Mette Frederiksen selló el lunes un acuerdo de gobierno que le garantiza un tercer mandato consecutivo como primera ministra de Dinamarca, una hazaña sin precedentes recientes en la política escandinava. Tras 70 días de negociaciones —el proceso más prolongado de formación de gobierno en la historia del país—, la líder socialdemócrata logró articular una coalición de centroizquierda que desplaza al ejecutivo hacia posiciones más progresistas, después de cuatro años apoyada en partidos de centroderecha.
El nuevo gobierno lo integran cuatro formaciones: el Partido Socialdemócrata de Frederiksen, el Partido Social Liberal (Radikale Venstre), la Izquierda Verde (Socialistisk Folkeparti) y los Moderados, liderados por Lars Løkke Rasmussen, hasta ahora canciller. La coalición suma 82 de los 179 escaños del Folketing, el parlamento danés, y gobernará en minoría. Para sacar adelante su agenda dependerá principalmente del apoyo externo de la Alianza Rojo-Verde, formación de extrema izquierda que no integrará el gabinete.
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Las elecciones del 24 de marzo dejaron un parlamento extraordinariamente fragmentado. Hasta 12 partidos obtuvieron representación, incluidas tres formaciones de ultraderecha, y ningún bloque alcanzó mayoría. Los socialdemócratas registraron su peor resultado desde 1903, aunque se mantuvieron como la fuerza más votada con 38 escaños. Durante semanas coexistieron intentos paralelos de formar gobierno desde la izquierda y desde el bloque liberal-conservador, sin que ninguno prosperara.

La agenda social fue el precio del acuerdo. El gobierno prometió atención dental gratuita en un plazo de diez años, transporte público gratuito para menores de 22 años y la eliminación del IVA sobre frutas y verduras. También se prevé reintroducir el feriado Store Bededag —el Gran Día de Oración—, suprimido en 2022 para financiar el gasto en defensa. La propuesta de un impuesto a la riqueza que Frederiksen enarboló en campaña quedó fuera del texto final.
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El documento programático de 70 páginas sitúa la soberanía del Reino de Dinamarca en el centro de la agenda exterior. “El gobierno se mantendrá firme en la soberanía del reino, su integridad territorial y el derecho a la autodeterminación”, señala el texto, en alusión a las presiones del presidente estadounidense Donald Trump, que desde enero reactivó sus demandas sobre Groenlandia, territorio ártico semiautónomo rico en minerales. Frederiksen y los líderes de la isla rechazaron las pretensiones de Washington, y ambos parlamentarios groenlandeses respaldaron el nuevo gobierno.
En materia de defensa, el ejecutivo asume el objetivo de la OTAN de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB en 2035, acordado en la cumbre de La Haya de junio de 2025. Dinamarca destinó el 3,34% de su PIB a defensa en 2025, una de las contribuciones más altas de la Alianza. El gobierno también ratificó su apoyo a Ucrania y el acuerdo bilateral de producción conjunta de armamento con Kiev suscrito en esa misma cumbre.
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La política migratoria no experimentará cambios de fondo. Frederiksen anunció que el ejecutivo deportará a más extranjeros condenados por delitos graves y avanzará en la creación de centros de deportación fuera de Europa. El modelo danés, uno de los más restrictivos del continente, es seguido de cerca por otros gobiernos europeos. Con este tercer mandato, Frederiksen tiene la posibilidad de convertirse en la primera ministra más longeva de Dinamarca desde la Segunda Guerra Mundial, si logra mantener la cohesión de una coalición que deberá gestionar simultáneamente las presiones externas, el coste de vida y las expectativas de una izquierda que lleva años esperando su turno.
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