Un grupo de relatores de las Naciones Unidas evaluaron el proyecto de ley impulsado por el régimen de Irán que busca ampliar los castigos contra mujeres y niñas que no lleven el velo obligatorio en espacios públicos y lo calificó de “apartheid de género”.
Los firmantes denunciaron que el proyecto de Ley para Apoyar a la Familia Promoviendo la Cultura de la Castidad y el Hiyab “viola derechos fundamentales, incluidos los de participación en la vida cultural, la prohibición de la discriminación de género, la libertad de opinión y expresión, el derecho a protesta pacífica, el derecho a acceder a servicios sociales, educativos y sanitarios, y la libertad de movimiento”.
Estos “duros castigos a mujeres y niñas por no cumplir”, continuaron, “podría llevar a una aplicación violenta (de la medida)” y evidenciar que “las autoridades parecen estar gobernando a través de una discriminación sistemática con la intención de conseguir una sumisión total” de este sector de la sociedad.
En ese sentido, enfatizaron que “la cultura se forma y evoluciona con la participación de todos” y que la potestad de las instituciones para denegar servicios públicos y oportunidades a quienes no acaten la ley son una muestra de la mentalidad arcaica del régimen que, al día de hoy, considera como “alteración de la paz” la ausencia del hiyab y lo vincula con “desnudez, falta de castidad y actos contra la decencia pública”.
Por otro lado, los firmantes advirtieron que ese endurecimiento de los castigos afectará de forma desproporcionada a las mujeres económicamente marginadas que, ya de por sí, se encuentran privadas de una serie de derechos básicos, sociales y económicos.
“Convertir en un arma la moral pública para denegar a mujeres y niñas su libertad de expresión es algo que desempodera y que reforzará y expandirá la discriminación de género y la marginación, con consecuencias negativas más amplias para los niños y la sociedad en su conjunto”, concluyeron.
Por todo ello, los expertos pidieron a las autoridades del régimen persa que reconsideren la legislación sobre la obligatoriedad del hiyab, en línea con el Derecho Humanitario, y que garanticen su pleno cumplimiento en el país.
Irán se vio envuelto en una fuerte polémica el pasado 16 de septiembre cuando la joven kurda Mahsa Amini murió en manos de la policía de la moral, que la detuvo y castigó por llevar mal colocado el velo obligatorio.
Desde entonces, miles de activistas, celebridades, organizaciones y funcionarios de todo el mundo han pedido el fin de estas leyes misóginas que desencajan con los tiempos que corren.
Sin embargo, el régimen persa se ha negado a dar lugar a estas voces y, por el contrario, redobló la apuesta. En julio, entró en vigencia un nuevo sistema de castigos junto con un redespliegue de agentes de la Policía que hasta clausuraron 150 comercios que aceptaron el ingreso de mujeres sin el velo.
Inclusive, en la víspera del primer aniversario de la joven, el régimen intensificó la represión de activistas y disidentes para evitar los disturbios del pasado año, que se prolongaron durante meses.
(Con información de Europa Press)
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