Cómo la represión de Putin contra la disidencia se convirtió en el sello distintivo de los 24 años del líder ruso en el poder

Cuando el carismático líder de la oposición Boris Nemtsov fue asesinado a tiros en un puente cerca del Kremlin en febrero de 2015, más de 50.000 moscovitas expresaron su conmoción e indignación al día siguiente por el descarado asesinato. La policía se mantuvo a un lado mientras se manifestaban y coreaban consignas antigubernamentales.

Nueve años después, los rusos atónitos y enojados salieron a las calles la noche del 16 de febrero, cuando se enteraron de que el popular político de oposición Alexei Navalny había muerto en prisión. Pero esta vez, quienes depositaban flores en monumentos conmemorativos improvisados en las principales ciudades fueron recibidos por la policía antidisturbios, que arrestó y se llevó a rastras a cientos de ellos.

En esos años intermedios, la Rusia de Vladimir Putin evolucionó de un país que toleraba cierta disidencia a uno que la reprime despiadadamente. Los arrestos, los juicios y las largas penas de prisión, que alguna vez fueron raras, son comunes, especialmente después de que Moscú invadió Ucrania.

Además de sus oponentes políticos, el Kremlin ahora también apunta a grupos de derechos humanos, medios de comunicación independientes y otros miembros de organizaciones de la sociedad civil, activistas LGBTQ+ y ciertas afiliaciones religiosas.

“Rusia ya no es un Estado autoritario, es un Estado totalitario”, dijo Oleg Orlov, copresidente de Memorial, el grupo ruso de derechos humanos centrado en la represión política. “Todas estas represiones tienen como objetivo suprimir cualquier expresión independiente sobre el sistema político de Rusia, sobre las acciones de las autoridades o cualquier activista civil independiente”.

Un mes después de hacer ese comentario a The Associated Press, Orlov, de 70 años, se convirtió en una de las estadísticas de su grupo: fue esposado y sacado a rastras de un tribunal tras ser declarado culpable de criticar a los militares en relación con Ucrania y sentenciado a dos años y medio de prisión.

Memorial estima que hay casi 680 presos políticos en Rusia. Otro grupo, OVD-Info, dijo en noviembre que 1.141 personas están tras las rejas por cargos de motivación política, más de 400 reciben otros castigos y casi 300 más están bajo investigación.

Hubo un tiempo después del colapso de la Unión Soviética en el que parecía que Rusia había pasado página y la represión generalizada era cosa del pasado, dijo Orlov, defensor de los derechos humanos desde la década de 1980.

Si bien hubo casos aislados en la década de 1990 durante el gobierno del presidente Boris Yeltsin, Orlov dijo que las grandes medidas represivas comenzaron lentamente después de que Putin llegó al poder en 2000.

El magnate petrolero exiliado Mikhail Khodorkovsky, que pasó 10 años en prisión después de desafiar a Putin, dijo a AP en una entrevista reciente que el Kremlin comenzó a reprimir la disidencia incluso antes de su arresto en 2003. Purgó el canal de televisión independiente NTV y persiguió a otros oligarcas desafiantes como Vladimir Gusinsky o Boris Berezovsky.

Cuando se le preguntó si en aquel entonces pensaba si la represión alcanzaría la escala actual de cientos de presos políticos y procesamientos, Jodorkovsky dijo: “Creí que él (Putin) se desmoronaría antes”.

Cuando Nadya Tolokonnikova y sus compañeras de Pussy Riot fueron arrestadas en 2012 por interpretar una canción anti-Putin en una importante catedral ortodoxa de Moscú, su sentencia de dos años de prisión fue un shock, recordó en una entrevista.

“En aquel entonces, parecía una pena increíblemente (larga de prisión). Ni siquiera podía imaginar que alguna vez saldría”, dijo.

Cuando Putin recuperó la presidencia en 2012 después de sobrepasar los límites de su mandato al servir cuatro años como primer ministro, fue recibido con protestas masivas. Los consideraba de inspiración occidental y quería cortarlos de raíz, dijo Tatiana Stanovaya del Centro Carnegie Rusia Eurasia.

Muchos fueron arrestados y más de una docena recibieron hasta cuatro años de prisión después de esas protestas. Pero sobre todo, dijo Stanovaya, las autoridades estaban “creando condiciones en las que la oposición no podía prosperar”, en lugar de desmantelarla.

Siguió una avalancha de leyes que endurecieron las regulaciones sobre las protestas, otorgaron amplios poderes a las autoridades para bloquear sitios web y vigilar a los usuarios en línea. Colocaron la restrictiva etiqueta de “agente extranjero” a los grupos para eliminar lo que el Kremlin consideraba una influencia externa dañina que alimentaba la disidencia.

Navalny en 2013-14 fue condenado dos veces por malversación de fondos y fraude, pero recibió sentencias suspendidas. Su hermano fue encarcelado en lo que se consideró una medida para presionar al líder de la oposición.

La anexión de Crimea por parte de Moscú en 2014 de Ucrania aumentó el sentir patriótico e impulsó la popularidad de Putin, envalentonando al Kremlin. Las autoridades restringieron las organizaciones no gubernamentales y los grupos de derechos humanos financiados con fondos extranjeros, declarando ilegales a algunos por considerarlos “indeseables” y atacaron a los críticos en línea con procesamientos, multas y, en ocasiones, cárcel.

Mientras tanto, la tolerancia a las protestas se hizo cada vez más escasa. Las manifestaciones encabezadas por Navalny en 2016-17 provocaron cientos de arrestos. En las manifestaciones masivas del verano de 2019, otro puñado de manifestantes fueron condenados y encarcelados.

El Kremlin utilizó la pandemia de COVID-19 en 2020 como excusa para prohibir las protestas. Hasta el día de hoy, las autoridades a menudo se niegan a permitir manifestaciones, citando “restricciones por coronavirus”.

Tras el envenenamiento de Navalny, su recuperación en Alemania y su arresto a su regreso a Rusia en 2021, las represiones se intensificaron. Toda su infraestructura política fue declarada ilegal por extremista, exponiendo a sus aliados y partidarios a ser procesados.

Rusia Abierta, un grupo de oposición respaldado desde el extranjero por Jodorkovsky, también tuvo que cerrar y su líder, Andrei Pivovarov, fue arrestado.

El Memorial del grupo de Orlov fue cerrado por la Corte Suprema en 2021, un año antes de que ganara el Premio Nobel de la Paz como símbolo esperanzador de una Rusia postsoviética. Recordó la incredulidad ante el fallo del tribunal.

“No podíamos imaginar todas estas próximas etapas de la espiral, que estallaría la guerra y se adoptarían todas esas leyes sobre el descrédito del ejército”, dijo.

Con la invasión de Ucrania en 2022, Rusia promulgó nuevas leyes represivas que sofocaron cualquier protesta contra la guerra y crítica a los militares. El número de detenciones, causas penales y juicios se disparó.

Los cargos variaron, desde donar dinero a grupos de derechos humanos que ayudan a Ucrania hasta involucrarse con el ahora grupo “extremista” de Navalny.

Los críticos del Kremlin fueron encarcelados y su prominencia no pareció importar. Navalny finalmente recibió 19 años de prisión, mientras que otro enemigo de la oposición, Vladimir Kara-Murza, recibió la sentencia más dura de 25 años por traición a la patria.

Entre los que también fueron arrastrados se encuentran un artista de San Petersburgo que fue condenado a siete años de prisión por reemplazar las etiquetas de los precios de los supermercados con lemas pacifistas; dos poetas moscovitas condenados a cinco y siete años por recitar versos en público, uno de los cuales mencionaba Ucrania; y una mujer de 72 años que recibió cinco años y medio por dos publicaciones en las redes sociales contra la guerra.

Los activistas dicen que las sentencias de prisión se han vuelto más largas en comparación con las que existían antes de la guerra. Cada vez más, las autoridades han apelado condenas que resultaron en castigos más leves. En el caso de Orlov, los fiscales solicitaron un nuevo juicio de su condena anterior que inicialmente solo generó una multa; más tarde fue sentenciado a prisión.

Otra tendencia es el aumento de los juicios en ausencia, dijo Damir Gainutdinov, jefe del grupo de derechos Net Freedoms. Contabilizó 243 casos penales por cargos de “difusión de información falsa” sobre el ejército, y 88 de ellos fueron contra personas fuera de Rusia, incluidos 20 que fueron condenados en rebeldía.

Los sitios de noticias independientes fueron bloqueados en gran medida. Muchos trasladaron sus redacciones al extranjero, como el canal de televisión independiente Dozhd o Novaya Gazeta, y su trabajo estuvo disponible para los rusos a través de VPN.

Al mismo tiempo, el Kremlin amplió una ofensiva de una década contra la comunidad LGBTQ+ de Rusia en lo que los funcionarios dijeron que era una lucha por los “valores tradicionales” propugnados por la Iglesia Ortodoxa Rusa frente a la influencia “degradante” de Occidente. El año pasado, los tribunales declararon extremista el “movimiento” LGBTQ+ y prohibieron la transición de género.

La presión sobre los grupos religiosos también continuó, y cientos de testigos de Jehová fueron procesados en toda Rusia desde 2017, cuando la denominación fue declarada extremista.

El sistema de opresión está diseñado “para mantener a la gente atemorizada”, dijo Nikolay Petrov, investigador visitante en el Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad.

No siempre funciona. La semana pasada, miles de personas desafiaron a decenas de policías antidisturbios para llorar a Navalny en su funeral en el sureste de Moscú, gritando “¡No a la guerra!” y “¡Rusia sin Putin!” — consignas que normalmente darían lugar a detenciones.

Esta vez, inusualmente, la policía no interfirió.

(Con información de AP)