El Parlamento local de Hong Kong votó este martes por unanimidad una nueva ley sobre la seguridad nacional que prevé cadena perpetua para delitos de traición e insurrección, generando una fuerte preocupación en la comunidad internacional, pero sobre todo en Occidente.
“Hoy es un día histórico para Hong Kong”, declaró el dirigente del territorio, John Lee, precisando que la ley entrará en vigor el 23 de marzo.
Este texto viene a completar la ley sobre seguridad nacional impuesta por el régimen chino en 2020, tras las multitudinarias manifestaciones pro democracia en el territorio semiautónomo, que Reino Unido devolvió a China en 1997.
La nueva ley estipula cinco nuevas categorías de infracciones, además de las incluidas en el texto de 2020: traición, insurrección, espionaje, sabotaje de la seguridad nacional e interferencia extranjera.
El Consejo Legislativo (LegCo) de Hong Kong, en el que no hay representantes de la oposición, debatió el texto de forma acelerada y sus 89 miembros aprobaron la ley, llamada “artículo 23″, de forma unánime.
Estados Unidos está alarmado por la nueva ley de seguridad de Hong Kong, que prevé cadena perpetua por infracciones como traición o insurrección, afirmó este martes un portavoz del Departamento de Estado.
“Estamos alarmados por el alcance” de estas medidas que “consideramos imprecisas”, dijo Vedant Patel. Y agregó: “Creemos que este tipo de acciones tienen el potencial de acelerar el cierre de la sociedad, otrora abierta, de Hong Kong”.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, también criticó la adopción “acelerada” de la ley y dijo que supone “un paso atrás en la protección de los derechos humanos”.
El ministro británico de Relaciones Exteriores, David Cameron, denunció por su parte que el texto “socava el cumplimiento por parte de Hong Kong de sus obligaciones internacionales vinculantes”.
Tanto Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea pidieron a los legisladores que se tomaran más tiempo para examinar su impacto.
Según Lee, esta nueva legislación era necesaria para subsanar las lagunas de la ley de 2020.
Para el dirigente, votar esta ley era una “responsabilidad constitucional” de Hong Kong, como lo exige la “Basic Law”, la Constitución que rige en la isla desde 1997.
La ley “permitirá a Hong Kong prevenir, prohibir y castigar eficazmente las actividades de espionaje, los complots y trampas de los servicios de inteligencia extranjeros, la infiltración y el sabotaje realizados por las fuerzas hostiles”, declaró Lee.
La nueva legislación también servirá para “prevenir eficazmente la violencia [...] y las revoluciones de color”, agregó, en alusión a las manifestaciones masivas prodemocracia que empezaron en 2019.
Lee, sancionado por Washington precisamente por su gestión en estas protestas cuando era jefe de la seguridad, calificó la nueva ley de “candado eficaz contra los ladrones”, en un contexto en que las autoridades quieren luchar contra “las amenazas de las fuerzas exteriores y del terrorismo local”.
Los delitos más graves, como la traición y la insurrección, pueden acarrear penas de cadena perpetua. El espionaje y los ciberataques pueden suponer hasta 20 años de cárcel.
La sedición, ya sea una palabra, un acto o una publicación que incite “al odio, el menosprecio o el rechazo” de las instituciones y autoridades chinas o hongkonesas, puede ser castigado con penas de siete años de cárcel, o diez si se comete “en colusión con una fuerza exterior”.
Cuando Hong Kong fue devuelto a China, el territorio tenía garantizadas ciertas libertades políticas, así como una autonomía judicial y legislativa, durante 50 años, en el marco del acuerdo “Un país, dos sistemas”.
Este acuerdo permitió reforzar el estatuto de centro financiero mundial de la ciudad, gracias a un sistema judicial fiable y a las libertades políticas diferentes de las del resto de China.
El nuevo texto pone fin a una parte importante de las garantías judiciales de Hong Kong, para asimilarse a la legislación de China continental.
Para el jurista Michael Davis, la nueva ley se apoya en la que Beijing impuso en 2020 y la lleva “a un nivel mucho más elevado, adoptando plenamente el sistema chino continental”, dijo a la agencia AFP. Se trata de una transición de “un orden constitucional liberal hacia un régimen de seguridad nacional represivo”.
(Con información de AFP)
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