Una investigadora de la ONU reveló detalles de la maquinaria represiva del régimen iraní tras las protestas por la muerte de Mahsa Amini

El pasado 16 de septiembre de 2022, Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, murió después de ser detenida por la policía de la moral por incumplir el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres en la República Islámica. Ese hecho marcó un antes y un después en la historia moderna del país persa. Como nunca antes, la población se movilizó masivamente en diferentes ciudades para manifestarse en contra del régimen de los ayatolás. Un claro síntoma de hartazgo de una sociedad golpeada por la crisis económica y por la falta de libertades individuales. Sin embargo, lejos de buscar soluciones y atender las demandas sociales, la respuesta de las autoridades fue más represión y violencia.

Así lo constató la Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos en Irán de la ONU. En su informe publicado días atrás, el grupo de trabajo advirtió que Teherán mantiene una férrea represión contra las personas que participaron en las protestas de 2022.

Viviana Krsticevic, actual Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), es una de las investigadoras que formó parte de la Misión de la ONU. En diálogo con Infobae, expresó la preocupación del organismo ante “la falta de apego de la investigación nacional a los estándares mínimos de derechos humanos, incluidas la independencia, transparencia y debida diligencia”.

Puntualizó, asimismo, en los esfuerzos del régimen por “inhibir la búsqueda de la verdad”. En ese sentido, recordó las detenciones de los periodistas que primero reportaron sobre el caso de Amini: Nilufar Hamedi y Elahe Mohammadi.

La familia de Mahsa, además de haber sufrido la pérdida de la joven a manos de la policía de la moral, también fue víctima todos estos meses de amenazas, y su derecho a la verdad y la justicia “continúa desatendido”.

Krsticevic comentó que desde que se reportó la muerte de Mahsa, y el posterior estallido social, toda muestra o expresión de apoyo a la joven iraní fue respondida por las autoridades del régimen con violencia, censura y represión: “En la FFMI hemos recibido cuantiosa información sobre las personas que salieron a las calles o buscaron diversas maneras de expresar su solidaridad con Mahsa Amini y su familia. Estamos estudiando numerosas alegaciones de violaciones de derechos en respuesta a la búsqueda de la verdad y justicia por su muerte, o por expresiones de fraternidad y sororidad a través de diversas manifestaciones de protesta y expresión”.

“Ellas incluyen situaciones vinculadas a ciudadanos en diversas regiones del país: periodistas, artistas, abogados, estudiantes, familiares, entre otros”, agregó.

Irán lleva años sufriendo las consecuencias de un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, con ejecuciones extrajudiciales y persecución a opositores. Sin embargo, la muerte de Mahsa no pasó desapercibida y movilizó a miles a las calles a exigir un cambio. Algunos, incluso, no temieron desplegar banderas con la cara del líder supremo, Ali Khamenei, y la frase “muerte al dictador”. Otros, en tanto, quemaron imágenes del ayatolá y de los principales jerarcas del régimen sin medir las posibles represalias.

“Lo que muchos y muchas perciben como graves injusticias genera en ocasiones manifestaciones de empatía y protesta sociales como las que vimos en el país en los últimos once meses. Por ello, no nos sorprende que la muerte de Mahsa Amini haya catalizado expresiones de inmensa solidaridad”, apuntó la investigadora argentina.

De acuerdo con los informes recibidos por la Misión, desde noviembre del año pasado al menos 26 personas han sido condenados a muerte por su participación en las protestas, mientras que docenas han sido imputadas de delitos que conllevan pena de muerte. De esos condenados, al menos siete hombres ya fueron ejecutados tras juicios sin ningún tipo de garantía ni transparencia, y sin haber cumplido el debido proceso. Según las denuncias que recibió la Misión, las autoridades obtuvieron confesiones de los detenidos bajo tortura.

Algo similar ocurrió con las casi 22.000 personas indultadas. Según reportes de la prensa, estos individuos fueron obligados a admitir su culpabilidad para poder salir en libertad.

Los investigadores recordaron, por su parte, que apenas dos meses después del inicio de las protestas en Irán se registraron presuntos envenenamientos en decenas de escuelas en 28 provincias: “La Misión está investigando cuidadosamente si estos pudieron haber sido orquestados como un medio para castigar o disuadir a las niñas de participar en las protestas”.

En paralelo, tras el estallido social el régimen impulsó dos proyectos de ley que están aguardando tratamiento ante el Parlamento (Majles). De ser aprobadas esas normativas, las mujeres y las niñas que violen las leyes sobre el uso obligatorio del velo podrían sufrir castigos aún más graves “y podrían resultar expuestas a mayores riesgos de violencia, acoso y detención arbitraria”.

“La situación es delicada porque, por una parte, continúan las alegaciones sobre procesos a mujeres y niñas que desafían las normas sobre el uso obligatorio del velo. Ello incluye instancias de identificación vía redes sociales y cámaras en lugares públicos de posibles infractoras que luego son punidas. Por otra parte, están pendientes dos proyectos de ley que incrementan las penas a quienes infrinjan las normas de velo obligatorio de manera directa o expresen solidaridad con quienes se oponen a aquellas. Las penas de los proyectos de ley permitirían el arresto, los azotes/latigazos y la prohibición de ocupar ciertos puestos o profesiones -como el ejercicio del derecho-, en abierta contravención con las normas internacionales de derechos humanos”, explicó Krsticevic.

Este oscuro panorama se conoce gracias a las denuncias compartidas tanto por familiares de las víctimas como por miembros de la sociedad que luchan por visibilizar lo que está ocurriendo en Irán. No obstante, la falta de cooperación de las autoridades hace presumir que la situación puede ser aún mucho peor, y que las cifras de ejecutados, detenidos y condenados sean mucho más altas.

Desde noviembre del año pasado, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU resolvió abrir una investigación internacional, la Misión envió a las autoridades de la República Islámica siete cartas solicitando una visita al país para recopilar información. Pero hasta el momento ninguna fue respondida.

Pese a esta indiferencia, las investigadoras que conforman la Misión (Krsticevic, Sara Hossain -abogada en la Corte Suprema de Bangladesh-, y la pakistaní Shaheen Sardar Ali, profesora de Derecho en la universidad de Warwick en el Reino Unido) enviaron un contundente mensaje a las autoridades en su reciente informe: “Irán tiene la obligación de proteger los derechos de todas las personas en el país, de sancionar a los y las responsables de presuntas violaciones de derechos relacionadas con las protestas y abordar las causas estructurales de estas violaciones”.

“Nuestra tarea de investigación está basada en el compromiso con la verdad y la justicia para evitar que queden en la impunidad o la incertidumbre graves violaciones de derechos humanos y para asegurar un futuro donde se garanticen los derechos de quienes habitan en la República Islámica de Irán. Esperamos que el Gobierno coopere con esta tarea y con nuestra misión en la medida en la que debería unirnos el propósito de esclarecer los hechos y garantizar los derechos (…) El compromiso de la FFMI consiste en cumplir nuestra tarea a cabalidad, con rigor e independencia, para aportar a un futuro justo e igualitario”, concluyó Krsticevic.

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