Así es el problemático proceso del Vaticano para abordar los casos de abuso sexual

Una tarde de mediados de diciembre, el papa Francisco tuvo una reunión que no estaba en su agenda oficial ni registrada en ningún otro sitio y que subrayó la absoluta disfunción de la respuesta de la Iglesia católica al escándalo global de abuso sexual del clero.

En el salón principal del hotel del Vaticano donde vive, Francisco se reunió durante más de una hora con un español que cuando era un seminarista joven fue abusado sexualmente por su director espiritual. El ex seminarista estaba desesperado.

Había presentado una denuncia ante la Arquidiócesis de Toledo, España, en 2009, y visitó oficinas vaticanas varias veces para dejar documentos condenatorios y exigir que se tomaran medidas contra su abusador y los obispos que supuestamente lo encubrieron. Pero en 15 años no había recibido justicia por parte de la Iglesia.

Si bien la decisión de Francisco de escuchar su historia fue loable y pastoralmente sensible, también fue evidencia de que el sistema interno de la Iglesia para lidiar con los abusos no funciona, desde las leyes disponibles para castigar a los abusadores hasta sus políticas para ayudar a los sobrevivientes. Por cada víctima que tiene amigos bien conectados en el Vaticano que pueden concertar una audiencia papal, innumerables otras nunca sentirán que la Iglesia se preocupa por ellos o les brindará justicia.

Esta semana hace cinco años, Francisco convocó a una cumbre sin precedentes de obispos de todo el mundo para recalcarles que el abuso del clero era un problema global y que debían abordarlo. Durante cuatro días, los obispos escucharon relatos desgarradores de traumas de las víctimas, aprendieron cómo investigar y sancionar a sacerdotes pedófilos y se les advirtió que ellos también enfrentarían un castigo si continuaban encubriendo a los abusadores.

No obstante, cinco años después y a pesar de las nuevas leyes eclesiásticas para responsabilizar a los obispos y las promesas de responder mejor, el sistema legal interno de la Iglesia católica y la respuesta pastoral hacia las víctimas han demostrado ser aún incapaces de abordar el problema.

De hecho, las víctimas, los investigadores externos e incluso los abogados canónicos internos dicen con más frecuencia que la respuesta de la Iglesia, elaborada y enmendada a lo largo de dos décadas de incesantes escándalos en todo el mundo, es perjudicial para las mismas personas que han sido lastimadas: las víctimas. A menudo son traumatizadas nuevamente cuando reúnen el coraje para denunciar los abusos frente al silencio, las evasivas e inacción de la Iglesia.

“Es una experiencia horrible. Y no es algo que recomendaría que alguien haga a menos que esté preparado para que no sólo su mundo, sino también su sensación de ser, sean puestos de cabeza”, dijo Brian Devlin, un ex sacerdote escocés cuyas acusaciones internas, y luego públicas, de conducta sexual inapropiada marcaron la caída del ahora difunto cardenal escocés Keith O’Brien.

“Te conviertes en el alborotador. Te conviertes en el delator. Y puedo entender muy bien que las personas que pasan por ese proceso terminen con problemas más grandes que los que tenían antes de empezar. Es un proceso enormemente, enormemente destructivo”.

El entonces cardenal Joseph Ratzinger revolucionó la forma en que la Iglesia católica trataba con el clero abusivo en 2001, cuando persuadió a San Juan Pablo II que ordenara que todos los casos de abuso fueran enviados a su oficina para su revisión.

Ratzinger actuó porque, después de casi un cuarto de siglo en la Congregación para la Doctrina de la Fe, había visto que los obispos no seguían las leyes eclesiásticas y trasladaban a los depredadores de parroquia en parroquia en lugar de sancionarlos.

Al final de su cumbre de 2019, Francisco prometió enfrentar al clero abusivo con “la ira de Dios”. En cuestión de meses, aprobó una nueva ley que exigía que todos los abusos se denunciaran internamente a las autoridades de la Iglesia (pero no a la policía) y trazó procedimientos para investigar a los obispos que abusaban o protegían a sacerdotes depredadores.

Sin embargo, cinco años después, el Vaticano no ha ofrecido estadísticas sobre el número de obispos investigados o sancionados. Incluso la propia comisión asesora de protección infantil del Papa refiere que los problemas estructurales integrados en el sistema perjudican a las víctimas e impiden la justicia básica.

“Casos recientes denunciados públicamente señalan deficiencias trágicamente dañinas en las normas destinadas a castigar a los abusadores y responsabilizar a aquellos cuyo deber es abordar las irregularidades”, dijo la Comisión Pontificia para la Protección de Menores después de su última asamblea. “Hace mucho debimos corregir las fallas en los procedimientos que dejan a las víctimas heridas y en la oscuridad tanto durante como después de que se han decidido los casos”.

En la cumbre de 2019, las normas promulgadas por la Iglesia católica de Estados Unidos para sancionar a los sacerdotes y proteger a los menores fueron promocionadas como el estándar de referencia. Los obispos estadounidenses adoptaron una política dura después de que estalló el escándalo de abusos en Estados Unidos con la serie “Spotlight” publicada por el periódico The Boston Globe, en 2002.

Pero incluso en Estados Unidos, las víctimas y los abogados canónicos dicen que el sistema no funciona, y eso ni siquiera toma en consideración la nueva era de los casos de abuso que involucra a víctimas adultas. Algunos llaman “fatiga estatuaria” al hecho de que la jerarquía simplemente quiere dejar atrás el escándalo que dio origen al Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes de 2002.

El reverendo Tom Doyle, un abogado canónico estadounidense quien trabajó para la embajada del Vaticano en Washington y ahora brinda asesoramiento a las víctimas, dice que ya no les aconseja que busquen justicia en la Iglesia.

¿Por qué? Porque “la Iglesia los jod… en todos los sentidos desde el domingo”, dijo.

Doyle dice que recomienda a las víctimas “no perder su tiempo”, y agrega: “La única justicia, o justicia aparente, que se ha impartido es en los tribunales civiles porque la Iglesia no puede fastidiarlos”.

Casi todas las investigaciones sobre abusos en la Iglesia católica que han sido publicadas en los últimos años han identificado al sistema legal de la Iglesia como una gran parte del problema, desde informes encargados por la Iglesia en Francia y Alemania hasta investigaciones gubernamentales en Australia, estudios ordenados por el Parlamento en España e investigaciones policiales en Estados Unidos.

Si bien se han producido algunas reformas, incluida que Francisco eliminara el secreto oficial que encubría los casos de abuso, en 2019, persisten cuestiones fundamentales.

Parte del problema es que el derecho canónico nunca ha tenido el deber de abordar las necesidades de los sobrevivientes de abuso o ayudarlos a sanar: el objetivo del sistema está completamente centrado en las instituciones para “restaurar la justicia, reformar al ofensor y remediar el escándalo”.

Incluso después de que el Vaticano anunció un código penal actualizado, que ha tomado más de una década, los informes externos fueron notablemente uniformes al identificar:

-El conflicto de intereses estructural incorporado al sistema. Según los procedimientos de la Iglesia, un obispo o superior religioso investiga una acusación de que uno de sus sacerdotes violó a un niño y luego dicta sentencia. Sin embargo, el obispo o el superior tiene un interés personal, ya que el sacerdote es considerado un hijo espiritual en quien el obispo ha invertido tiempo, dinero y amor.

Es difícil pensar en otro sistema jurídico en el mundo en el que se pueda esperar que alguien con una relación tan personal y paternal con una de las partes en una disputa emita un fallo de manera objetiva y justa.

La comisión independiente que investigó el escándalo de abusos de la Iglesia en Francia dijo que tal conflicto de intereses estructural “parece insostenible, humanamente hablando”.

Incluso el propio Sínodo de Obispos del Papa llegó a una conclusión similar. En su documento de síntesis de noviembre después de una reunión de un mes, los obispos del mundo identificaron el conflicto de intereses como un problema constante.

“La delicada cuestión del manejo de los abusos coloca a muchos obispos en la difícil situación de tener que conciliar el papel de padre con el de juez”, dice el informe del sínodo, que sugiere que la tarea de juzgar se asigne a “otras estructuras”.

-La falta de derechos fundamentales de las víctimas. En las investigaciones de abuso canónico, las víctimas son meros testigos externos en sus casos. No pueden participar en ninguno de los procedimientos secretos, no tienen acceso a los expedientes del caso y ni siquiera tienen derecho a saber si se ha iniciado una investigación canónica y mucho menos su estatus.

Sólo debido a una reforma de Francisco en 2019 se permite a las víctimas saber el resultado final de su caso, pero nada más.

El Defensor del Pueblo, el ombudsman español, encargado por el Congreso de los Diputados del país de investigar los abusos en la Iglesia católica española, dijo que las víctimas a menudo vuelven a sufrir un trauma por ese proceso.

“De acuerdo con los estándares internacionales de derechos de las víctimas, recuerda la necesidad de evitar la victimización secundaria. Las víctimas que acuden a la justicia no pueden ser maltratadas ni cuestionadas, independientemente de los derechos y garantías de las personas acusadas”, señala el informe.

Los expertos franceses fueron más allá, y argumentaron que la Santa Sede esencialmente incumple sus obligaciones como Estado observador de la ONU y miembro del Consejo de Europa, que requieren defender los derechos humanos básicos de las víctimas.

Citando el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el informe francés señaló que un derecho fundamental incluye el acceso a un juicio justo “que garantice, en particular, el derecho de acceso a una justicia independiente y a un procedimiento contencioso, y para la víctima, el derecho a un resarcimiento efectivo”.

“El derecho canónico sólo podrá dar una respuesta genuina al abuso sexual de niños y personas vulnerables en la Iglesia católica si cumple con las exigencias de justicia universalmente reconocidas y si se aplica de manera más efectiva”, concluyó la comisión francesa.

-No hay jurisprudencia publicada. A diferencia del tribunal del Vaticano conocido como Tribunal de la Rota Romana, que publica casos expurgados de anulación de matrimonios, la oficina de abuso sexual del Vaticano no publica ninguna de sus decisiones sobre cómo se dictaminaron los casos de abuso sexual del clero.

Eso significa que un obispo que investiga una acusación contra uno de sus sacerdotes no tiene manera de saber cómo se ha aplicado la ley en un caso similar. Significa que los estudiantes de derecho canónico no tienen jurisprudencia que estudiar o citar. Significa que académicos, periodistas e incluso las víctimas no tienen forma de saber qué tipos de comportamiento se sancionan y si las sanciones se imponen arbitrariamente o no.

Los expertos legales independientes que investigaron los abusos del clero en Múnich, Alemania, dijeron que la publicación de decisiones canónicas ayudaría a eliminar la incertidumbre de las víctimas sobre cómo se aplicaba la ley de la Iglesia. La Comisión Real de Australia, el organismo de investigación más alto del país, también pidió la publicación de las decisiones sobre abusos, en forma expurgada, y que se proporcionen por escrito los motivos de sus decisiones “de manera oportuna”.

Internamente, los abogados canónicos se han quejado durante años de que la falta de casos publicados profundiza las dudas sobre la credibilidad y eficacia de la respuesta de las iglesias al escándalo eclesiástico.

“Esta falta de publicación sistemática de la jurisprudencia de los más altos tribunales de la Iglesia es indigna de un verdadero sistema legal”, dijo Kurt Martens, profesor de la Universidad Católica de América (CUA), en una conferencia de derecho canónico en Roma a finales del año pasado.

Monseñor John Kennedy, quien dirige la oficina del Vaticano que investiga los casos de abuso, mantuvo que su personal trabajaba diligentemente para procesar los casos y había recibido elogios de algunos obispos en lo individual, conferencias enteras que los visitan y superiores religiosos.

“No hablamos de lo que hacemos en público, sino de la retroalimentación que recibimos y los comentarios de nuestros miembros que se reunieron recientemente para la Plenaria son muy alentadores”, escribió a The Associated Press. “El papa también expresó su gratitud por el gran trabajo que se hace en silencio”.

Pero esos elogios parecen provenir principalmente de la jerarquía, no de aquellos que han sido perjudicados: las víctimas.

Se les deja languidecer, incluso si —como ahora aconseja la Iglesia— denuncian sus abusos. El seminarista español que se reunió con el papa presentó primero su denuncia contra su abusador ante la arquidiócesis de Toledo en 2009. Pero el arzobispo de Toledo solo inició una investigación interna en 2021 e informó de ello al Vaticano después de que el periódico español El País informara sobre el caso.

La AP no revela el nombre de las víctimas de abuso sexual a menos que dichas personas decidan hacerlo públicamente.

En octubre, un tribunal penal español condenó al sacerdote a siete años. Un tribunal de apelaciones anuló recientemente la sentencia por un tecnicismo.

El seminarista ha seguido en contacto con Francisco y recientemente le escribió para decirle que estaba “agotado” por el proceso, pero que a pesar de ello había apelado ante el Tribunal Supremo de España.

Francisco lo llamó inmediatamente y lo animó a seguir con su lucha, dijo.

(AP)