Condenar las violaciones de DDHH no es cuestión de ideología, sino de principios

El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM, por sus siglas en inglés) que narra decenas de violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro y sus funcionarios ha recorrido el hemisferio, marcando un antes y un después en la historia de Venezuela y en la búsqueda de justicia; así como lo han hecho también los informes y actualizaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) que visibilizan y verifican las denuncias de más de 2000 ejecuciones extrajudiciales en lo que va de 2020, abuso de poder, presencia de grupos irregulares en el territorio nacional y violencia y ecocidio en el Arco Minero del Orinoco, entre muchas otras tragedias.

Apenas la semana pasada, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 59 países patrocinaron una resolución que dio prórroga al mandato de la Misión y de la OACNUDH por dos años más para investigar la situación en Venezuela. La resolución A/HRC/45/L.43 fue aprobada con 22 votos a favor, incluyendo el voto de la República Argentina, cuyo embajador, Sr. Federico Villegas en su explicación de voto afirmó ciertamente: “Entendemos que los derechos fundamentales de todos los venezolanos deben prevalecer por sobre otras consideraciones”.

Me permito hacer énfasis en el voto de la Argentina porque son reconocidas nuestras diferencias políticas e ideológicas; no obstante, creo que su apoyo, el apoyo de otros 21 Estados miembro del Consejo y de 59 países patrocinantes nos permite enviar un mensaje claro de la cohesión de la comunidad internacional y la comprensión del mundo acerca de lo que ocurre en Venezuela. Es, además, el reconocimiento a las víctimas, a los familiares a cientos de activistas de la sociedad civil que se han arriesgado, y que aun estando a merced del régimen han decidido hablar, narrar y compartir su dolor para buscar respuestas, para exigir una investigación más profunda, que se determinen la responsabilidades y que se haga justicia.

Hace un año, eran muchos más los países que decidían abstenerse que hacer frente y sentar posición en ese mismo Consejo de Derechos Humanos; hoy no son pocas las delegaciones que han entendido que tomar posiciones neutrales en un conflicto de esta envergadura tiene un costo que se contabiliza en ejecuciones, desapariciones, torturas, en vidas.

Las dictaduras no son mejores por ser de derecha o peores por ser de izquierda, ni viceversa, las dictaduras son dictaduras, sin apellidos, y lo mismo sucede con los tratos crueles e inhumanos, los asesinatos, las violaciones. Todos deben ser condenados sin importar qué tendencia ideológica ha de tener el brazo ejecutor. Los países latinoamericanos hemos tenido vasta experiencia en el siglo pasado sobre esto.

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y están guardados en la memoria de millones de venezolanos. Es por ello que la resolución aprobada ha sido también un reconocimiento de la diplomacia al trabajo tenaz, consistente y permanente de la sociedad civil venezolana, de las organizaciones de derechos humanos y de todo un país resiliente y resistente que no se rinde.

La postura del gobierno de Alberto Fernández y del canciller Felipe Solá, son en este momento dignos de reconocimiento: sus acciones han reafirmado que en el mundo la defensa y la lucha por los derechos humanos debe trascender cualquier grieta política; y su voto en el Consejo de Derechos Humanos el pasado 6 de octubre fue un reconocimiento realmente importante por parte de Argentina a las víctimas y a todas las personas que han sufrido de violaciones a sus derechos en nuestro país y un llamado claro a buscar una solución democrática, justa y creíble a la crisis que vive Venezuela.

La lucha de los venezolanos en contra de un régimen que viola derechos humanos, que usa las instituciones, que tiene a su mando civiles armados y que tiene el abuso, la tortura, la ejecución y la desaparición como herramientas coercitivas contra la disidencia política, militar y social debe ser apoyada por la comunidad internacional. Esta es una nueva oportunidad para el mundo de hacer la presión que necesita Venezuela para un cambio y para lograr la rendición de cuentas de los violadores de derechos humanos.

Se trata de dar un paso más en la dirección correcta, de demostrar que las víctimas han tenido la razón en sus denuncias y han sido escuchadas y que la relatoría de los hechos vale la pena en el camino hacia la justicia. No es una cuestión de ideologías, es una cuestión de principios.

El autor es comisionado para la Organización de las Naciones Unidas del Gobierno Interino de la República Bolivariana de Venezuela