Por qué el régimen chino puede llevar a la ruina a los países en desarrollo con la Iniciativa de la Franja y la Ruta

Este año se cumple la primera década del proyecto de desarrollo de infraestructuras más grande y ambicioso de la historia de la humanidad. A través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, China prestó más de un billón de dólares a más de 100 países en desarrollo. El objetivo: expandir su influencia a nivel global. Esa expansión comenzó en Asia-Pacífico, pero luego fue sumando peso en Europa, África y América Latina. La única región donde no logró penetrar es en el norte de América.

Sin embargo, muchos expertos y analistas han advertido en los últimos años los riesgos de contraer deuda china. Incluso, algunos han calificado a estos préstamos de “diplomacia de la trampa de la deuda”. Según explican, el régimen de Xi Jinping, consciente de que a los países deudores les costará devolver el dinero, saca provecho de sus necesidades y los atrae para apoderarse de sus infraestructuras y recursos vitales. Estas motivaciones se ven reflejadas en el gran número de proyectos marginales en países con enormes riesgos políticos, como la República Democrática del Congo o Venezuela.

Además, muchos de los proyectos de infraestructura financiados por China no arrojaron los resultados esperados. Por el contrario, los gobiernos se encontraron con enormes deudas, incapaces de garantizar la financiación de futuros proyectos o incluso de pagar la deuda que asumieron. Esto ocurrió en países como Sri Lanka, Argentina, Kenia, Malasia, Montenegro, Pakistán, Tanzania, y otros tantos. Otros, en tanto, han dañado el medio ambiente o han sufrido reveses debido a la mala calidad de la construcción china.

Tal como explican Michael Bennon y Francis Fukuyama en un artículo publicado en la revista Foreign Affairs, el principal problema que debieron afrontar esas naciones no fue la influencia del régimen chino sobre puertos y otras propiedades estratégicas, sino el hecho de verse obligadas a recurrir a diferentes instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), para solicitar ayuda para reembolsar sus préstamos con Beijing.

En la mayoría de los casos, los ambiciosos proyectos chinos llevaron la relación deuda/PIB a niveles insostenibles y provocaron una crisis de balanza de pagos. Asimismo, en países como Montenegro, Sri Lanka y Zambia, Xi Jinping hizo tratos con gobiernos de corte autoritario, con altos índices de corrupción, que luego legaron la deuda a gobiernos menos corruptos y más democráticos, pero que se vieron forzados a asumir la responsabilidad de salir de la crisis generada por el préstamo chino.

Bennon y Fukuyama advierten que esta situación pone a estos países contrayentes de deuda -y al resto del mundo- en un gran desafío a futuro, ya que esta oleada de crisis de la deuda podría ser mucho peor que las anteriores, infligir daños económicos duraderos a economías ya vulnerables y sumir a sus gobiernos en negociaciones prolongadas y costosas.

Un ejemplo de esto se puede observar en Kenia. A principios de 2021 el Gobierno intentó negociar un retraso en el pago de los intereses de un proyecto ferroviario financiado por Beijing. No obstante, después de que el FMI aprobara una línea de crédito por 2.300 millones de dólares, el gigante asiático comenzó a retener los pagos a los contratistas de otros proyectos financiados por China en Kenia. Como consecuencia, los subcontratistas y proveedores keniatas dejaron de recibir pagos. Ese mismo año, Kenia anunció que ya no solicitaría una prórroga del alivio de la deuda a China y realizó un pago de 761 millones de dólares por el servicio de la deuda del proyecto ferroviario.

Por casos como este, el régimen conducido por el Partido Comunista (PCC) llegó a ser considerado como un acreedor “rapaz e inflexible”, no tan diferente de las corporaciones multinacionales de Occidente que tanto critican Beijing y sus aliados.

Un Partido Comunista que no sólo tiene como objetivo incrementar su influencia a nivel mundial en medio de su disputa con Estados Unidos, sino también tiene objetivos en materia de política exterior y seguridad, y la intención de ayudar a las empresas chinas -en su mayoría estatales- a obtener ganancias en el extranjero y mantener a flote el enorme sector de la construcción de China.

De hecho, los préstamos otorgados a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta son concedidos por bancos estatales de China a través de empresas estatales a empresas estatales de los países prestatarios. Este mecanismo conduce a una de las “trampas” que esgrimen los especialistas. Es que los contratos se negocian de forma directa, en lugar de abrirse a una licitación pública. Esto hace que carezcan de una de las ventajas de la financiación privada y la contratación abierta: un mecanismo de mercado transparente para garantizar que los proyectos sean financieramente viables.

Ejemplo de esto fue el caso de Montenegro. En 2009 el Gobierno licitó un contrato para construir una autopista para conectar el puerto adriático de Bar con Serbia. Dos contratistas privados participaron en dos procesos de contratación, pero ninguno de ellos pudo reunir la financiación necesaria. Finalmente, el Ejecutivo recurrió al Banco de Exportación e Importación de China. Hoy en día, la autopista es una de las principales causas de las dificultades financieras de Montenegro. Según una estimación del FMI en 2019, la relación deuda/PIB del país habría sido de solo el 59% si no se hubiera llevado a cabo el proyecto. En cambio, se pronosticó que la proporción aumentaría al 89% ese año.

Un estudio publicado en 2021 en el Journal of International Economics señala otro de los grandes riesgos de contraer deuda china. Según ese reporte, cerca de la mitad de los préstamos otorgados por Beijing a países en desarrollo están “ocultos”. Es decir, no están incluidos en las estadísticas oficiales de deuda. Otro estudio publicado en 2022 por la American Economic Association apuntó que esas deudas dieron lugar a una serie de “impagos ocultos”.

En algunos casos China tomó medidas para aliviar las deudas contraídas por los países, proporcionando sus propios rescates, a menudo en forma de canjes de divisas y otros préstamos puente a los bancos centrales prestatarios. Pero los swaps del Banco Central, por las condiciones de negociación de China, son mucho menos transparentes que los préstamos soberanos tradicionales, lo que complica aún más las reestructuraciones.

Según Bennon y Fukuyama, la intención de China de no revelar las condiciones de los préstamos y renegociar bilateralmente puede ayudar a proteger sus intereses económicos a corto plazo, pero también puede desbaratar los esfuerzos de reestructuración al socavar los dos elementos fundamentales de cualquier proceso de este tipo: la transparencia y la comparabilidad del trato. Es decir, la idea de que todos los acreedores compartirán la carga equitativamente y recibirán el mismo trato.

El FMI tiene el programa de Préstamos para Atrasos Oficiales, destinado a aliviar la crisis de la deuda del BRI. Pero dependiendo el caso, puede resultar ineficaz. En Zambia, por ejemplo, China tiene más de la mitad de la deuda oficial, lo que hace sumamente arriesgado que el FMI conceda financiación adicional. Lo propio ocurre en otros casos en los que Beijing ni siquiera posee la mayoría de la deuda oficial, pero sí una gran influencia económica sobre los prestatarios.

Ante este escenario, la revista norteamericana indica que mientras el FMI continúe actuando cautelosamente, el régimen de Xi Jinping continuará utilizando su influencia para presionar al Fondo para que apoye a los prestatarios. Especialistas consideran, además, que para evitar que las futuras reestructuraciones de deudas sean tan complicadas, el FMI tendrá que aplicar “reformas sustanciales”.

Algunos analistas, en tanto, sostienen que China está atravesando un “proceso de aprendizaje” como cobrador de deuda. Esto implica que los acreedores occidentales deben flexibilizar sus políticas mientras Beijing se adapta a ese nuevo rol. Estados Unidos y otros acreedores bilaterales podrían ayudar a los prestatarios de la BRI a coordinarse entre sí, lo que mejoraría la transparencia, el intercambio de información y permitiría a los prestatarios negociar con los acreedores chinos como grupo en lugar de bilateralmente. El enfoque promovido por el régimen chino de llevar a cabo las renegociaciones de forma secreta y bilateral perjudica a los prestatarios de la BRI, así como a otros acreedores, incluidos el FMI y el Banco Mundial.

De esta manera, la Nueva Ruta de la Seda plantea serios problemas a los países occidentales, pero la principal amenaza no es estratégica. La Iniciativa provoca presiones que pueden llevar a la desestabilización de países en desarrollo, lo que a su vez crea problemas para instituciones financieras internacionales a las que esos países acuden en busca de rescates económicos para no ver hipotecados sus recursos a futuro.

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