Represión en Irán: el régimen ejecutó a otro manifestante por las protestas de enero e intensifica su persecución

Irán ejecutó este domingo a Shahram Sadeghi, manifestante condenado a muerte por atropellar con su vehículo a siete agentes de policía durante una protesta el 8 de enero en la plaza Golzar de Karaj, en el norte del país. La república islámica figura entre los países con mayor número de ejecuciones del mundo. En 2025 se registraron 2.159 ahorcamientos, más del doble que en 2024, de acuerdo con Amnistía Internacional.

Según la agencia Mizan, agencia de noticias oficial del poder judicial en manos del régimen persa, el atropello provocó heridas graves a los agentes, con lesiones en la cabeza, piernas, manos y ojos, y uno de ellos permaneció en coma durante tres meses. Tras el incidente, Sadeghi incendió su vehículo y huyó del lugar. Posteriormente fue localizado y detenido en un centro de rehabilitación, donde, según las autoridades, utilizaba una identidad falsa.

En un primer momento, Sadeghi negó su implicación alegando que su coche había sido robado la noche de la protesta, versión que las autoridades descartaron tras las investigaciones. Posteriormente, reconoció que condujo a gran velocidad hacia los agentes con intención de atropellarlos.

El Tribunal Revolucionario de Karaj lo condenó a muerte y a la confiscación de todos sus bienes por “acción operativa en favor del régimen sionista (Israel) y Estados Unidos y de grupos hostiles”, aplicando una ley sobre espionaje y cooperación con países hostiles. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que la confirmó.

Con la ejecución de Sadeghi, asciende a 27 el número de personas ahorcadas por participar en las protestas de enero, movilizaciones en las que, según cifras de Teherán, murieron 3.117 personas. La organización opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevó la cifra de fallecidos a más de 7.000.

Persecución a diplomáticos franceses

El Ministerio de Inteligencia de Irán acusó el sábado a dos diplomáticos de Francia de participar en una operación de “infiltración e injerencia” en el país. En un comunicado, el organismo afirmó haber detectado “la presencia ilegal en un lugar de reunión clandestino durante la investigación de uno de los casos importantes de infiltración e injerencia extranjera y mientras ejecutaban una orden judicial para detener a dos de los acusados del caso”, según reportó la agencia Tasnim. La autoridad iraní advirtió al Gobierno galo que deberá responder por las actividades de sus representantes en territorio iraní.

Los dos diplomáticos franceses fueron arrestados e interrogados durante varias horas el 19 de julio, lo que llevó al Ministerio de Exteriores de Francia a convocar al encargado de negocios de Irán en París para manifestar la “más firme condena” a lo que calificó como una agresión “premeditada y deliberada”.

París denunció agresiones contra sus representantes en la capital iraní, acusación que las autoridades de Teherán rechazaron. Según el Gobierno francés, ambos empleados de la embajada en Teherán están a cargo de programas de apoyo a la sociedad civil iraní, en especial a artistas y científicos.

Condena internacional

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, junto a cerca de treinta países, condenaron “con la mayor firmeza” las “continuas ejecuciones de manifestantes y el recurso de la pena de muerte” por parte de Irán. El pronunciamiento, difundido por el Ministerio de Exteriores de Francia, sostiene: “El recurso de la pena capital para silenciar a los disidentes, intimidar a las comunidades y castigar a quienes ejercen sus derechos fundamentales no puede justificarse bajo ningún concepto”.

El texto reivindica que la población iraní debe ser “libre de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica sin temor alguno”. Los países firmantes llamaron a la República Islámica de Irán a poner fin “de inmediato” al “uso de la pena de muerte”, liberar a “todas las personas detenidas arbitrariamente” y escuchar “la voz de su pueblo”, que, según la declaración, “reclama un cambio”.

Entre los firmantes figuran Francia, Canadá, Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Montenegro, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido, además de la propia Kallas.

(Con información de EFE)