Cómo la última revisión de la ONU rompió con la narrativa de un apoyo unánime de América Latina a China

Esta semana, un alto número de naciones aprovechó una evaluación periódica respaldada por la ONU del historial de derechos humanos de China en Ginebra para instar a Beijing a tomar medidas. Se expresaron preocupaciones que vienen arrastrándose desde hace años -como la ausencia de libertad de expresión, la violación de los derechos de las minorías étnicas- y hubo críticas contundentes y constructivas, incluso por parte de países considerados aliados del régimen comunista.

La Revisión Periódica Universal (EPU) es un mecanismo de la ONU en el cual los Estados evalúan mutuamente sus historiales de derechos humanos y emiten recomendaciones. La última a China había sido en el 2018. Durante este examen, el gobierno presenta sus logros y desafíos, y luego recibe recomendaciones de otros estados miembros. Este proceso es político y difiere de otros mecanismos de derechos humanos, ya que la sociedad civil generalmente no participa en la revisión, y el proceso permite a los gobiernos aceptar o rechazar recomendaciones entre la revisión y la adopción del informe final.

163 países se anotaron en la lista para hablar durante la revisión, un número excepcional si se tiene en cuenta que 193 podían haberse inscripto.

Como era de esperarse, los representantes chinos reiteraron su negación de años de pruebas revisadas por la ONU que señalan una extensa lista de violaciones de derechos humanos. Éstas van desde la represión generalizada contra defensores en China continental y Hong Kong, hasta posibles crímenes de lesa humanidad contra la comunidad uigur y la asimilación cultural de la comunidad tibetana.

La delegación china contó con casi sesenta personas y afirmó haber ratificado 51 nuevas leyes y mejorado otras 113 desde la última revisión en 2018, asegurando que habían garantizado que “nadie quedara excluido o rezagado”.

A pesar de que cada intervención estaba limitada a 45 segundos, al menos 50 Estados realizaron numerosas recomendaciones específicas y detalladas a Beijing sobre asuntos urgentes. Estas incluyeron llamados a poner fin a la pena de muerte, permitir el acceso irrestricto al país a los funcionarios del sistema de la ONU de derechos humanos (incluso en Xinjiang y el Tíbet), ratificar e implementar efectivamente tratados de derechos humanos, poner fin a la censura y desmantelar medidas que obstaculizan la libertad de asociación, reunión y expresión.

Después de esta sesión, China debe revisar las recomendaciones recibidas y decidir si las acepta o las rechaza. Según las reglas del EPU, se espera que China implemente las recomendaciones aceptadas antes de su próxima revisión en 2029. La ONU alienta a los Estados bajo revisión a informar sobre el estado de implementación de las recomendaciones mediante un informe a medio camino entre las sesiones, algo que China no ha hecho en revisiones anteriores.

“El EPU de China es crucial dada la falta de escrutinio internacional en la ONU sobre su situación, especialmente en regiones como Xinjiang, donde la minoría étnica uigur enfrenta abusos graves”, aseguró en diálogo con Infobae Raphaël Viana David, gerente de Programas del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés) para China y América Latina. “La resolución sobre Xinjiang en septiembre de 2023 fracasó, destacando la ausencia de debates en el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en China. Por lo tanto, el EPU se convierte en un momento clave de escrutinio en un contexto geopolítico polarizado”.

La resolución del 2023 fracasó por tres votos, y fue una de las pocas veces en la historia del Consejo de Derechos Humanos que falló una resolución. “De hecho, de esos tres votos hubo infelizmente tres abstenciones en vez de votos a favor de países latinoamericanos, que fueron Argentina, México y Brasil”, resaltó Viana David.

En el último EPU de China, sin embargo, se evidenció la dinámica geopolítica en la ONU en relación con los derechos humanos.

Los países occidentales, principalmente del bloque occidental y Europa Oriental, emitieron recomendaciones críticas, destacando la documentación de la ONU. Aunque China rechazó estas recomendaciones, resaltando supuestas mentiras, la respuesta de los países occidentales fue contundente y basada en hechos documentados. En contraste, muchos países aliados a Beijing emitieron recomendaciones favorables, respaldando las políticas chinas a pesar de la evidencia de abusos.

Sin embargo, un grupo significativo de países latinoamericanos emitió recomendaciones constructivas y críticas, lo que rompe la narrativa de un apoyo unánime del Sur Global a China.

Estas recomendaciones de países latinoamericanos, como Argentina, México, Chile, Costa Rica, Paraguay, Perú y Ecuador, abordaron temas como derechos sexuales y reproductivos, derechos LGBTI, regulación de empresas chinas y acceso de expertos de la ONU a territorio chino.

Fueron inesperadas y muestran la posibilidad de que los países del sur mantengan una política coherente con China y expresen preocupaciones en foros multilaterales. “No lo esperábamos porque desde Ginebra conocemos las tácticas que el gobierno chino tiene para ejercer una presión inmensa sobre países en desarrollo para que hablen en favor de Beijing en la ONU, a pesar de las políticas de Estado que varios de esos países, sobre todo en Latinoamérica, tienen en derechos humanos”, dijo Viana David.

A principios de enero de este año, una nota diplomática enviada por la misión de China a varios países a la que accedió Reuters decía: “Solicitaría amablemente a su delegación que brinde un valioso apoyo a China y haga recomendaciones constructivas en el diálogo interactivo... teniendo en cuenta las relaciones amistosas y la cooperación entre nuestros dos países”.

Viana David confirmó que “en general Beijing moviliza un capital político y diplomático inmenso para movilizar a sus aliados diplomáticos a que hablen a su favor”.

Durante la sesión del EPU, se observó un aumento en las recomendaciones relacionadas con la falta de cooperación significativa de China con el sistema de derechos humanos de la ONU. Argentina y otros 19 países pidieron a China que implementara recomendaciones clave de organismos imparciales de la ONU, incluyendo el informe sobre Xinjiang de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las conclusiones de varios comités.

“Aunque no con la misma fuerza de lenguaje que países occidentales, sí emitieron recomendaciones que canalizan preocupaciones”, dijo Viana David. “Y esto es fundamental, en un contexto en el que China ejerce tanta presión sobre gobiernos. Sabemos que el gobierno chino compartió listas de recomendaciones a las cancillerías exhortándolas a leer directamente esas recomendaciones en el EPU, en nombre de las relaciones amigables entre los dos países en un tono relativamente coercitivo”.

México, Perú, Paraguay y las Bahamas, por ejemplo, emitieron recomendaciones con relación al acceso de expertos de la ONU a todo el territorio chino y, en el caso de México, en línea con los Términos de Referencia para las visitas de Relatorías Especiales, que es un documento de la ONU que detalla los principios que el gobierno tiene que garantizar para que las Relatorías Especiales sean libres de poder investigar en el país y obtener la información que necesitan, incluyendo de forma libre y segura de las víctimas y de la sociedad civil.

“Esto en 2018 era impensable por parte de gobiernos latinoamericanos”, comentó Viana David.

Este posicionamiento de países latinoamericanos abre una brecha en la narrativa que China intenta construir como líder global responsable y destaca las tensiones entre la diplomacia de China y las preocupaciones de derechos humanos expresadas por estos estados en la ONU: “Muestra que es posible para democracias del sur de tener una política coherente con relación a un socio importante que es China, en el que a la vez se puede cooperar y a la vez se puede -en los espacios adecuados como éste- emitir sus preocupaciones en la forma de recomendaciones con base en los hallazgos de la ONU. Esa es la vía que deberían de seguir otros países en vías de desarrollo”.

Sin embargo, sí hay una “profunda decepción” por parte de activistas y víctimas de crímenes atroces por la posición de Brasil y de Panamá, quienes emitieron “recomendaciones blandas evitando temas urgentes” como el tratamiento de las minorías y la discriminación racial a pesar de la extensa documentación de la ONU, y de que estas sean prioridades de su política en DDHH, aseveró el experto de la ISHR.

Las recomendaciones de Brasil fueron “acelerar los esfuerzos para promover los derechos de las personas mayores, abordando la discriminación y garantizando sus derechos, a una vida independiente, a la protección social y, cuando sea necesario, a una atención adecuada”; y “detener la aplicación de la pena de muerte como castigo por delitos no violentos y adoptar medidas para una moratoria de la aplicación de la pena capital”.

Mientras que Panamá instó a “continuar redoblando esfuerzos para contrarrestar todos los actos de discriminación contra mujeres y niñas en todas las etapas y circunstancias de la vida mediante la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”.

Las recomendaciones que empiezan con “continuar” además implican un apoyo a la posición del gobierno, alentándolo a continuar en esa línea.

“Estas recomendaciones no son coherentes con la posición tradicional de estos países en favor de la justicia por graves violaciones a los DDHH en el mundo, y en particular contraste con las recomendaciones contundentes emitidas en este EPU por los otros países de la región”, subrayó.