Un escandalo de presunta corrupción sacudió este martes el tablero político de Italia a un mes de las elecciones europeas. Giovanni Toti, presidente de la región de Liguria y aliado del gobierno de Giorgia Meloni, y el ex director del puerto de Génova, Paolo Emilio Signorini, fueron detenidos en el marco de una investigación por denuncias de corrupción que también apuntan a autoridades que presuntamente tienen vínculos con la mafia.
La investigación de la fiscalía genovesa y la policía financiera italiana apunta al que parece ser un aceitado sistema en la turística región del noroeste que preveía favores a empresas y empresarios a cambio de dinero y regalo lujosos. Casi un nuevo mani pulite a orillas del Mediterráneo.
La fiscalía está investigando a diez personas por este caso, incluyendo a Toti, presidente de Liguria desde 2015 y a punto de concluir su segundo mandato, y Signorini, que fue presidente hasta agosto de 2023 de la Autoridad Portuaria de Génova, el más importante puerto de Italia.
En la gran operación desarrollada esta madrugada por los agentes de la policía financiera italiana se incautaron 570.000 euros tanto en dinero como en bienes de tres de los empresarios involucrados en la trama.
Las acusaciones
Toti, de 55 años, está bajo arresto domiciliario acusado de haber aceptado 74.100 euros (79.700 dólares) para su campaña del conocido empresario Aldo Spinelli y de su hijo Roberto, a cambio de favores.
Entre ellos figuraban, supuestamente, acelerar la renovación por 30 años del arrendamiento de una terminal portuaria de Génova a una empresa controlada por la familia Spinelli, aprobada en diciembre de 2021. Cinco días después de la renovación, salieron de cuatro empresas de Spinelli transferencias por un total de 40.000 euros para el comité electoral de Toti.
Sobre la mesa también había concesiones en autopistas locales, además de favores publicitarios y privatizaciones de espacios públicos.
Según los investigadores, Toti “facilitó” la tramitación para construir un complejo de viviendas de lujo en Punta del Olmo, un enclave natural junto al mar a unos 40 kilómetros de Génova, así como “encontrar una solución” para privatizar la playa que se encuentra junto al mismo. Operación, dice la Fiscalía, exitosa. En efecto, desde hace un par de años en la zona comenzaron las obras para la operación inmobiliaria, valuada en cien millones de euros.
Por su parte, Signorini, que actualmente dirige la empresa de servicios energéticos Iren, está acusado de haber favorecido a Spinelli a cambio de beneficios que incluían dinero en efectivo, 22 estancias en un hotel de lujo de Montecarlo -con fichas de casino, masajes y tratamientos de belleza- y artículos de lujo, entre ellos una pulsera Cartier de 7.200 euros, y un bolso de Chanel.
Al ex jefe del puerto, que fue encarcelado tras su detención, también se le prometió un puesto de trabajo de 300.000 euros al año cuando finalizara su mandato, según los fiscales.
A cambio, Signorini habría concedido favores a Aldo Spinelli, entre ellos trabajar para acelerar la renovación de la concesión portuaria de la familia.
Los Spinelli también están acusados de corrupción: Aldo, ex presidente de los clubes de fútbol Génova y Livorno, está bajo arresto domiciliario y su hijo Roberto tiene prohibido temporalmente realizar negocios.
En otra vertiente de la investigación, Matteo Cozzani, jefe de gabinete de Toti y su director de campaña en 2020, está bajo arresto domiciliario por acusaciones de “corrupción electoral” y favoreció presuntamente la actividad de “Cosa Nostra”, la mafia de Sicilia.
Como coordinador regional durante las elecciones locales de 2020, se lo acusa de prometer puestos de trabajo y viviendas públicas a cambio de los votos de al menos 400 miembros de la comunidad siciliana de Génova.
Implicaciones políticas
Toti es un político de derecha que perteneció al partido Forza Italia (FI) y que ahora es independiente. Periodista durante años en el imperio mediático de Silvio Berlusconi, fue muy cercano al fallecido primer ministro, de quien llegó a ser considerado el delfín. Tras ejercer como eurodiputado, en 2015 fue elegido presidente de la región de Liguria, en el noroeste, un cargo por el que fue reelegido en 2020.
Tras salir de Forza Italia, fundó un partido centrista -“Nosotros con Italia”- que concurrió en las elecciones generales de septiembre de 2022 en la victoriosa coalición de derecha, formada por los ultraderechistas Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, la Liga de Matteo Salvini y FI de Antonio Tajani.
Junto a otras pequeñas formaciones de centro, el partido de Toti es un importante aliado de la primera ministra Meloni aunque no está representado en el Consejo de Ministros.
Por eso, tras conocerse la noticia los líderes de la derecha llamaron a la cautela y al respeto a la presunción de inocencia de Toti.
“Para mí no es suficiente la iniciativa de un juez para sentenciar a alguien. Espero solo que se aclare todo lo antes posible”, dijo el actual viceprimer ministro Matteo Salvini.
Asimismo, el también vicepresidente y líder actual de Forza Italia, Antonio Tajani, sucesor de Berlusconi, expresó su “convicción” de que Toti “hará de todo para demostrar su inocencia”.
Al cierre de esta nota, Meloni todavía no se pronunció sobre el caso, que podría perjudicar a la coalición de derecha —que actualmente lidera las encuestas por amplio margen— de cara a las elecciones europeas del 8 y el 9 de junio.
La oposición pidió en cambio la dimisión de todo el gobierno regional.
“Toti debería dimitir y debería haber nuevas elecciones inmediatamente. Lo que se desprende de las investigaciones de la comisión de investigación certifica una forma repugnante de hacer política, cuyo único objetivo es la gestión y el reparto del poder”, dijo el Partido Democrático, la principal formación opositora.
“Hoy en Italia hay un problema de cuestión moral, hay una tarifa, de norte a sur, se paga por un voto en campaña electoral, desde diez o veinte euros hasta cincuenta euros por voto. Tenemos que regenerar la política desde dentro”, dijo por su parte Giuseppe Conte, líder del también opositor Movimiento Cinco Estrellas.
Mientras tanto, Toti se presentó a las oficinas de Génova de la policía de delitos financieros para ser interrogado. Su abogado, Stefano Savi, dijo a los periodistas que “actualmente está tranquilo y convencido de que puede explicarlo todo”. Dijo que Toti no estaba considerando dimitir, insistiendo en que los hechos planteados por los fiscales estaban “dentro del ámbito de la actividad administrativa legítima”.
Por el momento será reemplazado en el cargo por su vice Alessandro Piana.
El delito de soborno en el caso de un funcionario público se castiga en Italia con la pena de prisión de tres a ocho años. Por el momento, sin embargo, Toti sólo está siendo investigado: si el Fiscal solicitara una acusación, será el juez quien deberá decidir si hay elementos suficientes para ir a juicio. Sólo entonces se empezará a evaluar posibles absoluciones o condenas, en un proceso que puede llevar años.