El presidente de Taiwán, William Lai (Lai Ching-te), anunció este lunes que pedirá una interpretación del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del polémico paquete de reformas ratificado el viernes por el Parlamento, de mayoría opositora, puesto que podría “poner en riesgo” la separación de poderes.
“El presidente es el guardián de la Constitución democrática y, dado que estas enmiendas plantean dudas de inconstitucionalidad y confunden las disposiciones de separación de poderes y supervisión de la Constitución, como presidente tengo el deber ineludible de actuar”, manifestó el mandatario desde el Palacio Presidencial de Taipéi.
Durante su discurso, Lai aseguró que este mismo lunes firmará la promulgación del paquete de enmiendas ratificado el viernes pasado por el Yuan Legislativo (Parlamento), con el que se incrementará la capacidad de supervisión de los legisladores sobre el Ejecutivo.
Impulsadas por el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), fuerzas favorables a estrechar los lazos entre Taiwán y China, las reformas refuerzan los poderes de investigación del Parlamento y otorgan a sus miembros la capacidad de convocar audiencias públicas, al tiempo que obligan al presidente a pronunciar un discurso anual sobre el estado de la nación ante los legisladores, algo opcional hasta ahora.
Lai aclaró que no se opone a las reformas del Parlamento, sino a la “expansión de poderes” de sus miembros “de forma arbitraria”, y por ello pedirá al Tribunal Constitucional que emita un fallo para confirmar la “constitucionalidad” y “legitimidad” de estas medidas.
“La Constitución es la ley fundamental del país, y el Tribunal Constitucional es la máxima autoridad judicial para mantener el orden constitucional y proteger los derechos de los ciudadanos. Cualquiera que sea el resultado de la interpretación constitucional, todas las partes deben respetarlo y aceptarlo y también espero que toda la sociedad lo apoye”, aseveró el mandatario.
Lai, que también se desempeña como líder del soberanista Partido Democrático Progresista (PDP), optó por devolver las reformas a la Cámara para su reconsideración el pasado 11 de junio, después de que fueran aprobadas en tercera lectura el 28 de mayo, argumentando que confiaba en lograr un “amplio consenso sobre la legitimidad y constitucionalidad” de las propuestas, ya que eran “difíciles de implementar”.
Sin embargo, las enmiendas volvieron a salir adelante el viernes pasado con los votos positivos del KMT, el PPT y de otros dos legisladores independientes, pero alineados con el KMT, quienes suman 62 de los 113 escaños del Yuan Legislativo.
Ese mismo día, el coordinador del grupo parlamentario del PPT, Huang Kuo-chang, avanzó que los miembros de su partido emplearán sus nuevos poderes de investigación para “exigir” al PDP “que dé explicaciones a la ciudadanía sobre los casos de corrupción pasados”.
Si finalmente el Tribunal Constitucional confirma la legalidad de estas reformas -lo que demorará varios meses-, estas podrían emplearse como arma arrojadiza contra el presidente y los miembros de su gabinete, en un momento particularmente tenso en las relaciones entre Taiwán y China, que considera a la isla -autogobernada desde 1949- como una “provincia rebelde”.
China no tiene derecho sobre Taiwán
Lai Ching-te, afirmó también este lunes que China “no tiene derecho de castigar” a la población de la isla, luego de que Beijing advirtió que podría aplicar la pena de muerte contra los defensores de la independencia taiwanesa.
China publicó el viernes nuevas orientaciones judiciales que incluyen la pena de muerte para casos “particularmente serios” de defensores “a muerte” de la independencia taiwanesa, indicó la prensa estatal.
Consultado sobre esas orientaciones, Lai comentó: “China no tiene derecho de castigar al pueblo de Taiwán por lo que defiende. China no tiene derecho de buscar imputar al pueblo taiwanés”.
China afirma que Taiwán es parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para retomar el control de la isla.
(Con información de EFE y AFP)