El presidente surcoreano destituido por el Parlamento, Yoon Suk-yeol, no acudió este miércoles a un interrogatorio al que había sido citado por la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés).
La investigación está relacionada con su controvertida decisión de declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre, alegando amenazas contra la democracia.
El lunes, el equipo conjunto de investigación –compuesto por la policía, el CIO y la unidad de investigación del Ministerio de Defensa– convocó a Yoon a comparecer en la sede del organismo anticorrupción en Gwacheon, al sur de Seúl. Sin embargo, el presidente no se presentó.
Este es el segundo caso en el que Yoon evita asistir a un interrogatorio. El pasado domingo, también ignoró una citación de la Fiscalía surcoreana, que lo investiga de manera paralela por los mismos hechos.
La Fiscalía advirtió que, si el mandatario destituido no se presenta antes del 21 de diciembre, podría solicitar una orden de arresto.
El CIO, por su parte, evalúa emitir una segunda citación y no descarta analizar si está en condiciones de solicitar también una orden de arresto, una medida que en principio solo corresponde a los fiscales.
Mientras tanto, funcionarios del equipo de investigación informaron que los servicios de seguridad presidencial están devolviendo las notificaciones enviadas a Yoon.
Al mandatario depuesto y otros miembros de su gabinete –incluyendo al ex ministro de Defensa Kim Yong-hyun, actualmente en prisión preventiva– se les investiga por amotinamiento, abuso de poder e insurrección, siendo este último el delito más grave.
En Corea del Sur, los casos de insurrección no otorgan inmunidad presidencial y pueden conllevar cadena perpetua o incluso pena de muerte, aunque esta última está bajo una moratoria desde 1997.
Las investigaciones buscan determinar si Yoon violó la Constitución al declarar la ley marcial y ordenar medidas excepcionales contra sectores de la oposición.
El sábado pasado, el Parlamento surcoreano destituyó a Yoon mediante una votación. La moción de juicio político contra Yoon fue aprobada por 204 votos a favor y 85 en contra en la Asamblea Nacional.
El tribunal constitucional tiene en sus manos el futuro político del mandatario. Dicho organismo, tendrá un plazo de hasta 180 días para decidir si ratifica su destitución o restaura sus poderes.
En caso de que se confirme su remoción, deberá realizarse una elección nacional para elegir a su sucesor en un plazo de 60 días. El primer ministro, Han Duck-soo, asumirá como presidente interino durante este período.
La votación del sábado fue el segundo intento del Parlamento para destituir a Yoon. La primera moción, presentada hace más de una semana, no prosperó debido a que la mayoría de los legisladores del gobernante Partido del Poder del Pueblo boicotearon la votación.
Sin embargo, el sábado pasado, varios legisladores oficialistas anunciaron que apoyarían la destitución ante el creciente descontento público, las protestas masivas y el desplome de la aprobación del presidente, que alcanzó niveles históricamente bajos.
Deliberaciones
El Tribunal Constitucional surcoreano ha remitido una serie de preguntas a Yoon Suk-yeol, relacionadas con su declaración de la ley marcial el 3 de diciembre y espera que el mandatario envíe las respuestas por escrito en los próximos días para poder iniciar las deliberaciones para ratificar o revocar su destitución.
En declaraciones realizadas este martes a los medios, uno de los seis jueces del Constitucional, Kim Hyung-du, explicó que el lunes se le envió una notificación a Yoon informándole de la recepción por parte del tribunal de la resolución sobre su destitución por parte de la Asamblea Nacional (Parlamento) el pasado sábado.
Kim indicó que está notificación contiene una solicitud para que Yoon remita a la corte respuestas por escrito antes del próximo 23 de diciembre.
Esa declaración por escrito de Yoon junto con la resolución parlamentaria se emplearán como punto de partida de las deliberaciones para ratificar o rechazar la destitución del mandatario tras su controvertida imposición de la ley marcial a principio de mes.
(Con información de EFE)
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