La amenaza terrorista a las infraestructuras críticas

Al ponerme a escribir estas breves letras, estaba pensando que en realidad la vida se compone en un 10% de lo que nos ocurre y en un 90% de cómo reaccionamos ante ello. Los porcentajes no son exactos, ni lo pretenden: lo que quieren es significar que casi siempre nuestra vida consiste en reaccionar ante lo que nos pasa. Y en ese contexto, no podemos olvidar que el terrorismo no es otra cosa en el fondo, por su propia naturaleza maligna, que una confrontación psicológica que intenta modificar nuestro comportamiento generando miedo, división, incertidumbre y confusión en la sociedad.

Pero es que además vivimos una sociedad frágil dentro de su rápido desarrollo tecnológico en las últimas décadas. La pandemia del COVID-19 nos ha dado una nueva muestra de ello. Y esta pandemia nos ha descubierto una inesperada, por quebrantable, situación mundial, donde al mismo tiempo se ponía de manifiesto la ineptitud e incapacidad de los Gobiernos junto con la debilidad de los sistemas de salud y sociales, que inmediatamente nos creó una situación de angustia hacia el futuro que no tenía parangón en la historia reciente.

Y sin embargo, hay que decir que los mayores progresos de la civilización se experimentan normalmente en su inicio, como sus peores amenazas. Por eso confiamos en salir reforzados también, de esta pandemia.

Después del atentado del 11 de septiembre 2001, la comunidad internacional, desprevenida ante la magnitud, la localización y el número de víctimas, causadas por el ataque, empezó a reaccionar con mayor vigor ante la amenaza terrorista. La Resolución 1373, de la que el año que viene se cumplirán veinte años, es un ejemplo paradigmático de previsión: obliga a los Estados miembros a dar los pasos necesarios en la prevención de ataques terroristas, incluyendo la puesta en práctica de sistemas de alerta temprana con otros Estados a través del intercambio de información. En ese contexto, es evidente que la protección de la infraestructura critica de los países puede prevenir el enorme impacto de los ataques terroristas y los efectos subsiguientes que esas agresiones pueden causar en la vida de un país, una región o prácticamente en todo el mundo, dependiendo de su magnitud.

Y esos ataques a las infraestructuras criticas de nuestros países ya se han producido y de una manera u otra, se producen a diario y ejemplos aparecen en los medios continuamente en todo el mundo. Baste recordar los ataques cibernéticos a instalaciones localizadas en todos los continentes y en ese contexto conviene no olvidar que las infraestructuras criticas en Latinoamérica enfrentan también amenazas y riesgos idénticos.

Por ser algo más explicito, durante los últimos años, hemos visto intentos de ataques como el que ya en 2002, Al Qaeda pretendía realizar contra instalaciones públicas y privadas en EEUU. Los ataques al sector energético perpetrados contra las instalaciones y personal de las compañías petrolíferas en Argelia, Iraq, Kuwait, Pakistán, Arabia Saudí y Yemen, o contra las infraestructuras de agua potable que desencadenaron el Ejército Islámico en Siria e Iraq. De igual modo han existido amenazas a centrales nucleares en Europa y sería muy prolijo enumerar aquí, todos estos y otros ataques.

Quizás por eso, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad el 17 de febrero de 2017 la Resolución 2341 sobre la protección de la infraestructura crítica y el reforzamiento de la capacidad de los Estados para prevenir esos ataques. La Resolución básicamente invita a los Estados Miembros a considerar posibles medidas preventivas y desarrollar estrategias y políticas nacionales.

Conviene no olvidar -porque lo mencionábamos al principio en el contexto de la fragilidad del mundo en que nos movemos- que la infraestructura critica está sometida a todo tipo de riesgos, incluyendo fenómenos naturales, errores humanos, fallos técnicos y actos criminales en el sentido más amplio de la palabra. Sin embargo, la protección de la infraestructura crítica como una política necesaria y distintiva es una consecuencia directa de los ataques del 11 de septiembre.

Además de las infraestructuras críticas conviene no olvidar los que se denominan en inglés soft targets, es decir aquellos lugares en donde se concentra la gente masivamente, como museos, salas de cine, lugares de culto, centros comerciales, deportivos y un largo etcétera.

El espectro a proteger da idea de su dificultad, porque la amenaza puede ser física o informática, interna del país o provenir del exterior, dirigida a un objetivo único o a varios objetivos simultáneamente, pero lo que está claro es que la motivación de los terroristas para desarrollar esos ataques es cada vez mayor. De ahí la necesidad del Estado de dotarse de medios preventivos, siempre respetando los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos, porque a veces surgen tentaciones de quebrantar esos derechos en búsqueda de un atajo hacia la seguridad que normalmente no produce otro resultado que el contrario al que se pretende.

Cuando además vemos que de las infraestructuras criticas forman parte las redes de agua, energía y sistemas hidroeléctricos, sistemas de transportes y comunicaciones, sistemas de gobierno y militares, sistemas de salud, servicios financieros y de emergencia, inmediatamente nos damos cuenta de que muchas de ellas están en manos del sector privado lo que hace imprescindible la interrelación eficaz con el sector público, lo que en muchos países continúa siendo un reto.

Al final, y concluyo estas breves líneas, es imprescindible la integración, coherencia y coordinación de las políticas públicas en este tema de la protección tanto a nivel nacional como regional, porque la interoperabilidad de los sistemas es un valor añadido. Decía Einstein que la perfección de medios y la confusión de objetivos parecía ser nuestro principal problema. No podemos hablar de perfección de medios en estos temas, pero aun menos nos podemos permitir la confusión de objetivos cuando hablamos de terrorismo. Y la verdad es que nadie, absolutamente nadie, puede aterrorizar a todo un país, o una región, a menos que todos nosotros nos convirtiéramos en sus cómplices por inacción.

*Responsable legal. Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (Nueva York)