46 años después de que fuera legalizado el aborto en Italia, un país abrumadoramente católico, el Parlamento aprobó hoy la ley que permite y financia la entrada de asociaciones ‘antiaborto’ en los consultorios familiares, una medida del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni que ha enfurecido a la oposición y las asociaciones feministas, que la consideran un ataque frontal a la ley del aborto.
El Senado dio luz verde, con 95 votos a favor, 68 en contra y una abstención, al llamado “Decreto PNRR”, un amplio texto legislativo con partidas de los fondos europeos del Plan de Recuperación de la pandemia en el que se incluye la polémica iniciativa.
El decreto, presentado como una moción al Gobierno, una estrategia habitual en el Parlamento italiano para acelerar la aprobación de leyes e impedir el examen de sus enmiendas, ya había recibido la semana pasada el visto bueno de la Cámara de los Diputados.
Allí se produjo un intenso debate entre los diputados, que volvió a repetirse hoy en el Senado, donde el opositor Partido Demócrata (PD) criticó la inclusión de la medida a favor de las asociaciones antiabortistas en la ley sobre los fondos europeos.
“Hemos trabajado para conseguir los Next Generation Eu, pero no podemos votar este decreto, que traiciona los objetivos contra las desigualdades de género, generacionales y territoriales”, dijo su senadora Cecilia D’Elia, que calificó la enmienda como “un bombardeo” y “un intento de boicotear la ley” del aborto.
Alessandra Maiorino, senadora del Movimiento 5 Estrellas, que participó en una protesta contra la nueva norma frente al Senado, la calificó de “violencia perpetrada sobre la piel de las mujeres, sacrificadas en el altar de la propaganda más grosera y retrógrada de un gobierno oscurantista que quiere hacer retroceder al país medio siglo”.
El texto, presentado por el diputado Lorenzo Malagola, de los ultras Hermanos de Italia de Meloni, dice que “las regiones organizarán los servicios de consultorio (...) y podrán valerse, sin nuevos o mayores cargos a las cuentas públicas, de la implicación de sujetos del Tercer Sector de cualificada experiencia en el apoyo de la maternidad”.
Los críticos creen que esto abriría la puerta a las organizaciones ‘antiaborto’ de los consultorios, centros del servicio nacional de salud de apoyo a las mujeres embarazadas, atacando en definitiva a la “Ley 194″, que desde 1978 regula en Italia el aborto.
La medida provocó hace unos días un enfrentamiento entre Meloni y la ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, que la criticó en las redes sociales.”En varias ocasiones he escuchado a ministros extranjeros hablar de cuestiones internas italianas sin conocer los hechos. Normalmente cuando se ignora un tema se debe tener la buena costumbre de no dar lecciones”, dijo Meloni en Bruselas.
Según la ley de 1978, Italia permite el aborto previa solicitud en las primeras 12 semanas de embarazo, o más tarde si la salud o la vida de la mujer están en peligro. Prevé la creación de centros de asesoramiento financiados con fondos públicos para asesorar a las mujeres embarazadas sobre sus derechos y los servicios que ofrecen si desean interrumpir el embarazo.
Pero no siempre se garantiza un fácil acceso al aborto. La ley permite que el personal de atención médica se registre como objetor de conciencia y se niegue a realizar abortos, y muchos lo han hecho, lo que significa que las mujeres a veces tienen que viajar muy lejos para realizarse el procedimiento.
Meloni, que hizo campaña con el lema “Dios, patria y familia”, ha insistido en que no revocará la ley de 1978 y simplemente quiere implementarla plenamente. Pero también ha dado prioridad a alentar a las mujeres a tener bebés para revertir la crisis demográfica de Italia.
La tasa de natalidad de Italia, que ya es una de las más bajas del mundo, ha estado cayendo constantemente durante unos 15 años y alcanzó un mínimo histórico el año pasado con 379.000 bebés nacidos. Las fuerzas conservadoras de Meloni, fuertemente respaldadas por el Vaticano, han montado una campaña para fomentar al menos 500.000 nacimientos anuales para 2033, una tasa que los demógrafos dicen es necesaria para evitar que la economía colapse bajo el peso del envejecimiento de la población italiana.
Meloni ha calificado de “noticias falsas” la oposición de izquierda a la enmienda propuesta, recordando que la Ley 194 prevé medidas para prevenir los abortos, que incluirían asesorar a las mujeres embarazadas sobre alternativas. La enmienda permite específicamente que los grupos antiaborto, o grupos que “apoyan la maternidad”, estén entre los grupos de voluntarios que pueden trabajar en los centros de asesoramiento.
“Creo que tenemos que garantizar la libre elección”, dijo Meloni recientemente. “Y para garantizar la libre elección hay que tener toda la información y las oportunidades disponibles. Y eso es lo que establece la Ley 194″.
Las nuevas tensiones sobre el aborto en Italia se producen en el contexto de acontecimientos que en otras partes de Europa van en cierta dirección en la dirección opuesta. Francia celebró el Día Internacional de la Mujer inscribiendo en su constitución el derecho garantizado al aborto. El año pasado, Malta, abrumadoramente católica, votó a favor de flexibilizar las leyes de aborto más estrictas de la UE. Los legisladores polacos avanzaron con propuestas para levantar una prohibición casi total del aborto promulgada por el anterior gobierno de derecha del país.
Al mismo tiempo, la izquierda italiana teme que el país pueda seguir el camino de Estados Unidos, donde los estados están restringiendo el acceso después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara una legislación histórica que había garantizado el acceso al aborto en todo el país.
Elly Schlein, líder del opositor Partido Demócrata de Italia, dijo en una conferencia sobre mujeres el martes que el país necesita establecer un porcentaje obligatorio de médicos dispuestos a realizar abortos en hospitales públicos, “de lo contrario, estos derechos quedarán sólo en el papel”.
(con información de AP)