Harry Roque, antiguo portavoz del ex presidente filipino Rodrigo Duterte, que se encuentra en Países Bajos tras ser detenido por orden del Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes contra la humanidad, ha anunciado este martes que ha iniciado los procedimientos para pedir asilo en el territorio neerlandés al considerar que su vida corre peligro si regresa a Filipinas.
“Anuncio formalmente que estoy pidiendo asilo aquí, en Países Bajos”, ha dicho Roque durante una rueda de prensa telemática difundida a través de su página de Facebook. Así, ha explicado que mientras su solicitud es procesada tendrá derecho a no ser devuelto a Filipinas bajo las normas del Derecho Internacional.
Roque, que también es abogado, se desplazó hasta Países Bajos después de que Duterte fuera detenido y ha sido acusado por el Departamento de Justicia filipino de estar implicado en un caso de tráfico de personas, según informaciones recogidas por el diario ‘Philippine Daily Inquirer’.
El caso contra el ex portavoz de Duterte se complicó a finales de 2024, cuando una comisión de la Cámara de Representantes filipina lo acusó de desacato por no acudir a diversas citaciones.
“No puedo ir a casa. Tengo que defender al presiente”, ha dicho ante la posibilidad de volver a Filipinas y hacer frente allí a los cargos impuestos en su contra. Duterte, por su parte, dice ser víctima de un “secuestro” y ha puntualizado que el caso en su contra es resultado de un simple “ajuste de cuentas” a nivel político.
Filipinas se incorporó al TPI en noviembre de 2011, pero en 2018 presentó una notificación de retirada que se hizo efectiva el 17 de marzo de 2019. No obstante, la corte ha mantenido la competencia respecto a los presuntos crímenes que se cometieron en el país mientras era Estado parte, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.
El ex presidente filipino Rodrigo Duterte participó este viernes de la primera audiencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya desde su detención esta semana y afirmó ser víctima de un “ajuste de cuentas político”.
“Mi nombre es Rodrigo, mi segundo nombre es Roa y mi apellido es Duterte, Du-ter-te”. Estas fueron de las pocas palabras que pronunció, con una dificultad aparente para hablar, el que fue alcalde de Dávao durante tres períodos diferentes entre 1988 y 2016, y después presidente de Filipinas hasta junio de 2022, épocas en las que habría sido responsable de asesinatos como crimen de lesa humanidad como parte de su ‘guerra contra las drogas’ en diferentes partes del país.
Después confirmó su fecha y lugar de nacimiento (la jueza tuvo que repetirle la pregunta), y su abogado tomó la palabra, para hablar en su nombre.
El ex mandatario compareció por videollamada y respaldó el argumento de su defensa, que asegura que fue secuestrado de su propio país y que está siendo juzgado injustamente.
“Hace dos días, el que fuera presidente de un país soberano fue introducido en un avión en lo que podría ser descrito como una entrega extrajudicial o, para la gente menos familiarizada con los términos legales, como un puro y simple secuestro” ordenado por “el actual presidente de Filipinas”, que busca “neutralizar” su “legado”, comenzó diciendo su abogado ante los magistrados de la Sala 1 de la CPI en La Haya.
Asimismo, lamentó que su cliente se encuentre recluido pese a los “problemas médicos que lo están debilitando”, así como su “déficit de audición”, y reclamó que se le permita el debido acceso al contacto con sus abogados, que aún no le han sido garantizados.
(Con información de Europa Press)
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