El primer ministro británico, Rishi Sunak, salvó este martes una bala que amenazaba su propia continuidad al frente del Ejecutivo, tras vencer en una votación sobre su plan para deportar inmigrantes a Ruanda pese a la rebelión del ala dura de su Partido Conservador.
El Reino Unido vivió unas horas que retrotrajeron al país a la época más volátil del Brexit, cuando la supervivencia de los jefes de Gobierno pendía del caprichoso hilo de la voluntad de unos cuantos diputados ‘tories’.
La fracción más derechista de los conservadores metió el miedo en el cuerpo al primer ministro cuando anunció, minutos antes de la votación en la Cámara de los Comunes (Baja), que se abstendría sobre el controvertido proyecto de ley.
Finalmente la rebelión no fue tal, y el Gobierno sacó adelante la segunda lectura de la pieza con una cómoda ventaja de 44 diputados (313 frente a 269).
Si 29 conservadores hubiesen votado ‘no’ con la oposición, o 56 de ellos se hubieran abstenido, Sunak se vería ahora entre la espada y la pared.
Eso no sucedió, y el primer ministro se felicitó a través de la red social X: “Los británicos deben decidir quién puede venir a este país, no las bandas criminales ni los tribunales extranjeros. Eso es lo que cumple este proyecto. Ahora trabajaremos para hacerlo ley y conseguir que salgan los vuelos a Ruanda y frenar las pateras”.
Pese a todo, es solo una victoria parcial para el atribulado inquilino de Downing Street.
Los rebeldes le han dado aire, pero anunciaron que “se reservan el derecho” de votar en contra en la tercera lectura si no se introducen las enmiendas que exigen.
A juicio del ala dura, el texto no va tan lejos como debería para impedir que los afectados por una orden de expulsión puedan recurrir la decisión ante la Justicia.
Consideran, además, que tampoco garantiza que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no vaya a vetar que despeguen los vuelos a Ruanda.
Por la supuesta tibieza del proyecto de ley -publicitado por el Gobierno como la pieza legislativa “más dura contra la inmigración de la historia”-, el secretario de Estado de Inmigración, Robert Jenrick, dimitió la semana pasada, abriendo una crisis en el seno del gabinete.
La portavoz de Interior del opositor Partido Laborista, Yvette Cooper, recordó con sorna que hasta el momento el gobierno ha mandado a Ruanda a más ministros del Interior que a inmigrantes indocumentados.
“Los costos de este plan fracasado, de 400 millones de libras (460 millones de euros) y acercándose a los 500 millones (582 millones de euros) sin que se haya deportado a un solo inmigrante, deberían haber ido para la lucha contra las bandas de traficantes”, dijo Cooper.
El debate previo a la votación evidenció los enfoques tan opuestos que existen en el Parlamento británico respecto al plan con el que Sunak pretende disuadir a los inmigrantes que esperan en Francia para cruzar el canal de La Mancha en patera.
Las diferencias no solo existen entre los diferentes partidos, sino dentro del propio Partido Conservador, lo que hace la situación aún más incierta.
El veterano diputado Bill Cash, defensor del Brexit y una de las voces más beligerantes entre los ‘tories’, dejó claro que para el ala dura “la soberanía prevalece sobre el derecho internacional”.
“El legislador soberano en el Reino Unido es el Parlamento y el deber de los tribunales es aplicar sus leyes, aunque sea en violación de los tratados internacionales”, declaró.
Sin embargo, su correligionario Geoffrey Cox, que fue abogado general del Estado durante el Brexit, consideró que “nunca se puede sacrificar el principio del recurso a la Justicia” y se mostró favorable a respetar el proyecto en su redacción actual.
Desde la bancada de enfrente, el laborista Chris Bryant recordó al Gobierno que “declarar que un país es seguro no lo convierte automáticamente en seguro”.
Bryant aludía de esa forma a la decisión del Tribunal Supremo de tumbar el anterior plan del Ejecutivo al considerar que Ruanda no es un país seguro para los inmigrantes deportados, que se exponen a ser expulsados a su país de origen.
Para salvar esa traba judicial, el Ejecutivo ha decidido declarar a Ruanda como “país seguro” en el nuevo proyecto de ley que ahora se tramita.
(Con información de EFE)
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