Deborah Ruiz, funcionaria de la CPI, destacó la ratificación de Ucrania al Estatuto de Roma: “Es una señal para las víctimas hacia el resarcimiento de los daños”

El pasado miércoles 21 de agosto, el Parlamento de Ucrania ratificó el Estatuto de Roma, tomando así el paso esencial para convertirse en el país en el miembro número 125 de la Corte Penal Internacional (CPI). Oleksandr Merezhko, diputado de Servidor del Pueblo, el partido del presidente Volodímir Zelensky, calificó esta decisión como un paso “histórico” en la búsqueda de justicia por parte de Kiev a dos años y medio del inicio de la invasión rusa ordenada por Vladimir Putin.

La mexicana Deborah Ruiz Verduzco es la actual directora ejecutiva del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas de los crímenes que castiga la Corte Penal Internacional (CPI), cargo que asumió el 1 de mayo de 2023. En diálogo con Infobae, explicó los objetivos del Fondo y las implicaciones de la adhesión de Kiev a la CPI para la reparación de las víctimas de la guerra en Ucrania.

Según consideró, la decisión del Parlamento ucraniana “es una señal hacia las víctimas de un compromiso pleno de Ucrania hacia el resarcimiento de los daños de las víctimas”

-Para empezar, me gustaría consultarle sobre el Fondo Fiduciario que usted dirige. ¿En qué consiste, cuáles son sus tareas y sus principales objetivos?

-Cuando se crea el Estatuto de Roma en 1998 y se establece la Corte Penal Internacional en 2002, se reconoce que determinar qué crímenes se cometieron, quién los cometió y castigar a los responsables es esencial. Pero también es que la justicia debe considerar lo vivido por las víctimas. Entonces, el Estatuto de Roma incorpora diversas modalidades que hacen de la CPI un tribunal centrado en las víctimas. Esto se traduce en que las víctimas pueden participar y ser parte de los procesos, tienen acceso a protección, y un elemento central, es que tienen derecho a reparaciones cuando los jueces así lo ordenan, en los casos que son condenados por la Corte. Este componente de las reparaciones conlleva el principio, por un lado, de que el proceso judicial es un acto de reconocimiento al daño sufrido. Por el otro lado, que la justicia también conlleva reconocer y atender el impacto de los crímenes en las víctimas: ver el pasado, ver su condición presente y de contribuir hacia el futuro de las víctimas y de sus comunidades. El Fondo Fiduciario de Víctimas es una de las piezas clave para realizar las reparaciones en la CPI. Nuestro mandato es movilizar recursos, diseñar programas de reparacion y ponerlos en practica. En un principio, las órdenes de reparación son financiadas por las personas que fueron condenadas. El marco jurídico dispone que sus bienes deberán ser confiscados y esos bienes, en caso de que hayan sido condenados, serán puestos a disposición del Fondo de Víctimas para el pago de las reparaciones. Pero en los casos en los que no haya bienes suficientes o que la persona condenada no tenga los recursos para hacer frente al pago de las reparaciones, el Fondo Fiduciario – de manera complementaria- debera garantizar que haya recursos para pagar las reparaciones. Esto se logra por medio de acciones de recaudacion de fondos. También llevamos la bandera de la voz de las víctimas y visibilizamos cómo los crímenes dañan a las víctimas. El Consejo Directivo del Fondo puede también decidir crear programas que también beneficien a las víctimas de manera paralela a los procesos judiciales en curso. Nuestra tercera área de funciones, que está relacionada con nuestra experiencia al implementar estos programas, es la puesta a disposición para que obren de catalizador para otras iniciativas a nivel nacional.

-Cuando hablamos de reparación, ¿solo hablamos en términos económicos y financieros, o la reparación también se puede dar en otras áreas, como por ejemplo la reparación psicológica?

-El concepto de reparaciones ha sido desarrollado en la jurisprudencia de la CPI basado en el Estatuto de Roma y en el análisis que los jueces han hecho de cómo los crímenes han afectado a las víctimas. Entonces, los casos que han sido condenados reconocen que hay daños psicológicos; hay daños físicos, también existen daños económicos, destrucción de vivienda, impedimento de ejercer una función laboral por causa de las afectaciones médicas o por desplazamiento. Los jueces han reconocido también daño intergeneracional, y las afectaciones de niños y niñas y de víctimas de violencia sexual han sido consideradas. Se ha reconocido también daño moral, y el estigma sufrido por las víctimas. Para atender esos daños, que son ampliamente documentados en el proceso judicial y en la fase de reparaciones, los jueces han seguido el marco internacional de derechos humanos que incluye la compensación, la restitución, la rehabilitación y la satisfacción. Entonces las órdenes de reparación en general han cubierto estas cuatro áreas. Cada caso tiene sus peculiaridades, pero en las 5 órdenes de reparación emitidas hasta la fecha, entre las cuales hay caso de 300 personas, pero otros de 20,000 o más de 50,000 víctimas por caso, se han incluido pagos de dinero como compensación o como reconocimiento simbólico, diversos servicios, así como iniciativas de reconstrucción social, memoria y reconocimiento.

-En el caso de Ucrania, ¿a quiénes van dirigidas las acciones del Fondo? Es decir, ¿quiénes son consideradas víctimas? ¿Familiares de fallecidos, personas desplazadas, ucranianos que requieran de asistencia psicológica?

-Para la CPI, “víctimas” son personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte. También incluye organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos a alguno de sus bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia y a sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares y objetos que tengan fines humanitarios. Pero en específico, quién es la víctima varía depende de la fase judicial en la que uno está. Es decir, a nivel de la situación de Ucrania podemos hablar de cualquier persona afectada por un crimen comprendido por el Estatuto de Roma. Cuando vamos al nivel del caso, ahí depende de lo que el fiscal esté investigando. Entonces, pongamos el caso de Ucrania. Tenemos la orden de arresto en contra de Putin y de su Consejera en temas de niños, y ese caso se enfoca en la deportación ilegal de niños. Las víctimas son los niños mismos, pero también pueden ser sus familiares como víctimas, ya sea directas o indirectas, así como terceros que pudieran ser afectados. Depende de qué es lo que el caso decida, qué es lo que el fiscal decida, qué conductas busca el fiscal que conllevan el crimen. Ha habido casos en la Corte donde se condena la destrucción de propiedad cultural protegida, como templos religiosos, tal como sucedió en Timbuctu, en Mali en donde diversas propiedades fueron destruidas por milicias islámicas, y esta destrucción conlleva un crimen de guerra. Entonces el edificio fue dañado, pero los jueces reconocieron que la víctima del caso fueron el estado de Mali, las personas que murieron durante el ataque contra los edificios, pero tambien la comunidad alrededor de esos edificios que se beneficiaba histórica, religiosa, cultural y economicamente de sus templos. Entonces estamos hablando de un término que es definido con base en proceso judicial. Quienes terminan siendo los beneficiarios de las reparaciones son víctimas que los jueces determinan que cumplen ciertos parámetros para recibir esa reparación.

-Ahora sí nos meternos de lleno en el caso de Ucrania. Primero, para darle contexto a la decisión de Kiev, ¿qué es el Estatuto de Roma, y por qué es importante la adhesión de Ucrania?

-El Estatuto de Roma es un tratado internacional adoptado el 17 de julio de 1998 que resulta en el establecimiento de la Corte Penal Internacional en 2002. La ratificación del Estatuto y la adhesión al Estatuto son requeridas para que la Corte pueda tener jurisdicción en los actos cometidos en los territorios, o por los nacionales de los Estados Unidos. A la fecha, 124 países han ratificado el Estatuto. Ucrania tiene una relación próxima con la Corte desde 2000, cuando firmó el Estatuto de Roma, y en 2007, cuando, aun no siendo parte de la Corte, se adhirió a un acuerdo de reconocer los privilegios e inmunidades de la Corte y su personal. En 2016, adoptó también una reforma constitucional que reconoce al Estatuto de Roma en el orden interno. Pero no se había ratificado. Sin embargo, hay otros modos para activar la jurisdicción, como a través de una resolucion adoptada por el Consejo de Seguridad. También, es posible que ciertos estados den jurisdicción a través de declaraciones, como lo había hecho Ucrania a través de dos declaraciones de 2014 y de 2015 que fueron hechas en reacción a la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa. Y luego se da la invasión de 2022. Estas declaraciones abren el camino para que la CPI pueda investigar crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra en el territorio de Ucrania o cometidas por sus nacionales, y Ucrania a través de sus declaraciones tenía la obligación de cooperar con la Corte Penal y de coadyuvar en todas las investigaciones que la Corte estaba realizando en relación con Ucrania. Es por eso que el fiscal emitió ya 6 órdenes de arresto. Pero esa relación era ad hoc, y era de alguna manera incongruente, pues Ucrania se beneficia de la Corte, pero no se une a ella, y es importante la validación de la CPI, y la coherencia. La ratificación refuerza la idea de que la Corte Penal se estableció para ser universal, para ser permanente y no para ser ad hoc. Es decir, no para ser utilizada solamente cuando me conviene, solamente cuando estoy afectado, sino de alguna manera no solo ver el presente de Ucrania, sino también ver hacia el futuro de decir ‘queremos que esta institución sea fuerte y exista hacia el futuro y nos proteja a nivel global’. Ahora, por ejemplo, Ucrania al volverse Estado parte también tienen la obligación de colaborar en las investigaciones que la Corte realiza sobre otras situaciones en otros casos, podrá elegir jueces, deberá contribuir al presupuesto regular de la Corte y podrá participar como igual con los otros 124 Estados. Esto tiene un elemento simbólico, político, de coherencia y de validación, de legitimidad de la Corte Penal.

-¿Y para las víctimas por qué es importante esta ratificación?

-Desde la declaración ad hoc, las víctimas ya tenían la posibilidad de acceder a los mecanismos de beneficio para ellas, como son la participación en los casos, los programas de asistencia y los programas de reparación en caso de condena. Es decir, la ratificación no hace un cambio práctico, pero da este ímpetu que nos va a permitir establecer una relación con Ucrania como Estado Parte que facilite y que haga más coherente el sistema al que las víctimas van a tener acceso. Es decir, las víctimas van a poder tener acceso a mecanismos de reparación o de compensación dentro de Ucrania. El gobierno de Ucrania está desarrollando estos mecanismos. También fuera de Ucrania, a través de la Corte o a través del Registro de Daños, o a través de otros mecanismos internacionales. Entonces esta ratificación, en mi opinión, es una señal hacia las víctimas, de un compromiso pleno de Ucrania hacia el resarcimiento de los daños de las víctimas. Y ese ímpetu político que siempre puede tener un impacto práctico para beneficio de las víctimas.

-Y en cuanto al Fondo Fiduciario, ¿esto cómo impacta en su proceso de trabajo?

-A nivel formal, el Consejo Directivo del Fondo está integrado por individuos elegidos por la Asamblea de los estados parte que conforman la CPI. Entonces Ucrania podría elegir nominar algun/a candidato/a y si la Asamblea aprueba tener un miembro del Consejo Directivo, si así lo desean. Las contribuciones financieras de Ucrania van a contribuir a las operaciones del secretariado. Y para los programas en Ucrania, ciertamente genera un ímpetu para acelerar el trabajo preparativo que estamos realizando para iniciar programas de asistencia.

-Hace unos meses usted estuvo en Ucrania. ¿Qué objetivo tuvo ese viaje, que actividades desarrollaron allá?

-El Consejo Directivo del Fondo de víctimas nos ha instruido al Secretariado a poner en marcha las consultas para las preparaciones para un programa de asistencia para las víctimas en Ucrania y esta fue la primera misión para lanzar esas consultas, para explorar con las autoridades ucranianas su interés, el espacio, el grado de colaboración y de interés hacia la acción del Fondo. Hay muchos actores proveyendo diferentes foros de asistencia a Ucrania, y es importante que la acción del Fondo sea coherente y esté coordinada y añada valor a otros esfuerzos que se están realizando. El viaje tuvo el objetivo de entender qué acciones están tomando las autoridades ucranianas para apoyar a las víctimas en las áreas en las que también el Fondo podría apoyar. Entonces ese fue el punto central del diálogo.

Al acompañar al secretario de la Corte, también se habló del dictamen de la ratificación, que la sociedad civil de Ucrania ha impulsado desde el 2000. Se explicó la importancia de dicha ratificación. Estoy contenta de pensar que ese diálogo haya podido contribuir a los esfuerzos que muchos han puesto para generar las condiciones para la ratificación.

-Para finalizar, ¿Cuál es tu evaluación como directora del Fondo de la respuesta de la comunidad internacional para la reparación de las víctimas en Ucrania?

-La respuesta en Ucrania ha sido una en la que el propio Estado, el gobierno de Ucrania, ha reconocido esta necesidad de reparación. También se ha creado un Registro de Daños que va a coadyuvar a resarcir estos daños y es importante que haya una buena coordinación y una coherencia entre lo que van a hacer las autoridades nacionales, lo que va a ser el registro de daños, y lo que puede hacer el Fondo de víctimas de la CPI. Entonces estamos en diálogos con estas dos partes, y el apoyo de la comunidad internacional para este sistema de apoyo a las víctimas va a ser esencial. Es importante que, además del apoyo a la defensa de Ucrania, los estados reconozcan que para que las víctimas tengan reparaciones debe haber recursos disponibles, y no solo para la situación en Ucrania, sino también para las otras situaciones donde la Corte tiene jurisdicción.