El siempre divisivo debate sobre la migración crece con fuerza en Europa volcado hacia una retórica dura dirigida a controlar las fronteras. La discusión entre los líderes europeos se vuelve compleja: se profundiza la distancia entre aquellos que apoyan que se financien centros de contención y otros que piden abiertamente que se levanten muros.
La expectativa por la revelación de las cifras de inmigración en el Reino Unido ejemplifica esta tensión. Efectivamente, la perspectiva se ha confirmado a partir de la publicación de la Oficina Nacional de Estadística británica que ha señalado que la inmigración neta alcanzó un nivel récord de 606.000 personas en 2022.
Este dato surge del saldo de la inmigración, que alcanzó los 1,2 millones en 2022, y la emigración, en 557.000. La mayoría de las entradas son de ciudadanos de fuera de la Unión Europea (925.000), frente a las 151.000 llegadas del bloque y las 88.000 de los británicos.
En Francia, la última encuesta de la consultora Odoxa Backbone realizada para Le Figaro destaca que entre los franceses un 79% apoya la obligación de los solicitantes de asilo de formular su requerimiento antes de estar en territorio francés. Además un 74% quiere que las cuotas de inmigrantes queden fijadas cada año por el Parlamento. Incluso otros se muestran a favor de la posibilidad de someter la política de ingresos de personas a referéndum, con un 72 por ciento.
En el caso británico, el fin de la libre circulación con la UE trajo una apertura del sistema de visados para países extracomunitarios, lo que terminó provocando un aumento de la inmigración.
El actual primer ministro Rishi Sunak se comprometió a reducir la inmigración del nivel heredado, unos 500.000. Para ello, el gobierno que encabeza intenta un Proyecto de Ley de Inmigración Irregular que permitiría la detención y la deportación rápida de cualquier persona que ingrese ilegalmente al Reino Unido. Sin embargo, las pujas para llegar a una norma común ralentizan los avances.
En la mayoría de los casos son los partidos de derecha y ultraderecha los que empujan una administración menos permeable de las fronteras. En el caso de Francia, el apoyo se encuentra del lado de los simpatizantes de la “tradicional” derecha de Los Republicanos, pero también de la Agrupación Nacional que lidera Marine Le Pen.
El último proyecto de ley de los LR también es concordante con el juicio de los ciudadanos, cada vez más estrictos en materia de inmigración. El 74%, según el mismo sondeo que publica Le Figaro, cree que hay demasiados inmigrantes en Francia -11 puntos más en cinco años- y solo el 55% cree que el país debería acoger a refugiados que buscan asilo porque son perseguidos en su país (-10 puntos).
La cuestión en España se ha disparado en los últimos días en relación a hechos recientes en un campo de fútbol. El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, que ha sido objeto de cánticos racistas, recurrió a las redes sociales tras el último ataque, cuando aficionados del Valencia lo llamaron “mono”. Esta vez, habló de todo el país, describiendo a España como una nación “racista”.
La disyuntiva plantea la idea de que, mientras los europeos se muestran ‘preocupados’ por la conflictividad internacional, al mismo tiempo rechazan la presencia en sus ciudades de foráneos por relacionarlos con el deterioro de su calidad de vida.
A nivel Bruselas este 2023 se inició con un endurecimiento nunca antes visto de las políticas fronterizas. Las llegadas de migrantes han aumentado a niveles nunca vistos desde 2016, especialmente en la ruta de los Balcanes, y esto ha vuelto a tensionar a los países del centro de Europa.
Los Estados miembros aceptaron posiciones muy duras sobre la migración. En concreto, apoyaron que se financien con dinero europeo infraestructuras de contención ante la llegada de migrantes. No obstante, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha rechazado repetidamente que los fondos europeos se empleen para construir muros o barreras.
Una pelea completa este panorama. La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, discutieron las formas de corregir los “problemas migratorios” del continente. Meloni tiene una posición refractaria a la recepción de migrantes náufragos, cuestión que provocó tensiones bilaterales con el bloqueo de cientos de arribos en 2022.
El gobierno francés, en aquel entonces, denunció el “comportamiento inaceptable” de las autoridades italianas, juzgándolo “contrario al derecho del mar y al espíritu de solidaridad europeo”.
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