El Gobierno de Ucrania comunicó este miércoles por medio de un decreto la destitución del jefe de Ciberseguridad del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Illia Vitiuk, quien está siendo investigado por corrupción.
El caso contra las finanzas personales del ahora ex funcionario se remonta a principios de mes cuando, el 4 de abril, el medio de investigación Slidstvo.Info expuso que su familia había aumentado sus ganancias significativamente desde su designación en el cargo. También, señaló que el matrimonio se hizo con varios bienes inmuebles por unos USD 645.000, entre ellos, uno un departamento en un complejo residencial de lujo en Kiev que su esposa adquirió por debajo del precio del mercado.
Desde entonces, la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción lleva vigilando al funcionario.
Sin embargo, luego de que el periodista a cargo de la investigación denunciara represalias contra su persona de parte del SBU, en conjunto con agentes de alistamiento para la guerra, el organismo anunció la suspensión de Vitiuk en tanto se esclarecen los hechos.
La Fiscalía ya abrió una causa penal por posible abuso de funciones y obstrucción de las actividades profesionales de un periodista.
Ucrania tiene un largo historial de corrupción por lo que, inclusive, en 2021 ocupó el puesto 122 de 180 en el índice elaborado por Transparencia Internacional.
Otro de los casos más polémicos del último tiempo es el del ministro de Agricultura, Mykola Solsky, también señalado de formar parte de una trama que se habría apropiado de manera ilegal unas 2.500 hectáreas de tierras pertenecientes al Estado, antes de su llegada a la cartera. Su monto total, según estimó la Oficina Anticorrupción, asciende casi a los siete millones de euros.
También, el organismo lo investiga por intentar transferir otro lote de tierras de forma ilegal, en este caso, valuadas en cerca de 4,5 millones de euros.
Todos estos hechos ocurrieron entre 2017 y 2021, cuando Solsky se desempeñó al frente del Comité para la Agricultura y las Políticas sobre Tierras del Parlamento ucraniano, previo a su designación en el Ministerio.
A raíz de estas sospechas, el Tribunal Supremo en la materia dictó el pasado viernes una orden de arresto preventivo por sesenta días que, no obstante, es eludible con el pago de una fianza de 1,78 millones de euros.
Por otro lado, el último año se conocieron también despidos dentro del Ministerio de Defensa vinculados a la compra irregular de equipamiento militar en el marco de la guerra con Rusia, que ascendería a unos 36 millones de euros.
Según la investigación iniciada por el SBU, un funcionario de la cartera firmó un contrato para la compra de un cargamento de proyectiles de artillería pero esos fondos nunca fueron transferidos a la cuenta de la empresa extranjera que los proveería. Más tarde, la Oficina de Adquisición anunció la firma de un contrato más ventajoso para adquirir los mismos proyectiles directamente del proveedor aunque se hizo caso omiso a este pacto y se avanzó con el contrato anterior, por medio de la empresa intermediaria, que resultó en un valor 30% superior.
(Con información de Europa Press)
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