Algunos analistas han señalado que desde la elección de Daniel Ortega como presidente en el 2011, su administración evidencia un claro deterioro de las reglas de juego republicanas, a decir: la independencia de poderes, el respeto de los derechos humanos y de las libertades individuales.
Poco a poco, en los últimos ocho años el modelo político Orteguista con una estrategia de "consenso", llámese clientelismo entre los grupos de poder económico y actores políticos clave, se empoderó perversamente con cierto grado de populismo, concesiones al mejor postor y dosis de autoritarismo – todo un verdadero ejercicio de manipulación – a través de una práctica despótica del poder dentro y fuera de las estructuras del Estado. En eso se destaca el insoportable manejo acaparador de poder por parte de Rosario Murillo: esposa, vicepresidente y coordinadora del consejo de comunicación de la presidencia de la República, un hecho reprochado a voces por la sociedad, pues los hilos de la información y comunicación los maneja y autoriza la "Compañera Rosario": ni un ministro, ni un Alcalde, ni un funcionario del Estado habla sin la previa autorización de la "Compañera Rosario", para el pueblo en protesta "La Chayo".
Nicaragua arrancó 2018 con tendencias hacia un enfriamiento en su crecimiento económico proyectado para 2018. Fuentes oficiales del Banco Central (BCN) anunciaron que durante el primer trimestre de 2018 el crecimiento del PIB fue 2.3 %, lejos del 7.7% en igual periodo del 2017, en ese momento el más bajo de los últimos cinco trimestres.
En marzo del presente año el recorte del flujo de divisas Caracas-Managua era un hecho, dinero que en mucho sirvió al régimen de Ortega para hacer obras públicas y contentar al sector empresarial. Adicionalmente, Venezuela dejó de importar productos nicaragüenses, lo que generó un distanciamiento del sector empresarial expresando su inconformidad con el manejo del gobierno de Ortega.
Según datos confirmados por el BCN, el desempeño de algunos sectores clave hasta el primer trimestre del presente año, presentaban los siguientes resultados: en marzo hoteles y restaurantes estaban creciendo 11.8%, 7,9 por ciento en promedio anual. "La mayor demanda por este tipo de servicios fue estimulada por la afluencia de visitantes extranjeros, principalmente". Mientras tanto, el sector de la construcción que ya arrastraba dificultades, al cierre del primer trimestre de 2018 cayó 8.9 %, es decir -2.9 % en promedio anual. No obstante, en la construcción pública se observó crecimiento en las edificaciones no residenciales y obras de ingeniería civil".
Datos oficiales indican que el instituto de seguridad social INSS, mantenía hasta 2007 un superávit de más de 32,6 millones de dólares, cifra que se convirtió en un tremendo déficit de más de 76 millones de dólares a marzo del presente año.
Murillo, al momento de anunciar las reformas a la ley de seguro social expresó: "Las medidas buscan mejorar el balance financiero del sistema de pensiones. Son medidas sumamente importantes para asegurar la confianza, la estabilidad y bienestar". Qué es lo que se pretendía con la reforma de la ley de seguridad social:
–Aumentar de 19% a 21% el aporte patronal al régimen de seguridad integral, que abarca invalidez, vejez, muerte, enfermedad y maternidad. Posteriormente tendría aumentos graduales hasta alcanzar 22,5% en 2020.
–Incrementar las cotizaciones de los trabajadores de 6,25% a 7% sobre el salario mensual. Sin embargo, la cuota del Estado aumentaba de 0,25% a 1,25%.
–Deducir a los jubilados 5% de su pensión para cubrir su atención médica.
El incremento en las contribuciones al INSS, incomodó gremio empresarial hasta generar la ruptura con el presidente Ortega, quien tuvo el apoyo de ese importante sector desde que volvió al poder en 2007.
El movimiento estudiantil, gremios de pequeños y grandes empresarios, el movimiento campesino, el movimiento de mujeres unidos salieron para protestar por las reformas anunciadas y recibieron la fuerza de la represión gubernamental policial, y parapolicial, restricciones a la libre expresión de medios de comunicación opositores al gobierno.
A la protesta cívica, la fuerza del poder dinástico
En 100 días de protesta contra las arbitrariedades del Gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo, la sociedad nicaragüense registró al menos 448 personas muertas, 2.800 heridas y 595 están desaparecidas durante las manifestaciones contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (APNDH) y datos manejados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La entidad especializada de la OEA que ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país" durante la crisis, cifrando al menos 295 personas las personas en los primeros 99 días del estallido social.
La reacción de la comunidad internacional
Después de acercamientos bilaterales a nivel local, regional e internacional en la búsqueda de una salida pacífica a la crisis política y social en Nicaragua, el 18 de julio la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó con un amplio margen una resolución de condena al gobierno de Nicaragua ante la represión del Estado contra las manifestaciones pacíficas suscitadas desde el 18 de abril.
La resolución llamó al gobierno de Ortega a cumplir entre otros, con los siguientes requerimientos:
-Identificar a los responsables de los asesinatos;
-Desmantelar a los parapoliciales;
-Acabar con los ataques al clero y el hostigamiento a los obispos que participan en el diálogo nacional;
-Retomar el diálogo nacional;
-Apoyar a los investigadores independientes
-Colaborar con la democracia.
La resolución exhorta a Daniel Ortega a sumar esfuerzo para "fortalecer" la democracia en el país. Le piden apoyar el calendario electoral acordado en el diálogo nacional. Los obispos le entregaron una carta a Ortega en la que proponen adelantar las elecciones para el 31 de marzo de 2019.
La decisión de Ortega hasta este momento es no recibir al Grupo de trabajo de la OEA, instancia comprometida con alcanzar una salida pacífica a la crisis sociopolítica. Como muestra de la intransigencia de la familia Ortega-Murillo Ortega con la mayoría parlamentaria a su favor ha procedido a la aprobación de leyes que ratifiquen la no aceptación de la participación de la OEA en el proceso de búsqueda de una salida pacífica a la crisis, el reacomodo del presupuesto general de la República y la búsqueda de recuperación de capital con la emisión de bonos de deuda pública para colocarlo en el mercado.
La resolución anunciada por el Gobierno de Nicaragua y aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional, expresa que no se permitirá el ingreso al país del Grupo de Trabajo propuesto por la OEA, para analizar la crisis que enfrenta Nicaragua desde el pasado 18 de abril. "La Asamblea Nacional en uso de las facultades que le otorga el artículo 138 de la Constitución Política de Nicaragua declara: Rechazar la presencia en nuestro país de la Comisión Injerencista impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos de América en la OEA, repudiar la posición del grupo de miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que violenta la soberanía e interviene en los asuntos internos de Nicaragua y respaldar la decisión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de no recibir dicha Comisión en nuestro suelo patrio", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
Reforma al Presupuesto General de Nicaragua:
La mega reforma al Presupuesto General de la República, aprobada por la Asamblea Nacional, implica la reducción de los ingresos de hasta 7,000 millones de córdobas, un poco más de 22 millones de dólares, y una merma de más de 5,900 millones de córdobas en los egresos (unos USD 18,5 millones).
Es una de las medidas más drásticas que el Gobierno de Daniel Ortega aplica durante sus 11 años de administración. Inclusive, el recorte es superior al ajuste que se hizo en 2009, cuando la economía de Nicaragua fue impactada por la crisis económica mundial, que hizo retroceder en 3,3 por ciento el Producto Interno Bruto (PIB). En ese año, la reforma al presupuesto contemplaba una merma de 3.798,3 millones de córdobas en ingresos y en egresos 1.429,2 millones.
Con ello, el Presupuesto General de Ingresos de 2018 pasó de 84.196,9 millones de córdobas a 76.103,8 millones de córdobas. En tanto el Presupuesto General de Egresos pasó de 87.125,7 millones a 81.213,2 millones de córdobas. Así lo expuso el Ministro de Hacienda y Crédito público Ivan Acosta ante la Asamblea Nacional, que de inmediato procedió a su aprobación. El 90% de la reducción al Programa de inversión pública fue cargado a los ministerios de Educación y Salud Pública, Transporte e Infraestructura y las transferencias a las municipalidades con mas de 4.000 millones de córdobas.
Gutiérrez dijo que las pérdidas tanto en ingresos al Estado como lo que no se pudo recaudar a través de la Seguridad equivale a dos puntos del Producto Interno Bruto, que será recuperado con solo una reforma fiscal que están alistando, que tocará las exoneraciones y exenciones que le cuesta al país tres puntos del PIB.
Los bonos de la masacre
Para destacados economistas, la decisión del Gobierno de Ortega de emitir hasta 9.035 millones de córdobas en Bonos de la República, y crear los 'Bonos de Estabilidad Financiera' (BEF) en un momento de alta incertidumbre (política, social, económica, etc.), lejos de apuntalar la ansiada 'estabilidad', más bien apunta en dirección contraria.
Otras consideraciones de especialistas, muchas de ellas publicadas por el semanario Confidencial, señalan el hecho que "una emisión de 9.000 millones es una colocación bastante grande y ambiciosa, quizá desesperada".
Para Néstor Avendaño, presidente de Consultores Para el Desarrollo Económico y Social (Copades), en una entrevista sobre la creación del Comité (y los Bonos) de Estabilidad Financiera concedida a Confidencial expresó "es una salida transitoria. No podemos endeudar a los ciudadanos, porque esta deuda pesará mucho más" dentro de muy poco tiempo.
Por su parte, Roger Arteaga ex titular de la Dirección General de Ingresos, indica que la decisión se trata de bonos a 25 años que saldrán al mercado bursátil para captar dólares, aunque serán pagaderos en córdobas, por lo que duda que se encuentren compradores, a menos que se trate de especuladores extranjeros.
El país que acomoda Ortega y su esposa: No pasarán
En resumen Nicaragua ahora muestra su verdadera realidad ante la comunidad internacional. Hasta el 18 de abril del presente año su economía se manejaba en una burbuja de encantos, dicho en otras palabras: una nación en exceso dolarizada de manera informal, con una caída constante del poder adquisitivo de los consumidores cuyo salario mínimo mensual difícilmente alcanza los USD 200 o su equivalente en córdobas.
Mientras crecía la ola de construcción de megaplazas comerciales, incluso edificios con apartamentos que en algunos casos alcanzaban un costo de más de 30 mil dólares mensuales en la nueva zona rosa de Managua, el país arrastraba y carga hoy con un déficit macroeconómico que solo el Instituto de Seguridad Social contabiliza más de USD 76 millones. Una sociedad sometida al silencio funcional, inconforme con el manejo de los hilos del poder por parte de la familia Ortega – Murillo.
Ellos recibieron un mensaje de nación el 18 de abril y el 30 de mayo: no más represión, no más poder para su familia. "Ortega y Somoza, la misma cosa".
La prepotencia de Ortega y su esposa no se ha hecho esperar, mandan al Congreso leyes de desaprobación del actuar de la comunidad internacional que trata de interponer sus buenos oficios para lograr una salida pacífica.
Ahora mismo Ortega intenta desesperadamente legalizar y justificar posibles movidas financieras que en algún momento justifiquen incluso la compra deuda pública, a través de familiares y/o amigos cercanos en el poder o en negocios como testaferros. ¿Por qué no?
Evidente: Ortega y su esposa están creando el camino jurídico interno que les permita actuar con las manos libres hasta donde la ciudadanía y la presión internacional les permitan, ante una inminente salida del poder.
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