El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por cometer crímenes de guerra en Ucrania. Más específicamente, por su participación en los secuestros de niños del país vecino.
Para el tribunal, el jefe del Kremlin y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, son “presuntamente responsables del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
Kiev calcula que unos 20.000 niños ucranianos fueron enviados por la fuerza a Rusia. Sólo 400 fueron repatriados hasta el momento.
Nicole Chulick es Subsecretaria de Estado Adjunta en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde supervisa las oficinas de Europa y Asia Meridional y Central. Este martes, apenas unos días después de que se cumplieron dos años de guerra, ofreció una conferencia virtual de la que participó Infobae para hablar de este macabro sistema de transferencias forzadas y deportaciones de niños ucranianos.
Si bien reconoció que las pérdidas que viene sufriendo el pueblo ucraniano son “incalculables”, remarcó que estas deportaciones tienen como víctimas “a la población más vulnerable”, que son los niños.
Al poco tiempo de iniciada la invasión, el 24 de febrero de 2022, el Kremlin aprobó una ley para reubicar a los niños ucranianos en Rusia y proporcionarles la ciudadanía.
“Las fuerzas rusas vaciaron los orfanatos ucranianos y las casas de niños con discapacidades, y movilizaron a esos niños hacia Rusia (...) Esto es un esfuerzo sistemático deliberado del Kremlin”, señaló la funcionaria norteamericana.
Putin impulsó los llamados “campamentos de verano” e instó a los líderes regionales a patrocinarlos: “Todos los funcionarios rusos de todos los niveles han facilitado este sistema. Desde Putin, pasando por apoderados, autoridades y zonas ocupadas por Rusia en Ucrania, hasta jefes de orfanatos en estas zonas”.
Chulick indicó que desde el inicio de la guerra miles de padres ucranianos se vieron forzados a tomar “una decisión imposible”: mantener a su familia unida, pero con el riesgo de que sus hijos estén expuestos a los ataques rusos; o bien, podían acordar enviarlos a los “campos de verano” en Rusia o en la ocupada Crimea, “de donde sus hijos probablemente nunca retornen”. Esto, sin embargo, no ocurrió en todos los casos. “Otros no tuvieron opción”.
Pero no todos fueron trasladados a esos campos de verano. Otros fueron adoptados por familias rusas, incluso familias cercanas al presidente. En ese sentido, la funcionaria del Departamento de Estado norteamericana citó como ejemplo el caso de Margarita, la bebé que con apenas 10 meses fue sacada del hospital de Kherson donde estaba internada y fue llevada a Rusia, donde fue adoptada por Sergei Mironov, de 70 años y líder de un partido político.
“Según los médicos del Hogar Infantil Regional de Kherson, Margarita fue llevada a Rusia por una mujer que se presentó como responsable de asuntos infantiles de Moscú. La localización de Margarita no salió a la luz hasta más de un año después, cuando periodistas de investigación de la BBC la localizaron a través de los registros de Rusia, donde había sido rebautizada como Marina Miranova”, comentó Chulick, quien detalló que la mujer que se había llevado a la niña era la esposa de Miranov.
“Margarita no era huérfana. Tiene una familia que lucha por recuperarla, pero Rusia se ha negado”, afirmó la funcionaria norteamericana.
Pero el de Margarita es apenas un caso entre miles.
Chulick mencionó que un grupo de huérfanos era cuidado por un pastor en una iglesia cerca de Kherson, cuando las fuerzas rusas ocuparon la zona. “Los soldados ordenaron que estos niños fueran enviados al mismo hogar infantil donde Margarita había sido tratada. Unos meses después, soldados y políticos rusos los trasladaron a Crimea, ocupada por Rusia”.
Mientras sus tropas perpetran todo tipo de crímenes de guerra y se enfrentan a las fuerzas ucranianas, Putin sostiene que el sistema de deportación forma parte de una misión de rescate. Moscú asegura que trasladó a estos niños para protegerlos de los combates y afirma que está dispuesto a entregarlos de vuelta a sus familiares en Ucrania si se lo piden. Pero la realidad indica que los menores son separados de sus familias y enviados a Rusia, donde además son sometidos a una reeducación prorrusa. “Se les impide el contacto con sus familias, que según los funcionarios rusos les han abandonado en repetidas ocasiones”.
“El sistema ruso de traslados forzosos y deportaciones forma parte de una larga historia en la que el Kremlin ha intentado negar y suprimir la identidad nacional de Ucrania. Lleva mucho tiempo rusificando a Ucrania”, aseveró.
Pese a las promesas del Kremlin, la funcionaria del Departamento de Estado denunció, por su parte, que las autoridades rusas han creado numerosos obstáculos para el retorno de los niños ucranianos. Además de haberse negado a responder a las peticiones de información del gobierno de Ucrania, también rechazaron la ayuda de las organizaciones humanitarias para el retorno de los niños.
“Poner fin a estas prácticas es una de las principales prioridades de Estados Unidos (...) El Gobierno seguirá centrando la atención en el sistema abusivo ruso y concientizando a la comunidad internacional; seguiremos poniendo de relieve esta cuestión, como hicimos durante la presidencia del Consejo de la ONU el pasado agosto; seguiremos apoyando la documentación de los actos de agresión de Rusia; y por último, seguiremos apoyando múltiples vías para que se haga justicia en Ucrania, y nos comprometemos a garantizar que los responsables rindan cuentas”, concluyó Chulick.
Un estudio de la Universidad de Yale descrubió que más de 2.400 niños ucranianos de entre 6 y 17 años han sido traídos a Bielorrusia desde cuatro regiones ucranianas que han sido parcialmente ocupadas por las fuerzas rusas. La oposición bielorrusa instó a la Corte Penal Internacional a responsabilizar al dictador Alexander Lukashenko y sus funcionarios por su participación en el traslado ilegal de niños ucranianos.
Bielorrusia ha sido el aliado más cercano de Moscú desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, cuando Lukashenko permitió que el Kremlin utilizara el territorio de su país para invadir Ucrania. Rusia también ha desplegado algunas de sus armas nucleares tácticas en Bielorrusia.