El bloqueo de un artículo del New Yorker genera debates sobre la libertad de prensa en el Reino Unido

Un detallado artículo de The New Yorker sobre el caso de Lucy Letby, una enfermera condenada a cadena perpetua por la muerte de bebés prematuros en un hospital del Reino Unido, ha sido bloqueado para los lectores en Inglaterra y Gales, una decisión que alimentó el debate sobre la libertad de prensa y las leyes sobre el trabajo periodístico en el país.

Es que la decisión de bloquear el artículo no se debe a la veracidad de la información —el New Yorker es uno de los medios más reputados y rigurosos del mundo— sino a una orden judicial que busca evitar que la información influya en futuros jurados, dado que algunas acusaciones del primer juicio están pendientes de reevaluación.

Esto ha causado controversia sobre las leyes de desacato y la libertad de prensa en el Reino Unido, según explica la periodista María Ramírez en un análisis de la cuestión publicado en el medio español elDiario.es.

En el país, explica Ramírez, ni se podría hablar del caso del New Yorker si no fuera porque el diputado conservador David Davis cuestionó el bloqueo del artículo utilizando el “privilegio parlamentario” para preguntar al ministro de Justicia sobre el bloqueo, calificándolo de “un desafío a la justicia abierta”.

No obstante, Alex Chalk, ministro de Justicia, defendió la necesidad de obedecer las órdenes de los tribunales y señaló que hay procedimientos para apelar contra estas restricciones.

Los límites a lo que se puede publicar sobre juicios en curso se debe a una ley de desacato a la justicia de 1981 que es particularmente estricta y afecta a la prensa desproporcionadamente. La situación se agrava por el alcance global de Internet, donde la información sobre los casos puede aparecer fuera del control de las leyes locales.

Polly Rippon, profesora de Periodismo en la Universidad de Sheffield, mencionó a elDiario.es que “ya no se puede impedir que la gente comente sobre los procedimientos en curso porque Internet está ahí y todo el mundo comenta sobre todo. Tienes a gente haciendo TikToks sobre los procedimientos judiciales y no saben que están cometiendo desacato”.

“La ley en el Reino Unido es bastante restrictiva, ciertamente más que en Estados Unidos”, agregó Rippon al medio español. “En Estados Unidos está el caso penal de Donald Trump en marcha y se le permite salir del tribunal y dar una rueda de prensa en las escaleras del tribunal. Y eso obviamente nunca sucedería en el Reino Unido. El acusado no puede salir a hacer declaraciones en medio del juicio”.

Por eso, el Ministerio de Justicia británico está revisando la legislación vigente para adaptarla a los tiempos digitales, con la esperanza de presentar nuevas propuestas este verano boreal, las cuales dependerán del nuevo Gobierno tras las elecciones que se realizarán en julio.

Otra seria restricción de la prensa británica es la censura previa dictada por tribunales. Frecuentemente, la prohibición se aplica para evitar la difusión de detalles antes de que se hagan públicos al tener la persona o entidad afectada información sobre la investigación. Esto también protege especialmente a personas con recursos suficientes para iniciar procesos legales para solicitar vetos a las publicaciones.

Esta fue una de las razones, explica Ramírez, de las dificultades de la prensa británica para abordar durante años temas como las acusaciones de acoso sexual contra el cómico y ex presentador de la BBC Russell Brand o los negocios del oligarca ruso Roman Abramovich. Publicar el nombre de un investigado por violación puede desafiar la ley, como ocurrió hace unos meses con el Sunday Times y Politico.

De todas maneras, la mayor amenaza para el trabajo periodístico en el Reino Unido son las estrategias legales conocidas como SLAPP (querellas estratégicas contra la participación pública, por sus siglas en inglés), que son utilizadas para silenciar a periodistas y medios gracias a una la ley por difamación que pone la carga de la prueba en ellos, obligándolos a defenderse en juicios largos y costosos frente a demandantes poderosos y con recursos muchas veces ilimitados.

“Este es una gran problema… Las personas ricas y poderosas pueden permitirse el lujo de iniciar este tipo de demandas y pedir medidas cautelares estratégicas contra los editores”, dijo Rippon, la profesora de la Universidad de Sheffield, al medio español.

Estas demandas son particularmente comunes en el Reino Unido y preocupan a organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de prensa.

Carlos Gaio, consejero delegado de Media Defense, una organización que ayuda a reporteros y medios en todo el mundo, comentó al Diario.es que “el uso del sistema legal contra los periodistas y los medios independientes en el Reino Unido y más allá” es una preocupación creciente.

“Esto es algo que hemos visto en varias jurisdicciones, y en los últimos cinco años más que nunca. Es muy común en América Latina y en parte de Europa y en África, donde individuos poderosos y empresas lograr evitar la publicación”.

En respuesta a la creciente preocupación con respecto a este tema, el Gobierno británico ha propuesto una ley para frenar las SLAPP. El objetivo es evitar que estas querellas se utilicen para intimidar y agotar a quienes critican o exponen la corrupción. La aprobación de esta ley dependerá de la nueva composición del Parlamento tras las elecciones.