China encabeza la lista global de abusos laborales en barcos pesqueros: denuncian casos similares a la esclavitud

Se han detectado condiciones de trabajo peligrosas y forzosas, a veces similares a la esclavitud, en casi 500 buques pesqueros industriales en todo el mundo, pero identificar a los responsables de abusos en el mar se ve obstaculizado por la falta de transparencia y supervisión regulatoria, concluyó un nuevo informe.

La investigación realizada por la Coalición para la Transparencia Financiera, una organización sin fines de lucro con sede en Washington (Estados Unidos) que rastrea los flujos de dinero ilícitos, es el intento más completo hasta la fecha para identificar las compañías que operan embarcaciones donde se estima que decenas de miles de trabajadores cada año quedan atrapados en condiciones inseguras.

El informe, publicado el miércoles, encontró que una cuarta parte de los buques sospechosos de abusar de los trabajadores tienen bandera de China, cuya flota de aguas distantes domina la pesca en alta mar, áreas tradicionalmente ilegales más allá de la jurisdicción de cualquier país. Barcos de Rusia, España, Tailandia, Taiwán y Corea del Sur también fueron acusados de maltrato a los pescadores.

El trabajo forzoso en la industria pesquera es un fenómeno poco común pero cada vez más reconocido como una “crisis generalizada de derechos humanos”, según los autores del informe. En 2015, la agencia AP descubrió la difícil situación de miles de trabajadores migrantes de Myanmar, Camboya y Laos que sufrieron abusos mientras estaban empleados en barcos tailandeses cuyas capturas a menudo terminaban en Estados Unidos.

A nivel mundial, hasta 128.000 pescadores enfrentan amenazas de violencia, servidumbre por deudas, horas extras excesivas y otras condiciones indicativas de trabajo forzoso, según la Organización Internacional del Trabajo de la ONU.

Las empresas estadounidenses y europeas están bajo una presión cada vez mayor para limpiar las cadenas de suministro en industrias intensivas en mano de obra donde el abuso laboral es generalizado. El Grupo de Acción Financiera creada por el Grupo de las Siete democracias más ricas ha identificado la tala y la minería ilegales como factores clave del lavado de dinero y ha alentado a sus miembros a crear bases de datos disponibles públicamente para crear conciencia sobre los flujos financieros que alimentan los delitos ambientales.

Sin embargo, la industria pesquera hasta ahora ha escapado al mismo escrutinio, en parte porque los gobiernos a menudo carecen de las herramientas para regular lo que ocurre a cientos de kilómetros de la tierra. Esta semana, la administración del presidente Joe Biden decidió abandonar una expansión planificada del emblemático Programa de Monitoreo de Importaciones de Productos del Mar utilizado para prevenir la pesca ilegal y el trabajo forzoso en barcos extranjeros, que suministran alrededor del 80% de los productos del mar que comen los estadounidenses.

“Estamos viendo una vez más la desgarradora realidad de lo que está sucediendo en algunos barcos pesqueros comerciales en el mar y es completamente inaceptable”, dijo Beth Lowell, vicepresidenta en EEUU del grupo conservacionista Oceana, sobre el informe. “El trabajo forzoso y otros abusos de los derechos humanos no deberían ser el costo de una cena de mariscos”.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica dijo el martes que decidió archivar la expansión planificada después de recibir comentarios del público sobre los cambios de reglas propuestos y, en cambio, centraría su atención en mejorar el impacto del actual programa de monitoreo de importaciones, que cubre alrededor de 1.100 especies.

Otro obstáculo para la transparencia: los infractores frecuentemente obtienen licencias de gobiernos como Panamá y Belice, con reputación de secreto financiero y supervisión mínima de sus flotas. De los buques sospechosos de abuso y cuya propiedad pudo ser identificada por la Coalición para la Transparencia Financiera, el 18% enarbolaba las llamadas banderas de conveniencia que las empresas utilizan para evitar un examen cuidadoso y ocultar su estructura accionarial.

El informe identificó a dos empresas chinas, ZheJiang Hairong Ocean Fisheries Co. y Pingtan Marine Enterprises, como las peores infractoras, con diez y siete buques, respectivamente, acusados de violaciones de derechos humanos. Una tercera empresa, la estatal China National Fisheries Corp., tenía cinco.

Ninguna de las empresas respondió a la solicitud de comentarios de AP. Pero ZheJiang Hairong, en una declaración el año pasado al Fujian Daily, de propiedad estatal, reclamó la propiedad de sólo cinco de los diez buques que luego aparecerían en la lista de la Coalición para la Transparencia Financiera. Pingtan fue sancionado el año pasado por la administración Biden por acusaciones de pesca ilegal y abuso laboral, y más tarde vio sus acciones retiradas de la Bolsa de Valores de Nueva York.

La Coalición para la Transparencia Financiera examinó informes gubernamentales, relatos de los medios y quejas de grupos de defensa para llegar a una lista de 475 embarcaciones individuales sospechosas de realizar trabajos forzados desde 2010. De esa cantidad, la información del pabellón estaba disponible solo para aproximadamente la mitad del total, otra indicación. de la necesidad de una mayor transparencia en la propiedad, afirma el grupo.

(Con información de AP)