
Jack Ma, el multimillonario cofundador de Alibaba, fue implicado en una campaña de intimidación organizada por el régimen chino, según documentos judiciales revelados por The Guardian. El objetivo de esta operación era presionar a un empresario, identificado únicamente como H, para que colaborara en la purga de un alto funcionario caído en desgracia, Sun Lijun, exviceministro de Seguridad Pública.
La estrategia desplegada por las autoridades de la autocracia comunista china combinó amenazas directas, coacción familiar y procedimientos legales internacionales.
En abril de 2021, Jack Ma realizó una llamada a H, residente en Burdeos, Francia, en la que intentó convencerlo de regresar a China. De acuerdo con las transcripciones presentadas en un tribunal francés, Ma expresó que había sido presionado por las autoridades de seguridad chinas para contactar a su antiguo conocido.
Durante la conversación, el empresario transmitió la oferta del régimen: si H regresaba y cooperaba, se le garantizaría inmunidad. “No tienes otra solución… el lazo se apretará cada vez más”, le advirtió Ma en la llamada, registrada por H. La víctima había comenzado a grabar a todos aquellos que lo llamaban, incluidos funcionarios, por su propia seguridad.

Los métodos de intimidación empleados por el régimen incluyeron un bombardeo de llamadas telefónicas de amigos y funcionarios de seguridad, la emisión de una notificación roja de Interpol y la detención de la hermana de H en China.
La presión psicológica fue intensa y sistemática, alternando promesas de clemencia con amenazas explícitas de represalias contra su familia. Según los documentos judiciales, estas tácticas formaban parte de una estrategia conocida como “guerra psicológica”, orientada a lograr la “voluntaria” repatriación de disidentes.
Mientras enfrentaba un proceso de extradición en Francia, H vio confiscado su pasaporte y se mantuvo bajo la amenaza de ser devuelto a China. Sin embargo, en julio de 2021, el tribunal de apelaciones de Burdeos rechazó la solicitud de extradición tras determinar que tenía un carácter político.
Posteriormente, la notificación roja emitida a través de Interpol fue retirada. Los abogados de H argumentaron que las acusaciones de blanqueo de capitales eran infundadas y estaban diseñadas para forzarlo a testificar contra Sun Lijun.

Aunque logró evitar su regreso forzoso a China, H sufrió consecuencias financieras graves. Incapaz de operar comercialmente o saldar deudas en su país natal, acumuló obligaciones financieras por un total de 135 millones de dólares, según medios chinos.
En paralelo, Jack Ma reapareció en la vida pública en China a principios de 2025, donde fue visto aplaudiendo al presidente Xi Jinping durante una reunión de líderes empresariales en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, gesto interpretado localmente como un acto de reafirmación de su lealtad al Partido Comunista Chino.
El empresario H, de 48 años y ciudadano de Singapur nacido en China, fue acusado en su país de origen de delitos financieros relacionados con la plataforma de crédito Tuandai.com. Según los documentos revisados por The Guardian, la policía china emitió cargos de blanqueo de capitales contra H en 2020, un año antes de la llamada de Jack Ma. La acusación sostenía que H había participado en el traslado al extranjero de fondos obtenidos ilícitamente por el fundador de Tuandai.com, quien fue condenado a 20 años de prisión por captación ilegal de fondos.
Durante el proceso judicial en Francia, los abogados de H aseguraron que su cliente desconocía el origen ilícito de los fondos y que su participación en la empresa se limitaba a una inversión legítima. En conversaciones registradas y presentadas ante el tribunal, H insistió en su inocencia, afirmando: “Nada de esto es verdad”.
El uso de la notificación roja de Interpol para intentar capturar a H fue objeto de críticas por parte de defensores de los derechos humanos y expertos legales. Según Rhys Davies, abogado británico especializado en represión transnacional, este mecanismo es “el rifle de francotirador de los autócratas”, permitiendo a regímenes autoritarios apuntar a opositores a distancia de manera efectiva.
El caso de H fue presentado como ejemplo de cómo el régimen chino no necesariamente busca la extradición formal, sino que utiliza la localización de individuos para incrementar las presiones sobre ellos y sus familias.
Ante las acusaciones, un portavoz de la embajada china en el Reino Unido negó las imputaciones, calificándolas como “puras fabricaciones” y aseguró que China respeta la soberanía de otros países y actúa dentro del marco legal en su cooperación judicial internacional. Por su parte, un portavoz de Interpol defendió la validez del sistema de notificaciones rojas, subrayando que cuentan con procedimientos estrictos y en constante revisión para evitar abusos.
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