La ONU advirtió que el régimen de Irán mantiene una férrea represión contra las personas que participaron en las protestas de 2022

Irán sigue imponiendo una dura represión, que incluye ejecuciones, contra personas supuestamente relacionadas con las masivas protestas desencadenadas por la muerte de la joven Mahsa Amini en septiembre, denunció el miércoles una misión de investigación de la ONU.

Las protestas multitudinarias, duramente reprimidas, estallaron en Irán tras la muerte el 16 de septiembre de 2022 de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, tres días después de su detención por la policía de la moral por incumplir el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres en la República Islámica.

Los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU votaron en noviembre abrir una investigación internacional, llevada a cabo por tres mujeres: Sara Hossain, abogada en la Corte Suprema de Bangladesh, la pakistaní Shaheen Sardar Ali, profesora de Derecho en la universidad de Warwick en el Reino Unido, y la argentina Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Diez meses después de la muerte de Amini, el derecho de su familia “a la verdad y la justicia sigue sin cumplirse”, dijo Hossain, ante el consejo.

“La falta de transparencia que ha rodeado las investigaciones sobre su muerte también se demuestra en que siguen detenidas dos mujeres periodistas, Nilufar Hamedi y Elaheh Mohammadi, las primeras en informar sobre el hecho”, añadió.

Irán anunció que 22.000 personas habían sido indultadas por temas vinculados a las manifestaciones, lo que “sugiere que muchas otras están encarceladas o inculpadas”, según Hossain. No hay datos oficiales sobre el tipo de cargos contra ellas, ni sobre las condenas, detenciones o acusaciones relacionadas con las protestas, añadió.

Según reportes de la prensa, los manifestantes indultados fueron obligados a expresar sus remordimientos y a “admitir efectivamente su culpabilidad” firmando documentos escritos y comprometiéndose a no cometer más “crímenes similares”, según la abogada bangladesí.

“Siguen infligiéndose severas penas contra los implicados en las manifestaciones, inclusive para ejercer los derechos protegidos en términos de las leyes internacionales sobre los derechos humanos”, aseguró.

“Más aterrador aún, siete hombres fueron ejecutados tras rápidos procesos salpicados de graves alegaciones de violaciones de un juicio justo, incluyendo confesiones obtenidas por tortura”, alertó.

La misión de investigación instó a Teherán a poner fin a las ejecuciones de personas condenadas a muerte por las protestas y liberar a todos aquellos que fueron detenidos por manifestarse de forma pacífica y haber difundido informaciones.

Irán reaccionó diciendo que los países occidentales habían fomentado las manifestaciones y “los terroristas entraron en escena”.

“Más de 75 policías y civiles murieron a manos de los amotinados, y más de 7.000 miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos”, declaró Kazem Gharib Abadi, secretario general del Alto Consejo iraní para los Derechos Humanos.

“La política de Irán frente a los disturbios fue utilizar los poderes legales mínimos”, insistió.

Según el responsable, un canal de redes sociales “difundió formaciones sobre la fabricación de bombas” y otro “creó más de 50.000 cuentas falsas para actuar contra Irán”.

El responsable hizo también referencia a los recientes altercados en Francia contra la violencia policial, que reflejan “un recurso excesivo a la fuerza contra manifestantes pacíficos, arrestos arbitrarios generalizados y restricciones en internet y las redes sociales”.

(Con información de AFP)

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