Cómo resurgió y se mantiene la dictadura militar en Myanmar en medio de las protestas y los grupos de resistencia armados

El puño militar en Myanmar ha permanecido en el poder desde el 1 de febrero de 2021, cuando un golpe de estado interrumpió el breve periodo democrático y se presentó como una gestión de emergencia presuntamente transitoria, por un año. Pero también comenzó un período de violencia contra las manifestaciones prodemocracia. El país revivió las memorias de un pasado marcado por distintas dictaduras desde que obtuvo su independencia en 1945 hasta 2011.

Aunque la democracia fue breve, el pueblo de Myanmar se negó a olvidarla. Desde el golpe de estado, diversas manifestaciones contra el régimen inundaron las calles hasta el presente. Incluso algunas facciones se levantaron en armas en busca de la autodeterminación y el fin de la dictadura militar, lo que provocó una respuesta represiva de las fuerzas armadas.

El expresidente de ese país, U Win Myint, fue arrestado junto a Aung San Suu Kyi, la reconocida líder prodemocracia que comenzó una resistencia pacífica en la década de 1960 y llegó a ser Consejera de Estado y Ministra de Relaciones Exteriores de 2016 a 2021. El régimen militar buscó encarcelarlos por distintos delitos, como traición, mientras consolidaba su poder en el país a pesar de enfrentar el repudio internacional.

El fin de la democracia comenzó con un anuncio televisado. Ante los ojos de millones de personas en Myanmar, el canal de propiedad militar Myawaddy transmitió la imagen de un hombre: el comandante en jefe Min Aung Hlaing. Él declaró un estado de emergencia nacional por un año desde el 1 de febrero de 2021. El terror llegó a las vidas de los civiles, que fueron detenidos para amedrentar a la población, mientras era imposible obtener información fidedigna porque el régimen bloqueó el acceso a internet.

La ola de protestas y represión significó un doloroso revés para Myanmar, que apenas había comenzado una transición hacia la democracia a partir de 2011, después de décadas de régimen militar. Cuando el partido Liga Nacional para la Democracia (LND) consiguió la victoria en los comicios presidenciales de 2015, las tensiones políticas y la desconfianza entre los poderes civiles y militares resurgieron. Incluso, Aung San Suu Kyi, como ministra de relaciones exteriores, denunció que las fuerzas armadas aún mantenían un control poderoso en la política del país.

El ejército se mantuvo en estado de observación durante cinco años, hasta las elecciones celebradas el 8 de noviembre de 2020. En esa ocasión, LND obtuvo una victoria abrumadora con el 83% de los escaños parlamentarios disponibles y los militares se negaron a aceptar los resultados. Junto al Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), alegaron un fraude en el proceso electoral.

El primer paso de los militares fue controlar el Parlamento. El presentador de noticias que informó sobre el acontecimiento citó la Constitución de 2008, que otorga a los militares la autoridad para declarar un estado de emergencia nacional. Las demás facciones democráticas se vieron imposibilitadas debido a la toma de control de las infraestructuras del país, la suspensión de la mayoría de las emisiones de televisión y la cancelación de los vuelos nacionales e internacionales.

Una coordinación de este nivel solo es posible con la estrategia de una figura militar veterana: el comandante en jefe Min Aung Hlaing. Bajo su liderazgo, el ejército llevó a cabo diversas operaciones contra grupos étnicos minoritarios en el país, lo que resultó en graves violaciones de los derechos humanos y conflictos internos. La toma de poder prolonga la permanencia de este hombre en el cargo, ya que se suponía que dejaría de ser jefe de las fuerzas armadas desde 2021, según The New York Times.

Min Aung Hlaing tiene una consolidada red de apoyo basada en negocios familiares lucrativos. El control que tenía sobre conglomerados empresariales y la capacidad para nombrar a tres miembros clave del gabinete aseguran un importante poder político y económico. El golpe le aseguró una extensión de su influencia en Myanmar.

Después del golpe, la población respondió con una serie de manifestaciones pacíficas en contra del régimen militar. Sin embargo, fueron reprimidas de forma brutal por las fuerzas de seguridad, lo que llevó a un aumento de la violencia e incluso a la resistencia armada en algunas regiones. La Asociación de Asistencia a los Presos Políticos informó que se cobró la vida de al menos 1.500 civiles desde el inicio de este nuevo régimen, y que más de 11.800 personas han sido detenidas. Otras fuentes hablan de cifras más altas.

“El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) afirma que el ejército ha matado a más de 3.700 personas desde el golpe, mientras que otras 23.740 se encuentran detenidas arbitrariamente, aunque es probable que las cifras de ambos sean mucho más elevadas”, denunció Manny Maung, exiliado en Australia y miembro de Human Rights Watch. “Según la ONU, el ejército ha quemado al menos 70.000 casas en todo el país para destruir focos de resistencia, y 1,5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse”.

La dictadura ha buscado sofocar cualquier forma de oposición, incluso amenazando con duras penas de prisión a aquellos que participen en actividades de protesta. La comunidad internacional ha condenado enérgicamente la represión y ha instado a la restauración del gobierno democrático en Myanmar; pero los grupos de resistencia armada han proliferado, mejor conocidos como “fuerzas populares de defensa”, según la BBC.

Uno de estos grupos, identificado como la nueva Fuerza de Defensa del Pueblo de Mandalay, declaró haber atacado con granadas al ejército en respuesta al asalto de una de sus bases en esa ciudad. Además de esta agrupación, hay decenas de comunidades étnicas armadas que se han levantado contra las fuerzas armadas. Entre ellos resalta la Unión Nacional Karen (KNU), cuya estrategia en la actualidad se basa en el adiestramiento de manifestantes antigolpistas.

El régimen militar continúa y con él se extiende el periodo de violencia e inestabilidad. El relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), Thomas Andrews, aseguró que el ejército comete a diario crímenes contra la humanidad, ejecuciones extraoficiales contra civiles, torturas y delitos sexuales.

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