Represión, torturas y penas de muerte: la ONU detalló la brutal respuesta del régimen iraní tras las protestas por el asesinato de Mahsa Amini

En septiembre de 2022 la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, desencadenó una ola de protestas en Irán. Mujeres, hombres, e incluso niños y niñas, se movilizaron en diferentes ciudades para condenar el asesinato de la joven iraní-kurda, que había fallecido en manos de la Policía de la Moral tras ser detenido por llevar mal el velo islámico. Su caso significó un punto de inflexión en el país persa y, después de años de miedo y sometimiento, miles de personas decidieron salir a las calles para reclamar sus derechos y manifestarse en contra del régimen de los ayatolás. Lo que siguió en los meses y años posteriores fue más represión, más restricciones a las libertades, torturas, y hasta penas de muerte.

Por eso, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la Misión Internacional independiente de determinación de los hechos en la República Islámica de Irán para que investigara de manera exhaustiva e independiente las violaciones a los derechos humanos relacionadas con las protestas.

Después de arduos meses de trabajo e investigaciones, y a pesar de la falta de cooperación por parte de las autoridades iraníes -tanto en el acceso al país como en el suministro de información tras 20 cartas enviadas hasta la fecha-, la Misión llegó a la conclusión de que “se cometieron violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, así como crímenes de derecho internacional”.

“La respuesta a las protestas bajo el lema ‘Mujer, vida, libertad’ estuvo marcada por la represión y la impunidad. Las autoridades denigraron a los manifestantes, utilizaron la violencia física, psicológica y sexual, el acoso judicial y una amplia gama de otros medios para reprimir la disidencia pacífica”, señala el informe elaborado por la Misión de la ONU al que tuvo acceso Infobae y que se presenta este viernes en Ginebra.

Sobre la muerte de Amini, los investigadores determinaron que la joven fue detenida el 13 de septiembre de 2022, cerca de las 18.30 horas, por la Policía de la Moral cuando salía de la estación de metro de Shahid Haqqani, en Teherán. ¿El motivo? Llevar supuestamente un hiyab “inapropiado”. Inmediatamente fue trasladada en una furgoneta al centro de detención de Vozara para ser sometida a una “clase de reeducación”.

Según lo expuesto por la Misión de la ONU, se desmayó 26 minutos después de su llegada y media hora más tarde fue enviada al hospital de Kasra. Esa noche, sus padres fueron informados de que había sido trasladada al hospital “con retraso” y “ya con muerte cerebral”. Su padre, al que se le permitió verla en el hospital al menos una vez, declaró en repetidas ocasiones que durante esa visita observó moretones en sus pies y sangre goteando de su oreja.

Finalmente, el 16 de septiembre, Mahsa murió. Las autoridades locales colocaron en su certificado oficial de defunción que había muerto por “causas desconocidas”.

“La Misión está convencida de que Mahsa Amini fue sometida a violencia física que condujo a su muerte. Sobre esta base, el Estado es responsable de su muerte”, afirma el informe que, además, responsabiliza al Gobierno iraní de no haber cumplido con su deber de investigar la muerte de la joven “de forma rápida, efectiva y exhaustiva, independiente, imparcial y transparente”.

En lugar de ello, los investigadores de la ONU indicaron que las autoridades iraníes tomaron medidas activas “para ocultar la verdad” sobre la muerte de Amini, incluso a su familia y al público en general. Al mismo tiempo, el régimen emprendió un feroz acoso judicial y de intimidación contra la familia de la víctima “para silenciarla y disuadirla de buscar reparación legal”. De hecho, algunos miembros de la familia fueron detenidos arbitrariamente, mientras que el abogado de la familia, Saleh Nikbaht, y tres periodistas, Niloofar Hamedi, Elahe Mohammadi y Nazila Maroufian, que informaron sobre el fallecimiento de Mahsa en manos de la Policía de la Moral, fueron detenidos, procesados y condenados a prisión.

Pese al brutal crimen de Amini, y a las cada vez más estrictas legislaciones del régimen, las mujeres han desafiado cada vez más las leyes sobre el hiyab, que se oponen a la discriminación de género profundamente arraigada en la ley y en la práctica.

Horas después de conocerse la muerte de Mahsa Amini ese 16 de septiembre miles de iraníes se movilizaron para manifestarse en contra del régimen, mientras que las manifestaciones de apoyo a las mujeres iraníes y al pueblo persa también se replicaron en varias ciudades del mundo.

Las autoridades de la República Islámica no proporcionaron cifras detalladas ni datos sobre los muertos y heridos en el contexto de las protestas. El régimen sí informó que durante los choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad habían muerto al menos 75 agentes y unos 7.000 habían resultado heridos.

Ante la falta de información oficial, en septiembre de 2023 la Misión de la ONU llegó a la conclusión de que unas 551 personas habían muerto durante las protestas, entre ellas hasta 49 mujeres y 68 niños. El mayor número de víctimas se registró en regiones con poblaciones minoritarias, en particular en la provincia de Sistán y Baluchistán, las regiones kurdas del país.

En su informe la Misión de la ONU detalla los brutales métodos de represión aplicados por las fuerzas de seguridad del régimen. “La misión estableció un patrón de uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos fusiles de asalto y escopetas cargadas con munición que contenía múltiples perdigones, causantes de la mayoría de las muertes”.

La delegación también constató que se utilizó munición clasificada como “menos letal”, incluida munición que contiene múltiples proyectiles de impacto cinético. En el reporte remarca, además, que funcionarios del poder judicial local llegaron a confirmar que, en el transcurso de una noche, el Mando de las Fuerzas de Seguridad de la República Islámica de Irán (conocido como Faraja), el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y las fuerzas Basij habían disparado más de 300 cartuchos de munición real y más de una docena de cartuchos de fogueo, utilizando armas como rifles AK-47, MP5 (subfusiles) y pistolas, casi 300 cartuchos cargados con múltiples perdigones de goma y 40 balas de goma. El documento oficial de las autoridades, y que expone la Misión de la ONU, señala que las fuerzas de seguridad también utilizaron “sustancias químicas irritantes y granadas acústicas y de humo”.

Los investigadores afirmaron que el desproporcionado uso de la fuerza contra los manifestantes se dio en situaciones en las que no había amenaza inminente de muerte o lesiones graves para los uniformados. Pese a esto, “las fuerzas de seguridad dispararon contra partes vitales del cuerpo de manifestantes y transeúntes, como la cara, la cabeza, el cuello y la zona genital, en particular con munición que contenía múltiples perdigones metálicos”.

Esa brutal respuesta del régimen provocó cientos de muertos y también miles de heridos. Entre estos últimos, la Misión encontró una gran cantidad de manifestantes con lesiones oculares, incluidos mujeres y niños, que provocaron la pérdida parcial o total de la vista.

Los heridos, además, también sufrieron la falta de atención médica, lo que agravó sus respectivos cuadros. “A los manifestantes heridos se les negaba regularmente la admisión en hospitales, que estaban rodeados de una fuerte presencia policial. El personal médico recibió instrucciones oficiales del Ministerio de Sanidad de denunciar a cualquier persona que solicitara asistencia médica por lesiones. Las fuerzas de seguridad hostigaron, detuvieron y encarcelaron a profesionales de la salud”.

Para evitar que el mundo pudiera observar lo que estaba ocurriendo, y para contener la masificación de las protestas, las autoridades iraníes bloquearon la conectividad a Internet y las plataformas de redes sociales, al tiempo que utilizaron la vigilancia en línea para interrumpir o prevenir las manifestaciones.

En el marco de las protestas, los cuerpos de seguridad del régimen no sólo se llevaron detenidos a los manifestantes que chocaron contra las fuerzas del orden, sino también a personas que encontraron bailando, cantando, o escribiendo consignas en las paredes, entre otras.

También fueron detenidos familiares de los manifestantes que exigían su libertad, aquellos que los apoyaban (abogados, personal médico), y todos los que se atrevían a expresar su solidaridad, como profesores, artistas, deportistas y personas influyentes en las redes sociales. Las autoridades también detuvieron y encarcelaron a quienes trataban de sacar a la luz la verdad sobre las violaciones de derechos humanos, como periodistas y defensores de los derechos humanos.

La Misión de la ONU confirma en su informe que entre los detenidos también hubo miles de mujeres y niños -algunos, incluso, de apenas diez años-. Según algunas ONG, el número de personas detenidas durante las protestas podría ascender a 60.000.

A las personas detenidas fuera de los lugares de las protestas no se les mostró ninguna orden de detención ni se les comunicaron los motivos de su detención. Simplemente se los llevaban a lugares de detención, donde habitualmente eran sometidos a violencia física y de género, y a abusos verbales. Eran trasladados con los ojos vendados a centros de detención desconocidos en vehículos sin distintivos y, en algunos casos, en ambulancias.

“Las mujeres fueron detenidas violentamente y sometidas a tocamientos en los genitales por miembros de las fuerzas de seguridad, a menudo durante el traslado a los lugares de detención”, denuncia el informe. Y añade: “Algunas mujeres fueron detenidas en sus domicilios por participar en las protestas, lo que sugería que se había utilizado la vigilancia para identificarlas. Las defensoras de los derechos humanos y quienes se consideraba que desempeñaban un papel destacado en las protestas fueron detenidas o citadas para cumplir condenas previamente suspendidas para impedir que asistieran a las protestas”.

Los detenidos eran recluidos en diversos centros de detención, como comisarías de policía, prisiones y lugares secretos no identificados o no oficiales, como cuarteles militares, instalaciones deportivas, casas y apartamentos privados, edificios en ruinas y salas subterráneas pertenecientes al Ministerio del Interior o a la sección de inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

Las autoridades iraníes mantenían habitualmente a los detenidos incomunicados y/o en régimen de aislamiento prolongado, y en general se negaban a informar a sus familias de su paradero, “lo que equivalía a una desaparición forzada”.

Por su parte, fueron recluidos en celdas hacinadas, pequeñas e insalubres, con las luces encendidas las 24 horas del día o en total oscuridad. La mayoría de las personas detenidas en relación con las protestas informaron de que se les proporcionaba agua y alimentos insuficientes y de mala calidad, y que se les negaba la atención médica.

La Misión de la ONU también denuncia en su informe torturas, y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Torturas y malos tratos que en general comenzaban en el momento de la detención y continuaban durante el traslado hacia los centros de detención: “Los detenidos, incluidos niños, eran sometidos a largas y repetidas sesiones de interrogatorio, durante las cuales se les vendaban los ojos o se les encapuchaba y se les sometía a diversas formas de maltrato físico y psicológico equivalentes a tortura. Esto incluía agresiones físicas, como puñetazos, patadas, palizas, azotes y quemaduras, el uso de descargas eléctricas, suspensión y posturas de tensión. A numerosos detenidos, incluidos niños, se les administraron o inyectaron por la fuerza sustancias desconocidas”.

Asimismo, “los detenidos fueron sometidos sistemáticamente a abusos verbales, incluidos insultos de carácter sexual o basados en la etnia y la religión”. “Las autoridades encargadas de la detención también utilizaron diversas formas de tortura y malos tratos psicológicos, como el confinamiento en régimen de aislamiento durante periodos que oscilaban entre una noche y varias semanas, y amenazas de muerte, violación y daños a familiares. Las formas más atroces de violencia, incluida la violencia sexual y de género, se produjeron en lugares de detención no oficiales gestionados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Ministerio de Inteligencia”, detalla el informe.

Los investigadores constataron que los jueces, fieles servidores del régimen, desestimaban las denuncias de tortura y malos tratos y, por el contrario, “se basaban en confesiones obtenidas bajo tortura para condenar a los manifestantes”. Confesiones que también se difundieron en los medios de comunicación estatales. En muchos casos, esas “confesiones” se grabaron poco después de la detención de la persona y antes del inicio de su juicio, y se obtuvieron bajo tortura u otros malos tratos y en ausencia de abogados.

“Difundir propaganda contra el sistema”, “reunirse y confabularse para cometer delitos contra la seguridad”, “alterar el orden público”, “formar y pertenecer a un grupo o asociación con la intención de socavar la seguridad del país”, “difundir mentiras con la intención de perturbar la opinión pública”, “insultar al líder” e “insultar las santidades del islam”, son algunos de los cargos que se les imputaban.

En tanto, más de 100 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron detenidos y condenados únicamente por su cobertura de las protestas, por su trabajo de investigación, por publicar sus opiniones, o por dar voz a las víctimas de las protestas y a sus familiares. Mientras que la Misión también denunció que varios periodistas y trabajadores de medios de comunicación que viven en el exterior han sido amenazados e intimidados por las autoridades persas.

Aunque el gobierno no ha facilitado información sobre el número de condenas a muerte impuestas a manifestantes, existen datos fidedignos de que, en enero de 2024, los tribunales habían dictado condenas a muerte contra al menos 28 personas en relación con las protestas. De esos 28, 9 jóvenes fueron ejecutados entre diciembre de 2022 y enero de 2024, mientras que, según los informes, al menos otros 6 hombres siguen condenados a muerte, y otros corren riesgo de ejecución inminente.

Las autoridades también ejecutaron a personas condenadas sólo unas semanas después de su detención y/o de la fecha de su condena. Por ejemplo, la ejecución pública de Majidreza Rahnavard, en diciembre de 2022, la segunda de un paréntesis de dos años en las ejecuciones públicas, se llevó a cabo sólo tres semanas después de su detención. Del mismo modo, Mohammad Mehdi Karami y Seyyed Mohammad Hosseini fueron ejecutados sólo dos meses después de la comisión de los delitos que se les imputaban.

“La Misión ha determinado que las ejecuciones de Mohsen Shekari, Majirdreza Rahnavard, Mohammad Mehdi Karami, Seyyed Mohammad Hosseini, Majid Kazemi, Saeed Yaghoubi, Saleh Mirhashemi, Milad Zohrevand y Mohammad Ghobadlou, tras un procedimiento sumario y sin un juicio justo ni las debidas garantías procesales, constituyen una privación ilegal y arbitraria de su derecho a la vida y han violado la prohibición de la tortura y los malos tratos”, denuncia el informe de la ONU.

Y concluye: “Dada la gravedad de sus conclusiones, la Misión insta a las autoridades iraníes a que pongan fin a la todas las ejecuciones y poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas arrestadas y detenidas en el contexto de las protestas o por incumplimiento o la defensa contra el hiyab obligatorio; cesar el hostigamiento judicial de los manifestantes, las víctimas y sus familias; derogar o enmendar las leyes que discriminan a las mujeres y las niñas, así como los hombres y los niños, en particular los que llevan el hiyab obligatorio; y disolver el sistema persecutorio”.