, especialmente hacia los mercados emergentes.

-La existencia de estas jurisdicciones ha ayudado a que los impuestos en las jurisdicciones onshore no aumenten por encima de ciertos límites (de hecho, durante la última década muchos países desarrollados han bajado en forma substancial sus impuestos).

-El alto grado de competencia entre entidades financieras con base en estas jurisdicciones ha ayudado a aumentar la liquidez y a reducir los spreads de crédito y las tasas de interés en los países adyacentes a las mismas.

A estas ventajas hay que sumar el aumento del PBI en aquellas jurisdicciones que deciden ofrecer al mundo estos servicios y del empleo no solo en estos territorios sino inclusive fuera de ellos.

En tal sentido, un estudio independiente publicado recientemente ha establecido que las Islas Vírgenes Británicas – que es solo una de las muchas jurisdicciones offshore que existen – han sido utilizadas para canalizar inversiones a nivel mundial por USD 11,2 trillones, generando más de 2,2 millones de puesto de trabajo a nivel global e ingresos para los gobiernos del mundo por USD 15 billones por año.Sobre las críticas que normalmente reciben los paraísos fiscales, cabe observar lo siguiente:

-Pese a que se sostiene casi sin profundizar que las jurisdicciones offshore facilitan el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, la historia indica contundentemente que los mayores casos de financiamiento de actividades terroristas (tal cual sucedió por ejemplo con el atentado a las torres gemelas) parten de bancos onshore y que la mayor estafa de todos los tiempos, perpetrada por Bernie Madoff en 2008, fue planificada y ejecutada en los Estados Unidos.

-Otro aspecto muy criticado es que permiten el ocultamiento del verdadero dueño de los activos, ya sea a través de acciones al portador, la estructuración de trusts o directamente de prestanombres. Si bien con los sistemas de intercambio de información financiera que existen en la actualidad (básicamente FATCA y CRS) esto es virtualmente imposible, este “ocultamiento”, el mismo no es malo per se, porque mientras se trate de activos adquiridos en forma lícita y se paguen los impuestos a que hubiera lugar, no hay ninguna razón legal de peso que obliga a una persona a exteriorizar que activos le pertenecen. El derecho a la privacidad, derecho básico de todo ser humano y consagrado en casi todos los textos constitucionales del mundo, protege justamente esto.

-Se ha repetido también hasta el cansancio que los centros offshore favorecen la evasión fiscal cuando lo que en realidad sucede es que estas jurisdicciones funcionan como “plataformas neutras” en materia impositiva, es decir que no agregan un nuevo impuesto una vez que se ha pagado el impuesto que corresponde pagar donde se registraron las ganancias. En otras palabras, utilizar una sociedad offshore como holding para una actividad comercial determinada no genera un ahorro impositivo ni mucho menos, sino que una vez que se tributa en aquel país en el cual se desarrolla la actividad de que se trata no hay que tributar nuevamente en la jurisdicción offshore que se ha elegido utilizar.

En definitiva, y comenzando por lo obvio, no hay intrínsecamente nada malo en las sociedades offshore ni nada que las haga ilegales o las transforme en vehículos diseñados para cometer delitos. Dicho de otro modo, las sociedades offshore sirven exactamente para lo mismo que las demás sociedades incorporadas en cualquier país del mundo: para desarrollar actividades comerciales. Lo que sí es ilegal es usar sociedades – offshore u onshore – para cometer delitos.

En definitiva, si la tendencia hacia el populismo se mantiene en la región, el éxodo de personas, empresas y/o patrimonios a lugares con mayor libertad y seguridad jurídica se va a incrementar. En el caso de Perú, esta tendencia parece muy difícil de modificar en el corto plazo; como lo es también en varios de los países que hemos mencionado en esta columna como Argentina, Bolivia, Chile y México.