El gobierno israelí revocó este martes su decisión de destituir al director de la agencia de seguridad interior Shin Bet, Ronen Bar, después de que la medida fuera bloqueada por la Corte Suprema y generara masivas protestas en el país, según un documento judicial.
La decisión, anunciada en un escrito presentado ante el máximo tribunal, marca el fin de un tenso enfrentamiento entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y uno de los principales responsables de la seguridad de Israel, en medio de acusaciones de motivaciones políticas y un profundo malestar por los fallos que permitieron los mortíferos ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.
“El Gobierno decidió revocar su decisión del 20 de marzo de 2025” de destituir a Bar, señala el documento judicial, al que tuvo acceso la agencia AFP. La Corte Suprema había congelado previamente la medida tras recursos presentados por la oposición y grupos civiles, que denunciaban una maniobra para evitar investigaciones sobre los errores de inteligencia previos al ataque de Hamas.
Un despido con trasfondo político
La destitución de Bar, anunciada inicialmente por Netanyahu, fue interpretada por críticos y analistas como un intento del primer ministro de controlar las narrativas sobre los fracasos de seguridad que llevaron a la peor matanza de civiles en la historia de Israel.
Bar, en documentos presentados ante la Corte Suprema, acusó a Netanyahu de basar su despido en argumentos “sin fundamento” y motivados por “intereses personales”. Además, sugirió que el verdadero objetivo era impedir que el Shin Bet investigara a fondo los eventos que condujeron al 7 de octubre, así como otros escándalos sensibles, incluido el llamado “Qatargate”, un caso de corrupción que involucra a ex asesores cercanos a Netanyahu.
El jefe del Shin Bet también alegó que el primer ministro presionó para que la agencia actuara contra manifestantes israelíes que protestaban contra su controvertida reforma judicial en 2023, algo que Netanyahu negó.
Protestas y división nacional
La decisión de destituir a Bar desató una ola de indignación en sectores de la sociedad israelí, que vieron en el movimiento un ataque a la independencia de las instituciones de seguridad. Durante semanas, miles de personas salieron a las calles en Tel Aviv y Jerusalén, coreando consignas contra Netanyahu y en defensa del Shin Bet.
La Corte Suprema, en un gesto inusual, intervino para frenar el despido mientras evaluaba su legalidad. La fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, había advertido de un “conflicto de intereses” en la decisión del gobierno, dado que el Shin Bet investigaba casos que podrían afectar políticamente a Netanyahu.
La renuncia anunciada y el rol del presidente Herzog
El lunes, Bar había anunciado que dejaría su cargo voluntariamente el próximo 15 de junio, asumiendo responsabilidad por los fallos de seguriad del 7 de octubre, aunque insistió en que su salida no debía interpretarse como un respaldo a las acusaciones en su contra.
“Como jefe de la organización, asumí la responsabilidad”, declaró durante una ceremonia en memoria de soldados caídos. Su dimisión, que evitaba un fallo definitivo de la Corte Suprema, fue interpretada como un gesto para aliviar la crisis institucional.
Sin embargo, el presidente israelí, Isaac Herzog, pidió este martes que no se “politice” al Shin Bet. En un mensaje en la red social X, Herzog elogió la labor de la agencia y advirtió: “No debe involucrarse en la política, y la política no debe involucrarse en él”.
Herzog también respaldó la creación de una comisión estatal independiente para investigar los errores del 7 de octubre, una medida que Netanyahu ha rechazado hasta que termine la guerra en Gaza.
Con la salida de Bar en junio, Netanyahu será el único alto funcionario israelí que permanece en su cargo a pesar de los devastadores ataques de Hamas. El ex jefe del Ejército, Herzi Halevi, renunció en marzo, y otros altos mandos militares y de inteligencia hicieron lo mismo en meses anteriores.
La revocación de la destitución de Bar parece ser un intento del gobierno por calmar las aguas en un momento de creciente descontento. Según analistas políticos citados por medios israelíes, el Ejecutivo busca evitar que el caso siga alimentando divisiones en medio de una guerra prolongada y una crisis de credibilidad.
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