Las 4 políticas represivas del Partido Comunista Chino que perjudican su propia economía

China no ha logrado cumplir con las expectativas previas que apuntaban a una recuperación económica tras levantar sus medidas preventivas contra el COVID-19 en diciembre de 2022. A pesar de registrar un crecimiento del PIB de 5,2%, ligeramente por encima de las proyecciones, los analistas desconfían de este dato frente a indicadores como el elevado desempleo juvenil, la crisis inmobiliaria, el desempeño desalentador del mercado de valores y un ambiente de desánimo local durante el año pasado. En un esfuerzo por revitalizar la vacilante economía, el régimen de Xi Jinping implementó una serie de iniciativas en 2024 para atraer inversores extranjeros y estimular el consumo doméstico.

Sin embargo, estas medidas económicas siguen encontrándose con políticas represivas del Partido Comunista Chino (PCCh) orientadas a “proteger la sociedad china”, las cuales han ocasionado efectos secundarios. Un caso que llama la atención fue la repentina promesa de las autoridades de revisar las regulaciones propuestas para la industria del gaming en China, tras el temor de restricciones inminentes que afectaron dramáticamente el mercado de valores. El reconocimiento de esta problemática se puso de manifiesto en las declaraciones del director del Departamento de Economía Nacional de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Yuan Da, quien resaltó la necesidad de “fortalecer la coordinación de políticas” durante una rueda de prensa.

Los choques de políticas persistentes se atribuyen en parte a la sobrecentralización del poder y al deseo de los funcionarios locales de demostrar lealtad a la cúpula del PCCh, a menudo ignorando las repercusiones económicas. Adam Y. Liu, profesor asistente de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew en Singapur, comentó a TIME que “es más una cuestión de demostrar tu lealtad. A veces, aunque no tenga sentido económico, tiene mucho sentido político hacer cosas que no tienen sentido económico”.

Time detalló la spolíticas represivas de Xi inping que afecta la economía china:

Las acciones de Tencent y NetEase, dos gigantes de la industria de videojuegos en China, sufrieron una caída drástica tras anunciarse las nuevas regulaciones de la Administración Nacional de Prensa y Publicación (NPPA). Esta normativa busca imponer límites de gasto y prohibir recompensas diarias a los jugadores como parte de una medida para enfrentar la adicción a los juegos móviles y en línea entre los jóvenes. Esta disposición propuesta en diciembre es la más reciente en una serie de medidas que ya habían comenzado a impactar financieramente al sector de videojuegos de China, provocando que en 2022 sus ingresos se contrajeran por primera vez.

En respuesta a la inquietud del mercado, la NPPA se apresuró a emitir un comunicado comprometiéndose a “revisar y mejorar” la mencionada normativa. Además, en un movimiento interpretado como un gesto de apoyo hacia la industria del gaming en China, las autoridades aprobaron rápidamente 105 juegos domésticos. Estas acciones tenían la intención de apaciguar el pánico que desencadenaron dichos anuncios sobre restricciones. No obstante, en enero, el jefe del departamento de propaganda del Partido Comunista de China (PCCh), que supervisa la NPPA, fue removido de su puesto, según reportes de Reuters.

El temor a una nueva ola de regulaciones como la experimentada en 2021 persiste entre inversores y desarrolladores de juegos en China a pesar de las medidas para tranquilizar al mercado. El sector de videojuegos que alguna vez fue próspero en la nación asiática, ahora enfrenta tiempos desafiantes marcados por una regulación gubernamental más estricta y un escrutinio continuo. Consecuentemente, empresas líderes en la industria han visto evaporarse casi USD 80 mil millones de su valor combinado como resultado de la incertidumbre y las rigurosas políticas.

China implementó en julio una nueva ley anti-espionaje que ha generado preocupación entre los asesores empresariales y las inversiones extranjeras, según refleja una disminución del 8% en la inversión extranjera directa para 2023 en comparación con el año anterior. La normativa, que busca limitar las consultorías extranjeras por temor a la fuga de secretos de Estado, ha contribuido a un ambiente de negocios ya difícil, a pesar de las afirmaciones del primer ministro Li Qiang de que el país está abierto a los negocios.

La ley anti-espionaje de China, calificada de demasiado amplia y vaga en su redacción, ha impuesto restricciones severas a los asesores que proveen información crítica a empresas interesadas en invertir en el gigante asiático. La implementación de esta ley coincide con una baja inversión extranjera, que se ubicó en 1.1 billones de yuanes (USD 55 mil millones) en 2023, evidenciando una tendencia decreciente y resaltando un contexto de reluctancia entre los inversores internacionales.

Esta situación ha sido objeto de comentarios por parte de líderes del sector financiero. Jamie Dimon, CEO de JPMorgan & Chase, expresó durante una entrevista con CNBC en Davos 2024 que “Cualquiera que esté buscando invertir allí tiene que estar un poco preocupado”, sugiriendo que la ecuación de riesgo y beneficio “cambió dramáticamente”. A pesar de estos desafíos, las declaraciones de apertura económica del primer ministro chino muestran una potencial discrepancia entre la política gubernamental y las perspectivas de los inversores.

En resumen, la nueva legislación anti-espionaje de China, junto con un declive en la entrada de capital foráneo, plantea dudas sobre el futuro de la cooperación y confianza económica entre China y empresas globales, afectando potencialmente la estrategia de inversión y las operaciones de diligencia debida en el país.

La campaña anticorrupción en China, instaurada por el presidente Xi Jinping, ha sancionado aproximadamente a 4,7 millones de servidores públicos en la última década. Este riguroso esfuerzo se concentra en erradicar la corrupción en sectores críticos como las finanzas, la industria farmacéutica y el ámbito de infraestructura, intensificando las acciones durante este mes.

Las medidas anticorrupción del gigante asiático no solo buscan purificar su administración, sino también fortalecer la economía nacional. Expertos apuntan, sin embargo, la existencia de consecuencias adversas tales como el temor de los funcionarios a emprender nuevas iniciativas, lo que podría frenar el progreso económico y generar desconfianza entre los inversores, en particular en los sectores actualmente bajo lupa. Un análisis elaborado por Bank of America Merrill Lynch sugería que la iniciativa habría tenido un costo económico aproximado de 100 mil millones de dólares. Recientemente, la ofensiva contra la corrupción en el sector salud provocó una pérdida de 142 mil millones de dólares en el valor de mercado de las acciones correspondientes a dicho sector.

Aunque la administración china pone de manifiesto que la lucha contra la corrupción constituye una prioridad permanente, el impacto negativo sobre la confianza de los operadores económicos y la burocracia podría estar contrarrestando los beneficios obtenidos con la depuración de su personal. La controversia sobre la eficacia a largo plazo de estas políticas y sus ramificaciones económicas constituye, por ende, un área de análisis y discusión constante.

El régimen de Xi Jinping en China impuso una prohibición de la enseñanza con fines de lucro en junio de 2021, medida que provocó una crisis en el sector de las empresas de tutorías privadas. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por controlar la industria valorada en 150 mil millones de dólares, dedicada a preparar a estudiantes para el gaokao (examen nacional de acceso a la universidad), el mercado negro de tutorías ha experimentado un auge, enfrentando a las autoridades con desafíos adicionales.

Antes de la restricción, las firmas de educación privada experimentaron un incremento en su popularidad, especialmente durante el pico de la pandemia de COVID-19, al centrarse en la preparación de las pruebas nacionales de admisión universitaria. Sin embargo, el gobierno chino estimó que esta industria capitalizaba no solo las aspiraciones estudiantiles, sino también la ansiedad de los padres, quienes creían que el único camino para el éxito de sus hijos era mediante un título universitario. Como resultado de la prohibición, el mayor conglomerado educativo de China despidió hasta 60.000 trabajadores, lo que intensificó el problema del desempleo en el país.

La normativa gubernamental, que incluía restricciones en la publicidad de estos servicios, también tenía como objetivo disminuir los costos de crianza de los hijos en un contexto de baja tasa de natalidad récord. A pesar de las medidas adoptadas, el surgimiento de un mercado negro de tutorías ha revelado que los esfuerzos por erradicar las tutorías con ánimo de lucro no han sido totalmente exitosos. Las clases particulares en la clandestinidad han resurgido con tarifas incluso más elevadas, desafiando las políticas de educación estatales y alimentando una industria que continúa prosperando en la sombra.

Este escenario refleja un dilema más amplio en la educación global donde la competencia y la presión sobre los resultados en exámenes estandarizados a menudo llevan a una industria educativa privada floreciente, pese a las regulaciones gubernamentales. Por ahora, los efectos a largo plazo de la prohibición en el sistema educativo y en la economía china siguen siendo inciertos.