La reforma de las pensiones ha tenido un éxito inesperado: hacer converger todas las broncas y desánimos de la sociedad francesa. La amplificación de marchas, huelgas o cacerolazos ha desatado hechos de violencia que preocupan al sistema político del país, una desintegración institucional que alarma.
La manifestaciones multitudinarias y los contenedores de basura en llamas han protagonizado esta oleada de altercados en Francia tras la iniciativa del Gobierno. Luego, las protestas evolucionaron a una serie de cacerolazos para manifestarse contra la ley impopular. Ahora, las agresiones se han hecho personales.
El caso del alcalde Yannick Morez de Saint-Brévin-les-Pins, quien debió dimitir por amenazas hace días, llegó al Parlamento para debatir medidas para frenar desbordes que se vuelven cotidianos. El funcionario electo de un frente de derechas se presentó hace días ante la comisión de derecho del Senado para explicar las “amenazas” e “intimidaciones” que recibió de la extrema derecha luego del traslado de un centro de acogida de refugiados a su municipio.
El ex alcalde, cuya casa y vehículo fueron incendiados, explicó que “alertó a la gendarmería preguntándoles qué podían hacer”. “Y la respuesta siempre fue: ‘libertad de expresión, no se puede hacer nada’“, detalló.
“Ese martes, 9 de mayo, envié una carta al prefecto de Loire-Atlantique informándole de mi deseo de renunciar a mi mandato como alcalde de Saint-Brévin-les-Pins”, escribió Morez en el sitio web de la ciudad para explicar los motivos de su renuncia. Lo hizo, después de 15 años de presencia en el Concejo Municipal, incluidos 6 años como alcalde.
El renunciado también explicó que recibió “un panfleto” en su buzón, para demostrar que los agresores sabían dónde vivía. Morez, que ha denunciado repetidamente la falta de apoyo estatal, fue recibido por la primera ministra Elisabeth Borne en Matignon para ocuparse de su tema y de la violencia repetida hacia los funcionarios.
El funcionario electo, que había lamentado a principios de abril un “abandono” del Estado, finalmente recibió el apoyo del presidente Emmanuel Macron y su jefa de Gobierno, Elisabeth Borne. El primer mandatario manifestó, en un mensaje de Twitter, su “solidaridad” tras los ataques “indignos” y ambos le aseguraron “todo su apoyo”.
El gobierno quiere aumentar las sanciones penales por ataques a funcionarios electos. Estos últimos deben ser considerados tan graves como los ataques contra policías, adelantò la ministro de las Comunidades Territoriales, Dominique Faure. La funcionaria adelantó además que se ponían en estudio “nuevos medios para prevenir y luchar contra los ataques a los cargos electos”.
Puntualmente, el gobierno quiere crear un “paquete de seguridad” con más de 3.400 agentes referentes sobre ataques a funcionarios con cargos electos en comisarías y gendarmerías de todo el pais. Estos referentes serán los interlocutores privilegiados de los funcionarios y tomarán sus denuncias en caso de ser necesario.
La conmoción provocada por la dimisión del alcalde se ha convertido en otro símbolo de la violencia. La amenaza se expande a toda la clase política y el Gobierno quiere atenuar este germen. El propio Macron ha sido víctima de intimidaciones y golpes. Una vez recibió un huevazo mientras se desplazaba por el departamento de Hérault, ubicado al sureste del país. En otro incidente, fue abofeteado por un hombre durante un viaje oficial a Drôme.
El hecho más reciente fue la agresión sufrida por un sobrino nieto de la primera dama francesa, Brigitte Macron. Jean-Baptiste Trogneux fue violentamente golpeado por un grupo de personas que se manifestaban contra las políticas oficiales.
Entre otras medidas que se estudian, el Gobierno quiere reforzar el sistema de “alarmas electas”. Cada funcionario electo podrá informar si se siente en peligro o enfrenta una situación de riesgo. En caso de llamada al número telefónico 17, la solicitud se considerará prioritaria, lo que podrá dar lugar a un refuerzo de las patrullas policiales en el domicilio del intimidado.
También el Palacio del Eliseo estudia la formación de un “centro de análisis y lucha contra los ataques a los cargos electos”. Este observatorio permitirá establecer una “base de datos” y un mapa de la violencia. La comitiva del Ministro de Comunidades Territoriales también promete una movilización reforzada sobre una plataforma que busca detectar contenidos de odio en línea.
Por último, el Ejecutivo anticipa una futura ley sobre la represión de esta violencia contra funcionarios electos, que será presentada al Parlamento sobre finales de año. Este proyecto intentará reforzar las penas contra los perpetradores de violencia. Las sanciones serán las mismas que en el caso de agresiones policiales. De esta manera se alinearán con las previstas para las fuerzas de seguridad , hasta siete años de prisión y 100.000 euros de multa.
Los datos son preocupantes: las agresiones a cargos electos van en aumento, con 2.265 denuncias y por violencia verbal o física el año pasado, frente a las 1.720 de 2021, un aumento del 32%, según estadísticas del Ministerio del Interior. Se incrementaron un 2% durante el primer trimestre de 2023, explicaron desde el Ministro Delegado a cargo de las autoridades locales.
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