Cuba y la Resolución 60

«La falta de compromiso de Cuba con el sistema universal de derechos humanos», un informe de Brian Schapira y Roxana Perel, editada y presentada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), es una soberbia investigación que atraviesa el itinerario sinuoso del gobierno cubano en materia de derechos humanos, a partir de un momento de cambio e inflexión en el principal órgano mundial creado por Naciones Unidas para asumir sus retos globales. 

Novedoso. Este es el primer prontuario cronológico, hecho con rigor, acerca de la mala conducta del régimen cubano en algunos organismos internacionales. Con un valor agregado: mostrar que los diplomáticos cubanos no son los rigurosos prusianos del Caribe vendidos en las ferias de la diplomacia.

Me detengo en señalar lo del momento de cambio e inflexión por un motivo especial. Hasta 2006, que es la fecha de conversión de la antigua Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Consejo homónimo, el principal argumento del gobierno cubano para desconocer tanto al Relator Especial designado para Cuba como a la Comisión y sus reportes era que singularizaban a Cuba ―singularizar es un verbo activo en el sistema diplomático de defensa del régimen― como parte de un diseño político decidido en los Estados Unidos.

No era verdad que Cuba fuera singularizada. Todos los Estados violadores de derechos humanos compartían la banca de los acusados por lo que efectivamente hacían: violentar la dignidad de sus ciudadanos. Sí era verdad que los Estados Unidos, atrapados por sus procedimientos, jugaban un papel esencial en la condena al gobierno cubano. En la Comisión no se levantaba un caso hasta que un país específico no lo presentaba. Durante mucho tiempo ninguna democracia, excepto los Estados Unidos, quería tomar la iniciativa respecto a Cuba. Acompañaban luego las resoluciones y recomendaciones pero no iniciaban, por regla y con alguna excepción, un proyecto de resolución.

La percepción durante mucho tiempo era por tanto que todo el tema de los derechos humanos era una pelea geopolítica doblemente motivada entre los Estados Unidos y Cuba. Por un lado, una geopolítica de base nacionalista y de impacto regional, y por otro una geopolítica global de Guerra Fría.

Y las percepciones importan. La otra, la de que el gobierno cubano no cooperaba ni hacía caso a la Comisión porque todo era una burda maniobra imperialista enmascarada en la Carta Internacional de Derechos Humanos, también funcionaba. No solo a la izquierda del espectro ideológico.

Lo que este Informe publicado por CADAL viene a demostrar es que la coartada imperialista del régimen cubano era solo el uso político de la verdad, supuesta o real, como pretexto. El gobierno cubano, y esto es un asunto de doctrina política, no tiene un compromiso, esto dicho en términos absolutos, con el sistema universal de derechos humanos.

Este Informe arranca en el momento en el que nace el Consejo de Derechos Humanos. En el ahora Consejo no se singularizan países, todos son sometidos a exámenes periódicos sin excepción, bajo unos procedimientos rigurosos y en igualdad de condiciones. El cambio procedimental detrás de este giro es básico en dos sentidos: ningún país es singularizado, o lo que es lo mismo, todos lo son, y desaparece el criterio de que a las democracias no se les examina. La igualdad de todos los Estados en el seno de las Naciones Unidas se cumple a raja tabla en el Consejo de Derechos Humanos y la realidad de los derechos humanos es escudriñada globalmente. Porque la verdad es que en cualquier país se cometen violaciones de aquellos.

Dos realidades desaparecen del escrutinio mundial entonces: la singularización y la ideologización posible del tema de los derechos humanos. Es decir, desde el 2006 no hay excusas. La disposición a cooperar plenamente con el Consejo de Derechos Humanos debería estar despejada. Ya los Estados Unidos no pueden singularizar, todos los países están sujetos a examen, ni pueden esconder sus propias violaciones porque tener Estado de derecho y democracia no garantiza el pleno respeto a los derechos humanos.

Pero donde no están ya esas realidades, por aquello del horror vacui de los Estados depredadores, surge otra: el cinismo.

Lo que el Informe demuestra es que el gobierno cubano ha construido una relativamente sofisticada maquinaría cínica con todo el sistema de derechos humanos: desde la narrativa, las instituciones y las conductas.

Solo un año después de creado el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en el 2006, el gobierno cubano ocupó un asiento de estreno. Prácticamente sin levantarse. Desde el 2007 al 2009, primer periodo; 2010 a 2012, segundo periodo; 2012 a 2014, tercer periodo. Como los procedimientos mandan, pues el gobierno se tomó un año sabático involuntario (2013), regresando luego para su cuarto y quinto periodos, 2014 a 2016 y 2017 a 2019 respectivamente. De entonces a acá regresa a su descanso activo, solo para presentar el pasado mes de enero su sexta candidatura al periodo 2021-2023.

El CDH tiene 14 años de existencia y el gobierno cubano ha calentado uno de sus asientos durante 12. Es casi un decano de un organismo internacional con el que guarda una proporcionalidad inversa en relación con sus pautas. De la presencia duradera pero sin compromiso pétreo nace el vínculo fundamentalmente cínico que el gobierno cubano mantiene con las instituciones globales de derechos humanos.

Los autores del Informe ponen en primer plano la guía de conducta para todos los Estados que pretendan formar parte del CDH. Lo integran cuarenta y siete de ellos, siguiendo una distribución geográfica proporcional, y elegidos por el pleno de la Asamblea General.

Importante. La integración es voluntaria. Ningún Estado está obligado a participar como Estado miembro del CDH. Significa que la voluntad de participar debe corresponderse con una voluntad de contribuir a los trabajos del órgano al tiempo que con una voluntad de respetar los compromisos adquiridos una vez que se presenta la candidatura y una vez que el Estado resulta electo. Es una misma voluntad que atraviesa cuatro fases: la de la disposición a participar, la de contribución, la de aceptación de las reglas y la de compromiso efectivos con ellas. Cada una de las fases se supone que fortalezca y cierre al final el comportamiento estándar de los Estados que participan en el CDH.

¿Qué no ha hecho el gobierno cubano en el techo humanista de las Naciones Unidas?

La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de marzo de 2006, A/RES/60/251 (Res. 60 en lo adelante) con la cual se crea el Consejo de Derechos Humanos dice con claridad que a la hora de elegirse a sus miembros debe tenerse en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos, y a las promesas y compromisos voluntarios que han hecho al respecto. Ellos deben aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos y cooperar con el Consejo. Y esencial: por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, se podrá suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo a todos los miembros que violen grave y sistemáticamente los derechos humanos. Es lo que llaman, resumiéndolo, un comportamiento de alto estándar en la materia por parte de los Estados que quieran formar parte.

La Res. 60 ha entrado en pausa para el gobierno cubano durante 12 años. Y tiene muchas probabilidades de no activarse en octubre de 2020.

¿Cuáles son los no res (hechos) de la Res. 60?

1. La poca cooperación con el sistema de procedimientos especiales, un elemento básico del mecanismo de derechos humanos. Mecanismo de Relatores Especiales. Solo dos visitas en 10 años.

2. No impulsar ninguna de las sugerencias que la Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los DD.HH hiciera en una carta enviada al Ministro de Relaciones Exteriores con fecha de 2 de noviembre de 2018. Entre ellas la de invitar a los procedimientos especiales del CDH; ratificar los Pactos de Derechos Humanos; desarrollar un plan nacional de acción en la materia; establecer un mecanismo nacional para la presentación y entrega de informes; la armonización de las leyes a los estándares en derechos humanos y otras de especial relieve para la comunidad pro democrática y la sociedad civil en Cuba. Y es importante recordar aquí que para esa fecha ya había comenzado el proceso de reforma constitucional.

3. De los 44 mandatos temáticos existentes para 2018, el gobierno cubano no ha extendido jamás una invitación a algunos de ellos. Solo dos, escogidos, recibió en Cuba. El de la Relatora Especial sobre la trata de personas (10-14 de abril de 2017) y la Experta Independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional (10-17 de julio de 2017). Lo más cercano en el tiempo en relación con una visita lo tenemos con la del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación (28 octubre-6 noviembre, 2007)

4. Desconocimiento de la Representante Personal del Alto Comisionado de DD.HH para Cuba entre 2000 y 2010.

5. Silencio ante las reiteradas solicitudes de visitas de diversos Relatores Especiales (Relatora Especial sobre libertad de religión o de creencias (2006) y Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión (2003)

6. Falta de seguimiento a las visitas de los Relatores o representantes que han visitado Cuba (Relator Especial sobre el derecho a la alimentación y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer).

7. Contesta a solo dos de los trece cuestionarios enviados por los titulares de mandatos.

8. Débiles respuestas, cuando no ninguna, a las observaciones y recomendaciones recibidas en los tres ciclos del Examen Periódico Universal. El gobierno de Cuba lleva 11 años en el proceso de consultas y de tránsito de las recomendaciones hechas. Y tengamos en cuenta que solo en el segundo ciclo el gobierno recibió 292 recomendaciones. Ya en el tercer ciclo el gobierno recibió 339 recomendaciones, de las cuáles se negó a aceptar 30, todas relacionadas con los nueve tratados que forman el núcleo duro de los derechos humanos. 83 de ellas solo sirvieron para que tomara nota.

9. Uso de retóricas de odio y de exclusión de los mismos a los que debe respetarle los derechos humanos.

10. De los nueve protocolos del procedimiento de comunicaciones individuales a la CDH, el gobierno cubano solo ha aceptado uno: que es el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de marzo de 2000. Y que lo acepte no quiere decir que lo promueva o lo respete.

11. En materia de procedimientos de investigación, también de nueve protocolos o procedimientos, el gobierno solo ha aceptado dos. Sobre investigación de la tortura (1995) y de protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2009).

12. Tardanza en la presentación de los Informes que sí ha presentado. Porque no los ha presentado todos. El Informe sobre los derechos del niño debía presentarse por ejemplo en 1998 y solos se presentó en 2009.

13. No forma parte de tratados y/o protocolos facultativos importantes.

14. Politización evidente del Consejo. Acepta recomendaciones según el país que la haga. Una recomendación es aceptada si la hace un país del Sur. La misma recomendación es rechazada si la hace una democracia. Honduras, por ejemplo, recomendó asumir una estrategia para cambiar las actitudes patriarcales y estereotipos que discriminan a la mujer. Cuando esta misma recomendación fue hecha por Chipre, el gobierno solo se limitó a tomar nota.

Entre otros, son estos 14 argumentos, muy bien explicados en el Informe, los que en la larga duración de 14 años distinguen la falta de compromiso del gobierno cubano con el sistema universal de derechos humanos. No habría que abundar en su violación concreta dentro de Cuba, exhaustivamente documentada en Cuba y muy viva contra artistas, periodistas y activistas en todo el ámbito de la sociedad civil.

Como sus autores, considero que el gobierno cubano no responde a los altos estándares de derechos humanos que deberían ser exigibles para formar parte del Consejo de Derechos Humanos. Allí no debería volver a sentarse.

Parece claro, en una visión estratégica de largo y profundo aliento que el CDH merece profundizar en sus reformas, y partiendo de tres criterios. Primero, que los derechos humanos lo son de la gente, no de los gobiernos; segundo, que excepto los secretos de Estado, la sociedad civil puede conocer mejor la realidad de un país que sus propios gobiernos y tercero, que es necesario que se considere también a las sociedades civiles, al igual que los Estados, como parte del sistema y de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos. Estos solo mejoran cuando se involucra a las víctimas, que no son el problema, sino la solución. Los Estados, si no los protegen, solo pueden hacer una cosa con los derechos humanos: violarlos, sistemáticamente, como en Cuba.