Venezuela: el “disparen a matar” en las zonas pobres

Ser joven, pobre y vivir en una zona popular es de alto riesgo en Venezuela. El 8 de enero del presente año en un operativo policial realizado en La Vega, Caracas, un sector de la ciudad de familias de bajos recursos, 23 personas fueron asesinadas. Ninguna autoridad se pronunció. Sus nombres no fueron dados a conocer. La prensa independiente y organizaciones de derechos humanos se encargaron de elaborar el lúgubre listado.

En 2020, un total de 2853 presuntas ejecuciones policiales realizaron policías y militares según una investigación realizada por el Centro de Investigación de los padres jesuitas “Gumilla” y la organización de derechos humanos Provea.

Cuando en marzo de 2021 la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas realizó su actualización oral indicó: “Hemos identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año e investigaremos las circunstancias en torno a estos casos”.

La alta letalidad policial también se traslada a las protestas ciudadanas. En el contexto de protestas, seis personas fueron asesinadas en 2020 al disparar las fuerzas del orden contra manifestantes que alzaban la voz contra el mal funcionamiento de los servicios públicos. Desde 2014, en el contexto de protestas, han sido asesinadas 277 personas, la mayoría de los casos no se han investigado y los responsables siguen libres.

El mes pasado se cumplieron 15 años del proceso denominado Reforma Policial iniciado por el gobierno de Hugo Chávez, en el cual se prometió un modelo policial respetuoso de los derechos humanos. Tres lustros después las policías violan más los derechos humanos, se incrementó la desconfianza de la población hacia los funcionarios y cada vez aparecen más involucrados en delitos comunes. Desafortunadamente la reforma resultó un fracaso.

Las policías no solo disparan a matar, sino que a su vez practican la tortura. 21 personas fallecieron en 2020 como consecuencia de las torturas recibidas por parte de policías o militares. El caso con mayor resonancia fue el del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, torturado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, un organismo responsable de la persecución política. Con múltiples fracturas en su cuerpo y numerosas descargas eléctricas, falleció el mismo día cuando se le trasladó al tribunal militar. El juez ordenó su traslado inmediato a un centro de salud, pero ya estaba sin signos vitales.

Tanto la Corte Penal Internacional como la Misión de Determinación de Hechos han establecido en sus informes que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Se espera en los próximos días un informe de la Fiscal de la Corte Penal donde por primera vez un jefe de gobierno en el Continente pudiera ser sujeto de investigación por crímenes donde pudiese estar involucrado.

Venezuela también sufre la creciente pobreza. En 2012 las alarmas se prendieron cuando el Instituto Nacional de Estadísticas indicó que en ese año la pobreza había crecido en seis puntos. Para ese momento ni siquiera se hablaba de posibilidad de sanciones económicas. Hoy la pobreza ronda el 80% en un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja.

El 1 de mayo el gobierno aumentó el salario mínimo mensual equivalente a menos de tres dólares. Tres dólares es el salario que recibe un trabajador en Venezuela y los pensionados para sobrevivir durante 30 días en un país donde según el Banco Central de Venezuela la inflación fue en 2020 de 2.959,8%.

No solo en Venezuela se mantienen las violaciones sistemáticas de derechos humanos, se perpetran crímenes de lesa humanidad, sino que lamentablemente crece la pobreza y miseria en millones de familias donde su día a día es de angustia para que en la mesa por lo menos se sirva un plato de comida. Muchos no lo logran.

*Marino Alvarado es Coordinador de Investigación de Provea, con 28 años de trayectoria como defensor de DDHH.

SEGUIR LEYENDO: