Hay otra vía: Biden debe apoyar la democracia en Cuba, más allá de las políticas de Obama y Trump

En los últimos dos meses, han ocurrido más de 250 protestas en las calles de Cuba. El régimen ya no puede esconder la demanda de cambio democrático que nace de ciudadanía. Ahora, el presidente Biden tiene la oportunidad de ponerse de parte del pueblo cubano y ayudarlo a lograr ese cambio, para bien.

El régimen continúa negando las libertades básicas, incluido el derecho a controlar la propiedad y el trabajo propio o, incluso, a recibir ayuda humanitaria internacional. Cuando el año pasado enviamos toneladas de alimentos y medicinas, donadas por cubanos en Estados Unidos directamente a los ciudadanos y a la sociedad civil para su distribución inmediata en medio de la crisis del covid-19, toda la carga fue robada por el gobierno al llegar a puerto en la Isla. Las autoridades persiguen a los más vulnerables e imponen restricciones a los cuentapropistas. La represión creciente contra la población es la vía que le queda al régimen para mantener el control. Sin embargo, cada vez son más los cubanos que expresan su necesidad —y deseo— de libertad.

El régimen de La Habana y sus aliados sostienen una agresiva campaña para que la nueva administración comience concesiones unilaterales que solo beneficiarían a la dictadura. Sin embargo, estos grupos de influencia no representan los mejores intereses de nuestro pueblo. Buscan imponer una falsa encrucijada entre la política de la administración Obama y la de la administración Trump. En cambio, Biden debería escuchar las demandas del pueblo cubano que vive en la Isla y en el exilio, gran parte en los Estados Unidos. El presidente Biden puede emprender su propio camino, construyendo sobre las experiencias y herramientas adquiridas de las administraciones anteriores y que servirían a ambas naciones.

Estados Unidos debe apoyar el derecho del pueblo cubano a vivir en democracia y a realizar elecciones libres, justas y plurales. La nueva administración debe reconocer a los miembros de la oposición y de la sociedad civil en Cuba y en la diáspora como interlocutores válidos. Ni el Presidente y ni el Congreso deben iniciar concesiones unilaterales, sino pedir a Cuba que dé pasos irreversibles hacia el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales. Estas condiciones previas deben incluir: la liberación incondicional de todos los presos políticos; el fin de la represión; el respeto en la ley y en la práctica a la libertad de expresión, de manifestación pública, de asociación—incluidos los partidos políticos independientes—, y la libertad económica.

La Administración Biden puede promover la ayuda humanitaria del pueblo estadounidense directamente a los ciudadanos cubanos y a la sociedad civil, evitando cualquier tipo de intervención o beneficio para el régimen y su cúpula militar, que es quien se queda con todas las ganancias y todas las divisas que entran a Isla hoy en día. El presidente Biden debe sancionar política, financiera y diplomáticamente a los individuos responsables y cómplices de abusos graves y de las políticas de violación de derechos humanos en Cuba; debe considerar el uso de la Ley Global Magnitsky.

Mi padre, Oswaldo Payá, fue un líder de la oposición cubana con una trayectoria y una voz muy respetada en la comunidad internacional. Su vida fue arrebatada por agentes de la seguridad del estado (G2) de Cuba el 22 de julio del 2012. En respuesta al atentado, el entonces senador John Kerry pidió “una investigación imparcial e independiente sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Oswaldo Payá”. Hasta el día de hoy, las autoridades cubanas se han negado a permitirla, demostrando así, una vez más, la impunidad que disfruta el régimen. Lamentablemente, nuestro hemisferio ha pagado un alto precio por permitir décadas de esa impunidad a la dictadura cubana.

El castrismo mantiene una gran operación de desestabilización de la democracia en América Latina, con consecuencias graves para la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde La Habana, continúan apuntalando el régimen de Nicolás Maduro, con devastadoras repercusiones para el pueblo venezolano, que, al igual que los cubanos, huyen de la represión y la crisis económica para buscar refugio en Estados Unidos. Así pues, el cambio de sistema hacia la democracia en Cuba es esencial para la paz y la estabilidad en todo el hemisferio occidental y es también la forma de evitar que la dictadura genere otro éxodo masivo.

En consecuencia, Biden debería denunciar el carácter injerencista y las actividades ilícitas del régimen, incluida la trata de personas a través de la explotación de las “misiones médicas” en el exterior. La nueva administración debe procurar abrir procesos judiciales a los representantes de la dictadura involucrados en delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo. El presidente Biden debe invitar a otras naciones de nuestro hemisferio a tomar medidas similares. Asimismo, debe promover la participación de los grupos de la sociedad civil independiente cubana en la Cumbre de las Américas a realizarse en los Estados Unidos, y vetar la participación del régimen cubano hasta que cumpla con los artículos de la Carta Democrática Interamericana.

Todos los cubanos soñamos con un país sin la actual intolerancia ideológica, apartheid político y exclusión económica. Muchos estamos trabajando para hacer realidad ese sueño a través de la iniciativa Cuba Decide por el cambio de sistema hacia la democracia. Es un plataforma nacional e internacional que busca empoderar a los ciudadanos y presionar al régimen para que se sometan a la voluntad soberana del pueblo dando paso al cambio. Promovemos la realización de un plebiscito vinculante con estrictas precondiciones democráticas. Impulsamos un enfoque no partidista en la solidaridad y las políticas de la comunidad internacional hacia Cuba.

Hace años, mi padre dijo que la amistad entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba “es inseparable de su vocación de libertad. Queremos ser Libres y Amigos”.

El presidente Biden puede hacer lo que los presidentes anteriores no hicieron y lograr ambos objetivos.

* Rosa María Payá es directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana.