La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU denunció la “criminalización” de activistas que representa la condena impuesta en las últimas horas a 45 disidentes en Hong Kong, en línea con la Ley de Seguridad Nacional aprobada por China en 2020.
A través de su portavoz, Jeremy Laurence, el organismo dijo estar “profundamente preocupado por el uso de la Ley de Seguridad Nacional para condenar e imponer duras sentencias contra 45 personas en Hong Kong”, ya que el uso de estas normativas, por su naturaleza, “constituye una muestra de la criminalización de conductas protegidas por los Derechos Humanos”.
En ese sentido, sumó, la aplicación de esta Ley “tendrá un gran efecto disuasorio para muchos otros en Hong Kong, incluidos medios de comunicación, disidentes, legisladores, abogados, defensores de Derechos Humanos, estudiantes, académicos, blogueros y artistas”, y permitirá que el autoritarismo en el país solo siga aumentando.
Es por ello que Naciones Unidas instó a las cortes de apelación a que, en función de las “obligaciones internacionales” de Hong Kong, “revisen debidamente” los casos y que “todos aquellos que no cumplan plenamente con las normas de Derechos Humanos” sean anulados.
Asimismo, la Oficina aprovechó la oportunidad para instar a las autoridades a “derogar la Ley y, mientras tanto, suspender su aplicación”, para evitar futuros casos de esta misma naturaleza. “Cualquier legislación en materia de Seguridad Nacional debe ser clara en su alcance y definición, y solo permitir las restricciones a los Derechos Humanos que sean estrictamente necesarias para un propósito legítimo y proporcionado”, concluyó la portavoz.
Este martes, la Justicia de Hong Kong sentenció a 45 activistas disidentes a penas de hasta diez años de cárcel, en lo que se considera el mayor juicio celebrado bajo la Ley de Seguridad Nacional impulsada por el régimen de Xi Jinping cuatro años atrás.
Según los magistrados, el grupo -conocido como “Los 47 de Hong Kong”- cometió “actos de subversión contra el poder del Estado” en el marco de las elecciones de 2020, en las que la oposición empleó mecanismos independientes -como una primaria informal- para organizarse y tratar de hacerse con una mayoría prodemocrática en el Consejo Legislativo.
Sin embargo, el oficialismo consideró esta iniciativa como un intento de conspiración para paralizar el Gobierno y provocar una crisis constitucional, por lo que detuvo a estas personas y, en las últimas horas, las sentenció a pasar tiempo tras las rejas.
Tras conocerse la noticia, la Unión Europea también expresó su malestar por esta muestra de autoritarismo y represión, y consideró el hecho como “otro golpe sin precedentes” contra “las libertades fundamentales, la participación democrática y el pluralismo”.
La oficina del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), liderada por Josep Borrell, aseguró estar “profundamente” preocupada por esta persecución por “motivos políticos” que, como consecuencia, dejará a decenas de inocentes “castigados, en muchos casos con duras penas de prisión, por una actividad política pacífica que debería ser legítima en cualquier sistema político que respete los principios democráticos básicos”.
Esto “socava aún más la confianza en el Estado de derecho consagrado en la Ley Básica de Hong Kong y, por tanto, en las obligaciones jurídicas internacionales de Hong Kong y de la República Popular de China”, advirtieron los Veintisiete.
(Con información de EFE y Europa Press)
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