El consumo de mariguana ha sido criminalizado, pese a que esta hierba se ha utilizado por nuestros pueblos desde tiempos remotos y sus efectos pueden ser menos nocivos que el alcohol o el propio tabaco, que paradójicamente sí son legales.
La realidad de la prohibición la estamos viviendo y es una lucrativa industria que implica corrupción, crimen y muerte. Lo que se prohíbe de cualquier manera es consumido y vale recordar que la delincuencia es la manera tradicional de realizar ilícitos. La prohibición del alcohol a principios de siglo XX evidenció el rotundo fracaso del gobierno ante el hampa.
En la Ciudad se han hecho esfuerzos por acabar con el enfoque criminal de la mariguana. El Constituyente de la Ciudad estableció su uso medicinal y la Suprema Corte ha sentado jurisprudencia donde se reconoce el derecho de los consumidores a cultivar mariguana con fines de autoconsumo.
El mundo ha comenzado a deshacerse del prejuicio y en nuestro continente Uruguay y Canadá han apostado a regular el consumo, mientras en Estados Unidos algunas entidades federativas han seguido el mismo camino. En todos los casos podemos atestiguar sociedades que se aprecian más desarrolladas en términos democráticos.
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados tiene un inequívoco significado democrático. Se está materializando el cambio de la prohibición hacia el libre ejercicio del criterio y especialmente enfatizando acabar con la clandestinidad. No más narcotráfico, acabando con la lógica de apagar el fuego con leña.
La prohibición y su criminalización han tenido como consecuencias que jóvenes, especialmente urbano-marginales, son llevados a prisión por su portación. El tráfico del estupefaciente va acompañado del comercio ilegal de armas y su combate a través de las fuerzas armadas ha llevado a sacrificar millones de vidas inocentes enroladas principalmente por la necesidad.
El negocio de la mariguana está en la existencia de un mercado negro derivado de su “prohibición” y millones de vidas se han perdido para sostener esta lucrativa industria. Es nuestra vecindad con Estados Unidos lo que ha hecho atractiva esta actividad por ser un gran demandante de droga y un insaciable productor de armamento.
Esperamos que sea superada la hipocresía y la doble moral de los conservadores que suelen apelar a la salud de nuestros hijos, al tiempo que aparecen en la lista de de las personas investigadas por nexos con el crimen como Genaro García Luna. Solo falta que el Senado apruebe esta reforma para que la cannabis sea una sustancia más bajo el control del Estado, sujeta al ejercicio del libre criterio de las personas, con la información, educación, así como la cultura sobre los efectos y consecuencias de su uso en la salud y en el ámbito social.
*Ricardo Ruiz Suárez es diputado de la Ciudad de México por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha sido catedrático e investigador del Departamento de Derecho de la UAM-Azcapotzalco.
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