El Tribunal Constitucional de Corea del Sur inició este lunes el proceso para decidir sobre la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, quien fue apartado de su cargo tras su fallido intento de imponer la ley marcial. Este movimiento, que sumió al país en una crisis política sin precedentes, condujo a su remoción por parte del Parlamento el pasado sábado.
La Corte Constitucional dispone de un plazo de seis meses para determinar si se ratifica o no la destitución del mandatario. En caso de confirmarse, Corea del Sur deberá convocar nuevas elecciones dentro de los siguientes dos meses. Mientras tanto, el primer ministro Han Duck-soo ha asumido las funciones presidenciales de forma provisional.
El tribunal inició las audiencias a las 10:00, hora local, según confirmó un portavoz a la agencia AFP. Por otro lado, Yoon enfrenta restricciones de movilidad mientras se lleva a cabo una investigación en su contra por las implicaciones legales del decreto de ley marcial emitido el pasado 3 de diciembre.
La fiscalía anunció este domingo que Yoon se negó a atender un primer llamado para ser interrogado sobre las acusaciones de insurrección. Según la agencia Yonhap, se planea emitir un segundo citatorio, posiblemente esta misma semana.
Mientras tanto, las investigaciones han derivado en detenciones clave. Este domingo, la policía arrestó al actual y al anterior jefe del Comando de Inteligencia de Defensa por su presunta vinculación con los hechos.
Además, los fiscales solicitaron una orden de arresto contra Kwak Jong-keun, líder del Comando de Guerra Especial del Ejército, quien supuestamente ordenó el despliegue de tropas especiales en el Parlamento durante la ejecución del intento de ley marcial. Este despliegue provocó enfrentamientos entre las fuerzas militares y el personal parlamentario.
La destitución de Yoon ha polarizado a la sociedad surcoreana. Las protestas multitudinarias en Seúl se han convertido en un escenario de enfrentamientos entre quienes exigen su destitución definitiva y aquellos que lo respaldan. Los manifestantes de ambos bandos han prometido mantener la presión durante el tiempo que duren los procedimientos judiciales en la Corte Constitucional.
Entretanto, el líder del gobernante Partido del Poder Popular (PPP), Han Dong-hoon, ofreció su renuncia este lunes.
“Me disculpo sinceramente con todas las personas que han sufrido a causa del incidente de la ley marcial de emergencia”, expresó durante una conferencia de prensa en Seúl, tomando distancia de los hechos mientras manifestaba apoyo a la destitución de Yoon.
Por su parte, el presidente interino sostuvo una conversación con el presidente estadounidense Joe Biden, quien reafirmó los lazos bilaterales. Paralelamente, Han Duck-soo ordenó a las fuerzas armadas reforzar la vigilancia contra el régimen norcoreano de Kim Jong-un, con quien Corea del Sur sigue técnicamente en guerra.
Desde Pyongyang, los medios estatales calificaron a Yoon como un “cabecilla de la rebelión”. Según la agencia de propaganda del régimen comunista, el ex presidente habría intentado culpar a los partidos de oposición por el controvertido decreto. Además, los medios norcoreanos destacaron el caos político en el sur y señalaron que el destino de Yoon está en manos de una “Corte Constitucional títere”.
El parlamento surcoreano votó el sábado la destitución de Yoon con el aval de 204 de los 300 diputados de la Asamblea Nacional.
Al menos 200.000 manifestantes, según la policía, se congregaron ante el Parlamento, pese las temperaturas bajo cero, a la espera del resultado, y estallaron de júbilo al conocerlo.
Yoon, afirmó el sábado en un discurso televisado que dará “un paso al costado”y llamó a poner fin a la “política de los excesos y la confrontación”.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo el domingo que la destitución demuestra la “resiliencia democrática” de Corea del Sur.
(Con información de AFP)
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