La Unión Europea ha sancionado este viernes a seis fiscales, jueces e investigadores por considerarlas responsables de graves violaciones de Derechos Humanos tanto en Rusia como en los territorios ocupados de Ucrania, incluidas violaciones de la libertad de opinión y expresión.
Las personas enumeradas incluyen a fiscales y jueces activos en los tribunales establecidos por la fuerza de ocupación rusa en Crimea anexada ilegalmente y que participaron en el proceso judicial por motivos políticos contra le periodista condenado a seis años de prisión Vladislav Yesipenko y el líder tártaro en Crimea, Nariman Dzhelialov.
El Consejo ha decidido imponer medidas restrictivas también a otros dos miembros del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa (FSB) que participaron en la tortura de Yesipenko y llevaron a cabo las investigaciones de su caso, así como de miembros de la comunidad tártara de Crimea y de los testigos de Jehová.
Las medidas restrictivas de la UE bajo el Régimen Global de Sanciones de Derechos Humanos se aplican ahora a un total de 67 personas y 20 entidades.
Los designados están sujetos a una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la UE se les prohíbe poner fondos a su disposición.
Las personas físicas están además sujetas a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.
La UE no reconoce el intento ilegal de anexión por parte de Rusia de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, así como de partes de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson, que violan el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.
La Unión mantiene su firme compromiso con la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y está preocupada por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en los territorios ucranianos ocupados por Rusia.
(Con información de Europa Press)
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