Sin competencia real, el gobierno kazajo afianza su omnipresencia

No hubo ni podía haber sorpresas en las elecciones legislativas en Kazajistán, aunque el país centroasiático celebrara sus primeros comicios tras la renuncia del presidente Nursultán Nazarbáyev en 2019. El pasado domingo 10 de enero, el partido gobernante Nur Otan, fundado por Nazarbáyev, obtuvo algo más del 71% de los votos, con oficialmente alrededor del 63% de participación en un contexto de votación no obligatoria. Tampoco hubo mayores cambios en el Parlamento: el autoproclamado liberal Ak Zhol, con casi 11%, y el Partido Popular (antes Partido Comunista Popular), con el 9%, se mantuvieron como los únicos dos partidos por fuera del gobierno con bancas. Pero poco importan estas dos agrupaciones, tampoco son relevantes los otros dos partidos supuestamente opositores. En la práctica, todos las fuerzas son pro gobierno y no hay espacio para la disidencia.

Un gobierno tan fuerte y omnipresente como el de Nur Otan no temía ninguna sorpresa en las urnas, pero sí existía la posibilidad de que estallaran protestas, considerando los antecedentes de 2020 en Bielorrusia y en la vecina Kirguistán. Las débiles manifestaciones convocadas en contra del régimen terminaron con represión y fueron detenidas al menos 70 personas en Almaty, la mayor ciudad del país.

Nazarbáyev gobernó desde 1984, primero como Primer Ministro de la República Socialista Soviética de Kazajistán, luego como Presidente del Consejo Supremo y, con la disolución de la Unión Soviética, se convirtió en presidente. Desde 1990 y hasta su renuncia se presentó a 6 elecciones virtualmente sin oposición. Su peor resultado fue en 1999, cuando obtuvo 81%, mientras que en los comicios restantes superó el 90% de los votos. Además impulsó cambios constitucionales para, primero, extender su mandato y, luego, poder presentarse a elecciones cuantas veces quisiera. En 1999 fundó Nur Otan, un enorme frente nacionalista que aún gira a su alrededor. Como si esto no bastara para impulsar su figura como líder nacional, refundó la pequeña ciudad de Akmola, la renombró Astaná (“Ciudad Capital”) y trasladó allí la sede del gobierno. Tras su sorpresiva renuncia a la presidencia en 2019, la capital pasó a llamarse Nur Sultán, en honor a Nazarbáyev. Así de fuerte y omnipresente es su figura. Tanto que, aun habiendo dimitido con el argumento de dar paso “a una nueva generación de líderes”, permanece como Presidente del Consejo de Seguridad Nacional y como líder de facto a los 80 años.

Quizás aquel 2019 hubiera sido una oportunidad para emprender un cambio en la política kazaja, para que la sociedad civil se movilizara y terminara con un Estado cooptado por Nazarbáyev, en donde la antigua élite del comunismo soviético aún domina la política y la actividad económica. Pero no sucedió. Kasim-Yomart Tokayev, delfín del expresidente, ganó las elecciones anticipadas de 2019 con más del 70% y todo siguió como hasta entonces.

Yevgeniy Zhovtis es director de la Oficina Internacional de Derechos Humanos y Estado de Derecho de Kazajistán (KIBHR) y dice que “no hay ningún partido político de oposición participando en estas ‘elecciones’. A mediados de la década del 90 había alrededor del 30% de los miembros del Parlamento de la oposición, pero ahora no hay ninguno”. Explica también que es prácticamente imposible registrar un partido político, “ya que los organizadores tienen que convocar a al menos 1000 personas para la conferencia de fundación y tienen que representar a la mayoría de las regiones del país. Luego el comité organizador tiene que reunir en 6 meses no menos de 20 mil firmas”. Muchas agrupaciones políticas ni siquiera logran registrarse legalmente. “El Partido Demócrata no pudo reunirse ya que sus delegados de las regiones fueron arrestados, intimidados y no se les permitió viajar a Almaty (la antigua capital), donde se suponía que tendría lugar la conferencia de fundación”, dice Zhovtis. Otras agrupaciones políticas, como Opción Democrática para Kazajistán y el Partido Koshe, han sido proscriptas y sus miembros han convocado a protestas y a boicotear los comicios del pasado domingo. El único partido opositor registrado legalmente, el Partido Socialdemócrata Nacional (OSDP), no participó. Asjat Rajimzhanov, su líder, dijo en noviembre: “no participar es una decisión realmente difícil. Pero estoy seguro de que con el tiempo la historia mostrará que nuestra decisión fue correcta. Creo que todos verán que el parlamento no será elegido, sino que solo será designado”. Y llamó a los miembros del partido a “ignorar cualquier elección en el país”.

En su informe posterior a las elecciones del 10 de enero, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) señaló que hubo una campaña no competitiva y “limitaciones sistémicas de facto a las libertades fundamentales garantizadas constitucionalmente”. El mismo documento agrega que “el panorama político está fuertemente dominado por el partido gobernante, y la distinción entre partido y gobierno es a menudo borrosa. Como todos los partidos políticos que participaron en las elecciones apoyaron las políticas del partido gobernante, la campaña no fue competitiva y los votantes no tuvieron alternativas políticas genuinas para elegir”.

Zhovtis señala que no hay medios de comunicación independientes y que las organizaciones de la sociedad civil, en particular los grupos de derechos humanos, están bajo la estrecha vigilancia de las autoridades policiales y ejecutivas. “No hay sociedad civil, sino una sociedad gobernada por el Estado, donde las autoridades utilizan las fuerzas del orden, las organizaciones estatales y varias alianzas patrocinadas por el Estado para controlar la iniciativa pública. La relación entre el gobierno y el pueblo se basa en la sumisión y la elección limitada, como en la Unión Soviética”, dice.

Las elecciones legislativas demostraron que hay una fuerte represión a todo tipo de disidencia y que la élite gobernante no piensa ceder espacio, por más que asuma un nuevo presidente, como sucedió en 2019. Aún las disputas de poder al interior de Nur Otan (que ocurren en el marco de una inevitable pero lenta transición) no se traducen en cambios ni en mejoras significativas en cuanto al respeto a los derechos humanos. Por otro lado, más allá de las restricciones impuestas por el régimen, el escenario kazajo es también el reflejo de una sociedad civil aún dormida, desorganizada, que no ve una salida a través del fortalecimiento de organizaciones políticas alternativas. Situaciones similares en otras latitudes prueban que difícilmente haya posibilidades de transformación sin una presión social constante y decidida. Y eso, por ahora, no ocurre.

Ignacio E. Hutin es periodista y consejero consultivo de www.cadal.org