El rol de las embajadas extranjeras ante la criminalización de las libertades en Cuba

Un nuevo episodio de represión se vive en Cuba luego de la detención arbitraria, juicio sumario y encarcelamiento del rapero Denis Solís, que derivó en una huelga de hambre por parte de integrantes del colectivo cultural denominado Movimiento San Isidro (MSI). A la sede de este último, que funciona en la casa del artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, en el barrio San Isidro de La Habana Vieja y donde se encontraban los huelguistas, se impidió el ingreso de una religiosa y diplomáticos. Posteriormente, el pasado viernes 27 fue asaltada la sede del MSI por fuerzas de la Seguridad del Estado cubano, lo cual derivó en una protesta inédita de más de un centenar de personas frente al Ministerio de Cultura que llevó a sus autoridades a recibir a 32 referentes de la cultura independiente para iniciar un diálogo. Contrario a lo comprometido, el gobierno cubano continuó con el hostigamiento a voces disidentes, bloqueó el acceso a redes sociales y estaba deteniendo a jóvenes que intentaron asistir a una protesta este domingo 29 en la zona del Capitolio.

La criminalización de las libertades fundamentales en Cuba es el resultado de la inmovilidad política que mantiene un régimen de partido único, desde 2019 con rango constitucional, y que considera delitos al ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación pacífica. Fidel Castro solía decir “si perdemos la calle, perdemos el poder”, por lo tanto la dictadura cubana cuenta con un implacable aparato de represión estatal preparado para impedir la manifestación pacífica.

No es que en Cuba nadie proteste, como livianamente se afirma. Es que se les impide protestar disponiendo de un régimen policíaco de control total sobre la población, imponiendo duras penas y sanciones que alcanza al entorno familiar. A esto hay que agregarle que la mayoría de quienes ejercen y defienden el derecho a la protesta social en países democráticos de América Latina simpatizan con el gobierno que reprime impunemente a quienes intentan ejercer el mismo derecho en Cuba. Por lo tanto, la solidaridad internacional en favor de la apertura política en Cuba y el avergonzamiento de la dictadura es la excepción y no la regla, por lo cual el rol de las embajadas extranjeras es clave, como único medio de protección y respaldo moral hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Al respecto, es importante recordar que varios países democráticos realizaron observaciones y recomendaciones a Cuba durante su tercer examen periódico universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se realizó en Ginebra el 16 de mayo de 2018. Cuba rechazó todas esas recomendaciones, en un claro gesto de no asumir compromisos concretos con el sistema universal de derechos humanos. Sin embargo, el pasado 13 de octubre Cuba fue electa para integrar por quinta vez el Consejo de Derechos Humanos de la ONU gracias al voto de 170 países, lo cual los convierte en cómplices de las violaciones a los derechos humanos y el inmovilismo político del régimen de partido único. Lo lamentable es que la mayoría de los países que en 2018 se expresaron en Ginebra condenando el hostigamiento político a los opositores y las detenciones arbitrarias, y que reclamaron por el respeto a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica no actúan en consecuencia a través de sus embajadas en La Habana. Es decir, no mantienen vínculos con activistas de derechos humanos y periodistas independientes, y en los casos de embajadas que ofrecen oportunidades de cooperación económica internacional los excluyen de las mismas y las limitan a las organizaciones oficialistas. En definitiva, les extienden la criminalización que el gobierno no democrático de Cuba les impone.

Por ejemplo, ese 16 de mayo de 2018 Alemania condenó las represalias de Cuba contra los defensores de derechos humanos y le recomendó a Cuba revisar todas las prohibiciones legales que restringen indebidamente el acceso a la libertad de expresión, a la libertad de reunión pacífica y asociación, para armonizarlas con las leyes y estándares internacionales; y también suspender inmediatamente la detención, encarcelamiento y hostigamiento arbitrarios a los activistas que ejercitan pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Noruega le manifestó a Cuba que le seguía preocupando la falta de libertad de expresión, reunión y asociación en Cuba y le recomendó que desarrolle e implemente leyes, políticas y mecanismos específicos que reconozcan y protejan el trabajo de la sociedad civil, de los defensores de derechos humanos y de los periodistas.

El Reino Unido manifestó preocupación sobre los informes de los defensores de derechos humanos que no habían podido viajar a Ginebra para el EPU y le recomendó a Cuba suspender las medidas que restringen la libertad de expresión y reunión, incluyendo las detenciones de corto plazo y que considere cómo promover los derechos humanos es compatible con el principio de unidad nacional.

Bélgica solicitó mejorar el clima de la libertad de expresión tomando medidas para desarrollar los medios independientes y pluralistas, y reconocer públicamente el papel y el trabajo de los miembros de la sociedad civil y de tomar las medidas necesarias para garantizar que los defensores de los derechos humanos y los miembros de las organizaciones de la sociedad civil puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación pacifica conforme a las obligaciones internacionales de Cuba.

Canadá le recomendó a Cuba que adopte legislación que ofrezca un estatus legal para las ONGs y para los periodistas independientes, y que elimine inmediatamente el hostigamiento y la intimidación de activistas, incluyendo las detenciones de corto plazo y preventivas, así como el arresto domiciliario.

Eslovaquia manifestó preocupación por los informes constantes sobre graves violaciones a las libertades fundamentales y al derecho de participar en la vida pública y política del país, particularmente por las detenciones basadas en acusaciones por motivos políticos, las acusaciones de violaciones a los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación pacíficas son un tema de preocupación, por lo cual le recomendó a Cuba que libere a todos aquellos que hayan sido arrestados con acusaciones de índole política, y que respete los derechos de todas las personas a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.

Por su parte, Francia le recomendó a Cuba garantizar la libertad de expresión, de manifestación y de reunión, y poner fin al hostigamiento, la intimidación, a las persecuciones y a la detención arbitraria de los defensores de los derechos humanos, de los periodistas y de los opositores.

En el caso de Italia, pidió a Cuba garantizar la libertad de opinión y expresión tanto en Internet como fuera de línea, incluyendo las opiniones políticas discrepantes y salvaguardar las actividades de los defensores de derechos humanos y periodistas.

España le recomendó a Cuba establecer medidas que garanticen la libertad de asociación, la libertad de expresión y la de prensa; y Suiza tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la libertad de reunión pacifica y de asociación conformemente al derecho internacional, especialmente a los derechos humanos.

Austria manifestó preocupación por los informes sobre medidas represivas, intimidación y detención arbitraria de periodistas y defensores de derechos humanos, recomendando a Cuba armonizar el marco sobre la libertad de asociación y reunión con las normas y estándares internacionales.

La del Brasil fue la intervención más destacada de un país latinoamericano ese octubre de 2018, recomendándole a Cuba adoptar medidas concretas con miras a eliminar restricciones al derecho de asociación y a la libertad de expresión que estén en desacuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, y le solicitó también abstenerse de todas las formas de hostigamiento, intimidación y represión en contra de activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas.

Chile manifestó preocupación por las restricciones al derecho del trabajo de opositores políticos, activistas de derechos humanos y miembros de las organizaciones de la sociedad civil, por lo cual le recomendó a Cuba tomar las medidas necesarias para asegurar el derecho de todas las personas a la libertad de expresión, libertad de reunión y asociación pacífica.

Entre los países que mantienen una coherencia entre lo que le recomendaron a Cuba en Ginebra y el accionar de sus embajadas en La Habana se encuentran Holanda, República Checa, Suecia y Estados Unidos. Holanda instó a Cuba a que proteja a todas las personas que son objeto de intimidación y violencia, y le recomendó tomar medidas para poner fin a las detenciones arbitrarias asegurando que las personas arrestadas tengan acceso inmediato a un abogado defensor y que pueda comparecer ante un juez independiente en una audiencia de inmediato. La República Checa lamentó que a algunos representantes de organizaciones de derechos humanos se les impidió participar en la pre-sesión del EPU, así como a la sesión del diálogo interactivo y le recomendó a Cuba implementar salvaguardas jurídicas para proteger a la sociedad civil y a los trabajadores de medios de comunicación contra el abuso de las disposiciones de persecución criminal. Suecia le planteó a Cuba que revise las disposiciones legales que restringen los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación y las ponga en consonancia con las obligaciones en materia de derechos humanos internacionales de Cuba. Y Estados Unidos le recomendó a Cuba suspender la práctica de detener arbitrariamente a periodistas, miembros de la oposición y defensores de derechos humanos, y liberar a aquellos individuos que han sido detenidos y encarcelados arbitrariamente por reunirse pacíficamente, por investigar y reportar sobre la actividad del gobierno o por expresar disenso político.

Tanto los Ministros de Relaciones Exteriores de Holanda y de República Checa se expresaron recientemente por la situación de acoso al Movimiento San Isidro y en defensa de la libertad de expresión, al igual que el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Otros países, como Australia, Nueva Zelandia, Irlanda, Finlandia y Croacia también le formularon en 2018 recomendaciones a Cuba en la misma línea que las anteriores, pero no cuentan con embajada en La Habana.

Ahora, si bien el gobierno cubano alega el principio de no intervención en sus asuntos internos, pretendiendo entre otras cosas limitar la labor humanitaria de las embajadas extranjeras, es Cuba que debe adaptarse a las prácticas internacionales y no los países democráticos. Es decir, las embajadas en países como la Argentina, además de los contactos con autoridades, mantienen intercambios con referentes de la sociedad civil, periodistas y políticos opositores. Por ejemplo, CADAL, fundación privada y a-partidaria creada en 2003 con la misión de promover los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, organiza eventos a los cuales asisten representantes de alrededor de veinte embajadas en Buenos Aires, las cuales a su vez invitan a las recepciones de sus fiestas nacionales y a reuniones con autoridades de sus países que visitan la Argentina. La mayoría de estas embajadas en la Argentina no tienen un trato similar con los colegas de CADAL en Cuba.

A su vez, las embajadas de Cuba, por ejemplo en Alemania, Chile y Uruguay, organizan encuentros con opositores a los gobiernos de Angela Merkel, Sebastián Piñera y Luis Lacalle Pou, haciéndolos públicos en sus sitios web. Por lo tanto, les asiste a estos tres y otros tantos países implementar con Cuba el principio de reciprocidad en las relaciones con los opositores políticos del régimen del partido comunista.

Pero además, existe la Declaración Universal sobre la Democracia, firmada por Cuba, en cuyo artículo 27 se expresa: “Una democracia debe defender los principios democráticos en las relaciones internacionales. En ese sentido, las democracias deben abstenerse de toda conducta no democrática, expresar su solidaridad con los gobiernos democráticos y los actores no estatales, como son las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la democracia y los derechos humanos, y extender su solidaridad a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos en manos de regímenes no democráticos”.

En momentos que crece la represión en Cuba se hace fundamental que las trece embajadas en La Habana, cuyos países hicieron serios señalamientos a Cuba en su último examen en Ginebra, adopten una postura en consecuencia y se sumen a los cuatro países que realizan una labor coherente en la defensa de los derechos humanos, cuyo respeto universal está por encima de la soberanía estatal y el despotismo de las dictaduras.

La diplomacia comprometida con los derechos humanos puede y debe jugar un rol fundamental de solidaridad activa en países gobernados por una dictadura, como es el caso de Cuba, brindando apoyo moral, protección y reconocimiento a sus referentes democráticos.

*Gabriel C. Salvia es Director General de www.cadal.org