El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó este miércoles a los jueces que emitieran una orden de arresto contra el jefe del régimen militar de Myanmar (Birmania) por crímenes cometidos contra la minoría musulmana rohinya del país.
El general superior Min Aung Hlaing, quien tomó el poder del líder electo Aung San Suu Kyi en un golpe de Estado en 2021, está acusado de crímenes contra la humanidad por la deportación y persecución de los rohinya.
Casi un millón de personas fueron forzadas a huir hacia el vecino Bangladesh para escapar de lo que ha sido denominado una campaña de limpieza étnica que involucra violaciones masivas, asesinatos y el incendio de hogares.
Desde un campo de refugiados en Bangladesh, el fiscal Karim Khan dijo en un comunicado que tiene la intención de solicitar más órdenes de arresto pronto para los líderes de Myanmar.
“Al hacerlo, estaremos demostrando, junto con todos nuestros socios, que los rohinya no han sido olvidados. Que ellos, como todas las personas alrededor del mundo, tienen derecho a la protección de la ley”, dijo el abogado británico.
Las acusaciones se derivan de una campaña de contrainsurgencia que el ejército de Myanmar comenzó en agosto de 2017 en respuesta a un ataque rebelde. Se dice que Hlaing, quien dirige los Servicios de Defensa de Myanmar, ordenó a las fuerzas armadas de Myanmar, conocidas como Tatmadaw, así como a la policía nacional, atacar a civiles rohinya.
Khan estaba en Bangladesh donde se reunió con miembros de la población rohinya desplazada.
Myanmar no pertenece a la CPI, pero Bangladesh sí. En 2018, los jueces de la corte dictaminaron que el fiscal podría investigar crímenes que se “completaron” en el territorio de un estado miembro, como la deportación forzosa.
En 2019, la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, solicitó formalmente abrir una investigación sobre la situación y los jueces dieron luz verde para investigaciones sobre “cualquier crimen, incluyendo cualquier crimen futuro” cometido al menos en parte en Bangladesh u otro estado miembro de la corte y vinculado a los rohinya.
Este movimiento allanó el camino para que Khan persiguiera crímenes más allá de forzar a hombres, mujeres y niños a cruzar la frontera y entrar en campos de refugiados.
La solicitud llega días después de que un poderoso grupo rebelde tomara una importante ciudad comercial en el noreste de Myanmar en la frontera con China, tomando control de un lucrativo centro de minería de tierras raras en otro revés para el gobierno liderado por militares.
El ejército tomó el poder del gobierno de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021, desencadenando una lucha intensificada con milicias armadas de larga data organizadas por grupos étnicos minoritarios de Myanmar en sus regiones fronterizas que han luchado durante décadas por más autonomía.
En 2022, la Corte Internacional de Justicia, el tribunal más alto de Naciones Unidas, avanzó un caso separado contra Myanmar presentado por Gambia alegando que la nación del sudeste asiático es responsable de genocidio contra los rohinya. Cinco países europeos y Canadá han pedido al tribunal que apoye a Gambia en los procedimientos.
Por Molly Quell (AP)
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