América Latina debe condenar la barbarie en Filipinas

En julio de 2019, varios países latinoamericanos prestaron un respaldo crucial a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que condenó los miles de asesinatos y otras violaciones generalizadas de derechos humanos en el marco de la feroz “guerra contra las drogas” que libra el Presidente Rodrigo Duterte en Filipinas. Los gobiernos latinoamericanos que votaron a favor de la medida e hicieron posible su aprobación fueron Argentina, México, Perú y Uruguay. Lamentablemente, Brasil y Chile se abstuvieron. Ningún país latinoamericano votó en contra de la resolución, salvo Cuba.

La aprobación de la resolución, patrocinada por Islandia, le dio visibilidad a la grave situación de derechos humanos en Filipinas, que continúa deteriorándose dramáticamente. Gracias a la resolución, la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, publicó un informe en junio de este año en el cual concluyó que los asesinatos en Filipinas tenían un carácter “generalizado y sistemático”. Según señala el informe, al menos 8.663 personas han sido asesinadas desde que Duterte asumió el poder en julio de 2016 como parte de su campaña letal contra las drogas. Otras fuentes calculan que la cifra es tres veces mayor. Además, según información creíble, 208 defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas han sido asesinados durante este período por sus actividades.

Esperamos que el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra vuelva a examinar la situación en Filipinas este mes para darle seguimiento al informe de Bachelet. Debido al deplorable récord de Duterte, es fundamental que el consejo cree un mecanismo ad hoc de investigación internacional para los peores crímenes que se cometen en Filipinas, similar al grupo de expertos creado para Venezuela.

Desde que comenzó la “guerra contra las drogas” en julio de 2016, miles de filipinos han sido asesinados por policías y agentes de organismos antinarcóticos, así como por hombres armados no identificados, muchos de ellos sicarios que operan con la protección de la policía. Las organizaciones de derechos humanos en Filipinas estiman que más de 27.000 personas han sido asesinadas. Human Rights Watch documentó los casos de 101 niños y niñas que murieron en circunstancias típicas de ejecuciones extrajudiciales, o cuya muerte fue una consecuencia colateral de redadas ocurridas entre julio de 2016 y diciembre de 2019.

La pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento han incrementado estas muertes. Entre abril y julio, los asesinatos aumentaron más de 50% respecto de los cuatro meses previos a la pandemia. Este dato resulta muy alarmante si se considera que Filipinas atraviesa la peor crisis de COVID-19 en el Sudeste Asiático. Golpeados económicamente y encerrados en sus casas para protegerse del virus, los filipinos son especialmente vulnerables a hombres armados que entran por la fuerza en sus viviendas.

Militares y policías también han actuado específicamente contra activistas políticos y defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, críticos, abogados, sindicalistas, ambientalistas y comunidades indígenas, a quienes han convertido en blancos de persecución y ejecuciones extrajudiciales.

Las investigaciones de Human Rights Watch y otras organizaciones demuestran que las fuerzas de seguridad están implicadas en estos asesinatos y en otras graves violaciones de derechos humanos. En muchos casos relacionados con drogas, la policía o sus sicarios colocan pruebas falsas como armas y drogas a las víctimas con el fin de incriminarlas. Es habitual que soldados del Ejército acusen públicamente de comunistas a personas o grupos de activistas por el simple hecho de criticar al gobierno. Muchas personas así señaladas han sido asesinadas por sicarios no identificados, y sus casos no han sido investigados. Estas prácticas han generado un clima en el que prevalece el temor a los escuadrones de la muerte y han restringido considerablemente el espacio democrático en el país.

El gobierno tampoco ha hecho esfuerzos para que los responsables de ejecuciones extrajudiciales respondan por sus acciones. Las autoridades han investigado muy pocos de estos homicidios, y en la inmensa mayoría de los casos no han procesado a los presuntos responsables. De los miles de casos relacionados con la “guerra contra las drogas”, solamente uno ha resultado en la condena de policías.

El gobierno de Duterte ha promovido la creación de un “panel de revisión” que analizará más de 5.000 muertes causadas por policías. Sin embargo, es ilusorio esperar que el gobierno se investigue a sí mismo. Hay muchas razones para ser escépticos de este panel, particularmente porque está compuesto y es dirigido por personas y organismos que idearon y ejecutaron la campaña de “guerra contra las drogas”. Los gobiernos que componen el Consejo de Derechos Humanos no deben dejarse engañar por este panel de revisión, que parece tener como único propósito desviar la atención de los estados del consejo para evitar otra investigación de la ONU.

Las atrocidades en Filipinas deben cesar y los responsables deben comparecer ante la justicia. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos en el consejo apoyaron al pueblo de Filipinas el año pasado. Una vez más, los filipinos han depositado sus expectativas en los Estados de América Latina para que apoyen su reclamo por justicia.

* El autor es Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch.