Mientras avanzan los combates en el campo de batalla, los ucranianos libran a diario otra lucha, más silenciosa. Se trata de la difícil tarea de traer a casa a los miles de niños que han sido deportados forzosamente por las tropas rusas.
Desde el inicio del conflicto bélico, se estima que al menos 19.400 menores han sido obligados a abandonar su país y sus familias y llevados a territorio enemigo. De ellos, apenas se ha conseguido localizar y rescatar a 364.
Parte de estas vueltas estuvieron impulsadas por la ONG Salvar a Ucrania, que trabaja de forma estrecha junto a los padres.
Este jueves, la organización reveló nuevos detalles de cómo se llevan a cabo estas deportaciones, que incluyen todo tipo de maniobras y tácticas, y reconfirma la naturaleza sistemática y deliberada de los traslados.
Uno de los aspectos más alarmantes del reciente informe es la militarización y el adoctrinamiento al que son sometidos los menores ucranianos una vez llevados a escuelas, campamentos y hasta asentados con nuevas familias.
“Rusia está intentando solucionar su problema demográfico y adiestrar más soldados”, comentó al respecto el responsable de Salvar a Ucrania, Mykola Kuleba.
El antiguo defensor de los Derechos del Menor de Ucrania agregó que han identificado, entre las víctimas, tanto a niños internos de orfanatos de las zonas ocupadas, así como hijos de quienes murieron en la invasión y hasta menores separados forzosamente de sus familias.
Para este último caso, Moscú recurre a la “manipulación, la presión y las amenazas” para convencer a los padres de dejar en sus manos a sus hijos, que son enviados a campamentos de “rehabilitación” en Crimea, Bielorrusia y Rusia.
Los funcionarios rusos “prometieron enviarlos a estos campos durante una semana o dos pero cuando nos dimos cuenta de que no deberíamos haberlo hecho, ya era demasiado tarde”, comentó Denys Zaporozhchenko, cuyos hijos cayeron en esta red.
Otras de las manipulaciones implican convencer a las familias -algunos desinformados de los últimos avances de la guerra- de que sus hijos serían llevados de vacaciones, agregó por su parte Myroslava Khachenko, abogada que trabaja en la ONG.
“Decían a los padres que tenían una hora para pensar y que si los ucranianos llegaban antes, traerían mercenarios estadounidenses que golpearían y violarían a los niños”, continuó.
El acercamiento a las familias por medio de las intimidaciones sobre las condiciones de vida “inhumanas” que se viven en esas zonas -donde los bombardeos, las violaciones de derechos humanos y la falta de servicios básicos son casi una constante- forma parte de la estrategia rusa elaborada especialmente que les plantea la salida como la única manera de “salvar a sus hijos”.
Una vez en Rusia, el rastro de estos niños es muy difícil de seguir ya que pasan a ser rehenes de Putin. Gracias a una ley aprobada en 2022, las autoridades del Kremlin tramitan con gran facilidad la ciudadanía de estos menores y consiguen, así, su tutela temporal.
Khachenko agregó que, luego de haber conversado con algunos de los niños rescatados, quedó impresionada con lo rápido que se les tramitan los nuevos documentos y cómo se ignora la presencia de su familia y sus papeles en Ucrania.
“Las leyes rusas hacen teóricamente posible a cualquiera secuestrar a mi hija de la escuela, llevarla a Rusia, dejarla en tutela temporal y, luego, pedir en su nombre la ciudadanía rusa y adoptarla”, explicó.
Tal fue el caso de Alina Kovaliova, una joven de 15 años que huyó de su hogar en la zona ocupada de Kherson tras ser convencida por un ciudadano prorruso de que los soldados ucranianos la matarían.
Kovaliova pasó medio año en Mordovia, a unos 1.500 kilómetros de su casa, antes de que su madre lograra localizarla con ayuda de la ONG y se reencontraran en Ucrania.
Por situaciones como ésta, el pasado 17 de marzo la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin y su comisionada para los Derechos del Niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.
El Tribunal sostiene que los funcionarios son “presuntamente responsables del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de la población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
Esta decisión ha convertido a Putin casi en un preso en su propio país dado que no puede viajar a 123 países que adhieren al Estatuto de Roma y en los que, si se presentara, las autoridades deberían proceder a su detención.
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