(Desde San Pablo)
El Tribunal Supremo acaba de tomar este jueves, al anochecer, una decisión sorprendente que, eventualmente, podrá resultar en la libertad del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. El ex mandatario está detenido en Curitiba desde abril de 2018, luego de ser condenado el año pasado por cuenta de un departamento en el balneario de Guarujá, en la costa atlántica de San Pablo, que habría recibido como pago de coima. En un caso que casi no tuvo trascendencia periodística, por tratarse de actores menos relevantes en el proceso conocido como Lava Jato, el Supremo Tribunal Federal profirió una sentencia que sienta un precedente judicial que, seguramente, será referencia de los abogados de Lula para demandar la nulidad de su condena.
El STF, por una mayoría de 6 de sus 11 integrantes, resolvió hacer lugar a un pedido de habeas corpus presentado por el ex gerente de Petrobras (durante el período de la ex presidenta Dilma Rousseff) Marcio de Almeida Ferreira. Había sido condenado a 10 años de reclusión por corrupción. La acusación partió de “arrepentidos” –que aquí se denominan “reos delatores”—; pero Ferreira no tuvo la oportunidad de defenderse de esas revelaciones. Lo que el tribunal consideró es que el ex gerente tenía derecho hablar por último en el proceso, para defenderse de las delaciones.
Ya hay un caso previo en el que el Supremo Tribunal tomó idéntica medida: fue el del ex titular de Petrobras Aldemir Bendine. Su caso fue analizado el 30 de agosto último y el STF anuló la sentencia de prisión de 10 años. La Corte consideró que el juez que instruyó su caso no le permitió al acusado realizar sus alegaciones finales, para defenderse de las delaciones de otros reos del Lava Jato. Sobre la base de esas revelaciones de los arrepentidos, la justicia había determinado la condena de Bendine. Se trata, según dijeron los magistrados, de seguir estrictamente los principios de amplia defensa, un contenido esencial de la Constitución, por el cuál el acusado debe tener la oportunidad de manifestarse sobre una acusación derivada de delaciones.
Lo cierto es que este segundo acontecimiento admitirá, de hecho, que una larga fila de letrados que defienden acusados en esas condiciones, presente habeas corpus para anular las sentencias que pesan sobre ellos. Esa es, ni más ni menos, la situación de Lula. Los investigadores del proceso conocido como Lava Jato dijeron que esa norma de la Corte puede “arrasar con esa gran operación deflagrada en el país contra la corrupción”. Indicaron que conducir a la anulación de 32 sentencias y beneficiar a 143 condenados.
Con todo, no hay absolutos en estos temas. De hecho, la propia Corte decidió prorrogar hasta el próximo miércoles las sesiones para que puedan votar otros dos miembros del colegiado (aun cuando no irá a alterar la mayoría ya conseguida). Pero esa nueva deliberación ofrecerá a los ministros de la Corte la posibilidad de “ajustar” los términos de la aplicación del precedente judicial. O sea, a buen entendedor, ponerle límites a su implementación.
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