El crimen organizado en la post-pandemia

La pandemia del COVID-19 tiene consecuencias socio-económicas alarmantes. La recuperación demandará mucho tiempo y en lo inmediato dejará fuera de la economía formal a una gran parte de sus actores. Una economía formal contraída tiene efectos fiscales que inevitablemente afectan la capacidad del Estado de prestar los servicios de calidad necesarios para garantizar el bienestar y la seguridad de todos.

Los 100 problemas de seguridad que la pandemia potencia ameritan ser seriamente considerados para mitigar sus consecuencias nefastas.

En esta primera parte, se consideran algunos ejemplos de los problemas relacionados a la violencia organizada: el crimen organizado, las mafias, el narcotráfico, la radicalización y el terrorismo.

El ideograma chino que refiere a la crisis está compuesto de dos nociones inseparables: el problema y la oportunidad. Y si hay alguien que sabe convertir en oportunidad cualquier problema es precisamente la delincuencia organizada. El “darwinismo delictivo” hace que sobrevivan los grupos más flexibles y velozmente adaptables a los cambios en su entorno operacional.

Y la pandemia generó muchos cambios. Produjo una importante disrupción temporal en las cadenas de suministro que afectaron toda la actividad económica, incluyendo las actividades de las economías ilícitas. Por otra parte, el confinamiento domiciliario dejó las calles vacías y afectó las oportunidades para la comisión de cierto tipo de delitos, lo que redunda en una abrupta caía de los delitos comunes, los homicidios y los delitos contra la propiedad.

Para el crimen organizado, que no es más que una empresa que busca el lucro a través de actividades o acciones ilegales, este escenario conlleva la necesidad de encontrar soluciones alternativas para restablecer la cadena de provisión, diversificar sus actividades y buscar nuevas oportunidades de “negocios”.

En el interín, el crimen organizado se refugia en las viejas prácticas adaptadas al nuevo contexto: contrabando, explotación de personas, extorsión, secuestro, robos, “protección”, etc. que victimizan a comerciantes, industriales, agricultores, profesionales, transportistas, migrantes e incluso simples ciudadanos de a pie.

Para el crimen organizado los cierres parciales y los mayores controles de las fronteras son un problema relativo y temporal, porque no tiene más que recurrir a los pasos fronterizos ilegales que supo y sabe controlar. Ahora esos pasos son más rentables para el tráfico y contrabando de todo tipo. Además, la actual hostilidad hacia las políticas migratorias solo hace más lucrativo el tráfico de personas.

Las caídas en los traslados aéreos y marítimos se compensan con tráfico terrestre. Y las fronteras se sortean por encima o por debajo: los túneles, las catapultas, los drones, los aviones ultra-livianos, los narco-sumergibles y tantos otros recursos están a disposición de quien pueda costearlos.

A modo de ejemplo: desde que se inició la pandemia, la producción de cocaína se vio afectada por el desabastecimiento de gasolina y las dificultades de colocar su producción en el mercado por las restricciones del transporte. El precio de la cocaína en origen cayo en un 30% pero su precio de venta en el mercado de consumo subió entre un 15 y un 27%, lo que aumenta los márgenes de ganancias en la intermediación, cuyos protagonistas aceptan correr mayores riesgos. Por su parte, el sector del narcotráfico acopió y acumuló reservas en las zonas de consumo (los recientes decomisos lo prueban) ante los primeros indicios de la posibilidad del cierre de fronteras y aprovechando los bajos precios resultantes de la sobreproducción de drogas “verdes” de Colombia, Perú y Bolivia, que el año pasado batieron récords históricos de producción. El narcomenudeo se adaptó recurriendo a los servicios de delivery, que les suma otros 10 a 15% de ganancias, servicio que complementan con la comercialización de equipamiento de protección personal (masacrillas, protectores faciales, alcohol en gel, etc.) que agregaron a su portafolio y que son mayoritariamente producidos por los proveedores chinos que antes producían insumos para las drogas sintéticas.

Más allá de esta adaptación, todos comprenden que esta es una situación temporal porque las economías formales -fuente indispensable de los ingresos fiscales- más pronto que tarde harán relajar las medidas restrictivas y el tráfico se normalizará en buena medida. Pero es en esta etapa de limitaciones donde los grupos se juegan la supervivencia y su reposicionamiento para el día después de la pandemia. Estas no son meras especulaciones; los datos señalan que la actividad del crimen organizado a nivel mundial se incrementó en un 75% en las últimas cuatro semanas.

Es que las nuevas oportunidades de negocios desatan competencias que en el caso de la delincuencia organizada suelen dirimirse a través de guerras muy violentas entre bandas que compiten por las actividades más rentables y por los territorios de producción, tránsito y comercialización.

Se trata de una violencia que siempre alcanza a los actores indirectos de esas disputas. De manera que, por ejemplo, un productor de palta/aguacate que paga tributo a un grupo será víctima del fuego cruzado entre los grupos que quieran quedarse con el negocio. Además, estas guerras requieren de grandes recursos que son extraídos de una amplia variedad de actividades. Los datos de Brasil, México y Centro-América revelan que los homicidios están escalando a velocidades sin precedentes en lo que va de la pandemia.

En el marco de estas guerras, los grupos buscan connivencia y apoyo; buscan “legitimarse” a través de acciones y asistencia de carácter social que les garantice la adhesión de la población frente a otros grupos y ante la “injerencia” de las fuerzas del orden del Estado. En este marco, recurren a medidas y acciones que debería ejercer el gobierno como la imposición del distanciamiento social, el reparto de mascarillas y kits de supervivencia, e incluso el pago de los sueldos a los maestros, la protección de los agentes sanitarios o la atención a los más vulnerables, tal y como lo vienen realizando los carteles mexicanos, los “comandos criminosos” en Brasil y también ISIS, los Taliban y Boko Haram.

En un paso aún más audaz y sofisticado, brindan apoyo a ciertas autoridades locales y ganándose su “amistad”: ponen las redes criminales y los corredores de tráfico al servicio de los poderes formalmente constituidos facilitándoles el acceso a los insumos médicos necesarios para mitigar la pandemia y sus efectos en la comunidad. Esta práctica les resulta particularmente beneficiosa, porque genera entre la dirigencia política la adicción a los favores de los poderes informales – favores que con favores se pagan. Una simbiosis perversa de fructíferos beneficios mutuos entre delincuencia y política.

Las asimetrías económicas entre los países (y entre las regiones de los países) hacen que en algunos territorios la tolerancia al crimen organizado sea socialmente más aceptable que en otros toda vez que se presentan como proveedores de bienes y servicios y, sobre todo, de oportunidades laborales.

Otro aspecto a mencionar es el hecho de que la actual pandemia les generó acumulación de grandes volúmenes de dinero sucio que es muy difícil trasladar. Esta situación, combinada con la crisis económica que se avecina, abre otras oportunidades: la usura y la compra agresiva de empresas legítimas en crisis.

Finalmente, cabe mencionar que la evidencia muestra que los principales grupos violentos no-estatales (como el ELN, Al Qaeda, Taliban, ISIS, Boko Haram, pero también los grupos de extrema derecha y supremacistas blancos de Europa Occidental y EEUU) han incrementado sus actividades de radicalización y reclutamiento.

Esta introducción permite listar 25 problemas de seguridad relacionados a la violencia organizada que se profundizan:

1. Contrabando y falsificación de alcohol y cigarrillos.

2. Fraude farmacéutico (medicamentos, insumos y descartables médicos falsificados, robados, adulterados, de vencimiento remarcado, etcétera). Este fenómeno, que en un 30% se realiza en América Latina, causa a nivel mundial más de un millón de muertes anuales. A pesar de no ser reportadas como relacionados al crimen organizado -no se presentan como muertes violentas- constituyen la actividad de crimen organizado que mayor mortalidad causa. La pandemia y la enorme demanda de las vacunas, harán aún más rentable esta actividad.

3. Piratería de marcas y comercialización de productos robados y subestándar.

4. Trata y prostitución.

5. Tráfico de migrantes. Se anticipa que será cada vez más violento y más clandestino.

6. Trabajo forzado de menores (la caída abrupta de los ingresos familiares determina un significativo aumento del trabajo de menores, especialmente en la producción agrícola y la minería).

7. Explotación laboral y mendicidad forzada de menores y adultos mayores – abusando del desempleo y de la pobreza.

8. Explotación sexual de menores y pornografía infantil. Desde que entraron en vigencia las medidas de confinamiento los ingresos a los sitios online de pornografía infantil aumentaron (95 a 270%, según el país), sumando nuevos usuarios/ demandantes. La pobreza nivelará la oferta que será administrada por el crimen organizado.

9. Piratería de asfalto/robo de cargas comerciales.

10. Juego de azar, casinos y juego clandestino.

11. Narcotráfico y narcomenudeo. En lo que va de la cuarentena aumento significativamente (20 a 35%) el consumo recreativo de drogas.

12. Piratería marítima/fluvial (ya tuvimos incidentes de este tipo en la región, el último en abril en el puerto de Guayaquil).

13. Radicalización/auto-radicalización y reclutamiento terrorista/extremista. La pandemia, la crisis socio-económica y la inadecuada respuesta estatal les brinda nuevas banderas sociales, económicas, étnicas, xenofóbicas, etc.

14. Extorsión a productores agrícolas.

15. Delitos ambientales (tala, minería y pesca ilegal, tráfico ilegal de flora y fauna).

16. Colonización de los “cuellos de botella” de la cadena de suministro de alimentos (empresas transportistas, mercados de abasto, sindicatos, puertos, etcétera).

17. Impuesto revolucionario a comerciantes, profesionales y residentes.

18. Usura y expropiación de viviendas, vehículos y bienes de capital.

19. Violencia carcelaria extrema, producto de la superpoblación carcelaria y hacinamiento de personas privadas de libertad.

20. Reclutamiento en cárceles. El abolicionismo y el populismo penal no resuelven el principal problema penitenciario: la rehabilitación y la reinserción de los penados.

21. Homicidio por encargo/sicariato.

22. Fraude de seguro social/desarrollo social.

23. Colonización de empresas legitimas, hostelería, negocio inmobiliario e industria de la construcción en crisis.

24. Aumento de homicidios y de violencia en las calles, producto de la lucha entre grupos criminales por el control de territorios y rutas.

25. Robo de combustibles, “huachicoleo” u “ordeñe” de oleoductos – el robo de combustibles refinados y crudo directamente de los oleoductos ya está arraigado en México, Colombia y Brasil y es de esperar que se extienda por toda la región.

Pero no todas son malas noticias.

Las guerras de reposicionamiento desgastan a los grupos y los hacen vulnerables al accionar de las fuerzas del orden y la justicia que puede mitigar este fenómeno.

De no ser así, las guerras de reposicionamiento acaban cuando un grupo logra imponerse y monopolizar el mercado o el territorio; o cuando se logra un acuerdo de pax mafiosa. En ambos casos la actividad del crimen organizado disminuye el nivel de violencia para focalizarse en lo que más le interesa: el lucro, y el usufructo impune de los bienes mal habidos.

En la segunda parte, se presentarán problemas de seguridad relacionados al ciberespacio.

El autor es profesor en la UBA