El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, nombró este martes al conservador Petteri Orpo como nuevo primer ministro, tras el aval del Parlamento, y cerrando así la vuelta del país nórdico a posiciones más conservadores.
La nueva coalición de Gobierno está formada por hasta cuatro fuerzas políticas, que se repartirán 19 carteras. La de Orpo, el Partido Coalición Nacional, cuenta con siete ministerios, entre ellos el de Defensa, Trabajo, Asuntos Exteriores y Medio Ambiente.
Por su parte, la ultraderecha del Partido de los Finlandeses tendrá a su cargo Interior, Justicia, Salud y Finanzas, en manos de la líder de la formación, Riikka Purra. Los demócrata cristianos se quedan con Agricultura, mientras que el Partido Popular Sueco de Finlandia estará al frente de la cartera de Educación.
A finales de la semana pasada, los partidos acordaron finalmente un programa de gobierno de 259 páginas. Este miércoles está previsto que se elija al nuevo presidente del Parlamento, tras lo cual dará comienzo la investidura.
“Necesitamos una Unión Europea más fuerte”, dijo Orpo, quien declaró tras contar con el visto bueno del Parlamento que su gobierno tendrá como prioridades el crecimiento económico, reforzar su presencia en foros internacionales -como la OTAN o la UE-, más austeridad, bajadas de impuestos y menos inmigración.
El nuevo Ejecutivo supone un giro drástico respecto al Gobierno de la socialdemócrata Sanna Marin y ya está considerado el más de derechas de la historia reciente del país nórdico. “Hemos elaborado un sólido programa de gobierno y vamos a implementarlo. Creo que lograremos un cambio que hará de Finlandia un país próspero y floreciente durante las próximas décadas”, afirmó Orpo tras su nombramiento.
Recorte del gasto y reforma laboral
El programa económico del nuevo Ejecutivo persigue reducir la deuda pública, que actualmente se sitúa en torno al 73 % del PIB, mediante un ajuste presupuestario de 6.000 millones de euros durante los próximos cuatro años, de los que 4.000 millones serán recortes del gasto.
Este ajuste contempla reducir los servicios sociales y los subsidios públicos, especialmente por desempleo, así como aumentar los impuestos sobre los medicamentos, los eventos deportivos, la cultura y el ocio, que subirán del 10% al 14%.
El programa recoge además una bajada del impuesto sobre la renta y una serie de medidas para incentivar la creación de empleo, incluida una reforma laboral para facilitar el despido y limitar la autonomía de la patronal y los sindicatos a la hora de negociar los convenios colectivos.
Tanto los partidos de izquierda, ahora en la oposición, como las organizaciones obreras han criticado duramente el nuevo programa de gobierno, al considerar que aumentará las desigualdades sociales y empeorará las condiciones laborales de los trabajadores.
Trabas al asilo y la inmigración
El regreso de la ultraderecha al Gobierno finlandés ocho años después supondrá el endurecimiento de las políticas de asilo e inmigración, la principal exigencia del Partido de los Finlandeses durante las negociaciones para formar el Ejecutivo.
La nueva titular de Interior, Mari Rantanen, declaró a la prensa que su ministerio dará “un giro radical” a estas políticas, ya que en los últimos años han sido -en su opinión- las más laxas de todos los países nórdicos.
“Vamos a endurecer todas las condiciones para venir a Finlandia, para vivir aquí y para quedarse, como han hecho otros países escandinavos”, afirmó la ministra ultraderechista, sin mencionar que su país es, con mucha diferencia, el que menos porcentaje de población extranjera tiene entre los nórdicos.
El nuevo Gobierno tiene intención de recortar la cuota anual de refugiados que llegan a través de Naciones Unidas desde los 1.050 actuales hasta los 500 y el asilo pasará a tener carácter temporal, reduciéndose su duración al mínimo permitido por la legislación europea.
También se pondrán más trabas a la llegada de inmigrantes de fuera de la Unión Europea, una cuestión en la que la ultraderecha impuso su criterio a los conservadores de Orpo, abiertamente partidarios de mitigar la falta de mano de obra con trabajadores no comunitarios.
(Con información de Europa Press y EFE)
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