¿Será Perú la única democracia con doble estándar en su condena a Venezuela y apoyo a Cuba?

El 13 de octubre se votará en la Asamblea General de la ONU la renovación de un tercio de los integrantes del Consejo de Derechos Humanos, entre ellos tres de los ocho que le corresponden al Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC). Los países electos lo son por tres años y pueden ser reelectos, debiendo luego esperar un período para volver a postularse, siendo Cuba y México los países de la región que más tiempo llevan en este organismo creado en 2006: doce años.

En 2020 terminan los tres años de Chile, México y Perú en el Consejo, pero en todos los casos pueden aspirar a la reelección. Sin embargo, sólo México lo hará y las otras dos candidaturas anunciadas son las de Cuba y Bolivia. Los otros cinco países de la región que continúan en el Consejo de Derechos Humanos, por uno o dos años más, son Argentina, Bahamas, Brasil, Uruguay y Venezuela.

Más allá de los cuestionamientos que pueden formularse a las candidaturas de México y Bolivia, es la de Cuba la que despierta mayores críticas, tanto por tratarse de una dictadura de partido único como por su documentada falta de compromiso con el sistema universal de derechos humanos de la ONU, lo cual incluye el ser el único país de América Latina que no ratificó tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Si bien Cuba resultará electa porque hay solo tres candidatos del GRULAC para tres lugares y porque la última vez que se candidateó obtuvo 160 votos de los 193 países que integran la ONU, sería lógico que los cincuenta gobiernos que no reconocen a Nicolás Maduro voten en contra de la candidatura regional de un país aliado clave del dictador venezolano. Pero la coherencia no siempre es lo que prevalece en la política exterior en derechos humanos de los países democráticos y el caso de Perú es el ejemplo más evidente.

El pasado 2 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Mario López Chávarri, confirmó ante parlamentarios que su país apoyará la elección de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos debido a un compromiso asumido por el anterior gobierno en el año 2016, cuando Cuba respaldó la candidatura peruana a la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. El canciller López Chávarri afirmó: “Como país que honra sus compromisos, el Perú dará este endose regional que no significa que guardemos coincidencia alguna con las posiciones de Cuba en diferentes foros”. Y también agregó, para justificar el apoyo del Perú a la dictadura cubana que “es importante tener esta diversidad de representación”, en referencia a integrar en el Consejo a países con gobiernos no democráticos.

La cuestionable posición del Canciller peruano prioriza el intercambio de votos por el compromiso en la defensa de los derechos humanos, negociando un interés menor por un principio superior para un país democrático. Pero además es contradictoria con la declaración de Lima adoptada el 8 de agosto de 2017, pues si bien la misma responde a la situación política en Venezuela lo coherente sería que se extienda al país de la región que es el gran aliado de Maduro y cuya situación de derechos humanos muchas organizaciones internacionales consideran más grave. No en vano se advierte que Venezuela puede terminar como Cuba, es decir, con un empeoramiento de su situación política que la convierta en una sociedad totalmente cerrada.

Por ejemplo, en sus 16 puntos, la declaración de Lima señala respecto a Venezuela “Su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente”, lo cual claramente aplica también a Cuba.

Asimismo, mientras la declaración de Lima expresa “que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas” y “su decisión de no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales”, el Perú respaldará al régimen cubano con el incoherente argumento de “la diversidad” de la representación. O sea, de acuerdo al gobierno del Perú para Venezuela no aplica “la diversidad”, pero sí para Cuba donde no pueden existir legalmente partidos políticos opositores y tampoco organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos.

A raíz de este doble estándar del Perú urge que los países que condenan a la dictadura de Maduro en Venezuela se pronuncien también ante la nueva candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, empezando por los de América Latina. ¿Qué hará Uruguay luego que los jefes de Estado de Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron invitados a la asunción presidencial de Luis Lacalle Pou por considerarlos dictadores? ¿Y Chile, que claudicó en la presentación de su candidatura a la reelección en el Consejo de Derechos Humanos, también habrá negociado intercambio de votos en la ONU con la dictadura cubana al igual que Perú? ¿Y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, que tanta solidaridad internacional recibió, se pronunciará sobre el tema siendo además Cuba un país que ha votado en contra las resoluciones sobre derechos humanos en su país? Por su parte, ¿qué harán el resto de las democracias del GRULAC y las calificadas por The Economist como “plenas”, entre ellas las europeas? En todos los casos, deberían considerar el apoyo moral a los demócratas que en Cuba luchan pacíficamente en defensa de los derechos humanos y son hostigados, encarcelados y criminalizados por el régimen de partido y pensamiento único.

Es sabido que los países democráticos del GRULAC temen cuestionar a la vieja dictadura cubana, siendo dicha complacencia uno de los motivos de su supervivencia por seis décadas. Por lo cual es difícil que los gobiernos de la región se pronuncien públicamente rechazando su nueva candidatura al Consejo de Derechos Humanos. Queda sólo una esperanza: el voto en la Asamblea General de la ONU es secreto, lo cual finalmente podría hacer prevalecer los principios por sobre los intereses y contradictorios compromisos con una dictadura. El próximo 13 de octubre se sabrá.

El autor es director general de CADAL, fundación privada cuya misión es promover los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional.